A pesar de la oposición de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Congreso, el gremio de ingenieros electricistas, importantes sectores políticos de Antioquia y el conjunto del movimiento sindical, el gobierno de Pastrana se empeña en vender la participación estatal en ISA e Isagen, para resolver los apuros fiscales. El precio se ha calculado en escasos 450 millones de dólares y comprometería el control nacional de la generación y distribución de energía eléctrica, afectando ingresos futuros por resolver necesidades coyunturales y poniendo en manos extranjeras no solamente este importante patrimonio eléctrico sino la única red nacional de fibra óptica capaz de competir con Telecom. Los anuncios gubernamentales amenazan también a otras electrificadoras y a Carbocol. Este artículo analiza las desventajas de la privatización desde la óptica económica.

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