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En R. Dominicana se dio el mismo caso, esto no solucionó los problemas de suministro de energía, y por el contrario terminó por agravar la situación.
La preocupación que tienen expertos del sector energético colombiano en el sentido de que el mal servicio que presta la empresa Electricaribe en la región norte del país termine con la intervención del Estado y la compra de esa compañía como solución al drama que viven buena parte de los hogares y el sector productivo parece no ser descabellada.
Resulta que esta misma situación se vivió hace poco más de una década en República Dominicana con las empresas Edenorte y Edesur de propiedad, para ese entonces, de Unión Fenosa.
Vale la pena recordar que Electricaribe pertenece al mismo grupo español, bajo la razón social de Gas Natural Fenosa.
Portafolio conoció el caso de este país caribeño, el cual no dista mucho de la realidad que vive la costa Atlántica colombiana.
La relación de Unión Fenosa con República Dominicana comenzó en 1997 cuando la empresa española, con sede en Barcelona, entró a participar como socio capitalista de las compañías distribuidoras de energía Edenorte y Edesur, en una concesión por 40 años.
Sin embargo, a los pocos meses de operación empezaron los problemas, no solo del orden financiero, sino que paralelamente iniciaron los inconvenientes y deficiencias en el suministro de energía, con intermitencias en el fluido eléctrico o apagones.
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) precisa que políticas dictadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE) con el fin de solucionar los problemas terminaron por generar una presión fiscal muy fuerte al Gobierno y estrés financiero a las empresas participantes del mercado eléctrico.
“La acumulación de deudas se va haciendo insostenible para el Estado y un problema para las empresas de distribución y generación. En el año 2001 se firma el ‘Acuerdo de Madrid’ para renegociar los términos de los contratos iniciales de suministro”, resalta el documento del BID.
Pero los problemas del subsector eléctrico se fueron agudizando. El Documento del BID señala que para septiembre de 2002 la deuda del Estado con las generadoras eléctricas ascendía a US$ 179 millones, cerca del 1% del PIB del país caribeño.
Por esta razón la SIE aumenta las tarifas existentes eliminando el subsidio directo y cambiando la estructura de bloques tarifarios. Sin embargo, durante el 2003 una crisis financiera en República Dominicana seguida por la devaluación del peso, sumada a la deficiencia en la prestación del servicio, ahonda más la crisis de las empresas Edenorte y Edesur.
El 10 de septiembre, ante los agudos problemas financieros y de suministro, el Estado dominicano interviene y compra el 50 por ciento de las acciones (US$ 422,7 millones) en Edenorte y Edesur. Ambas empresas, ya nacionalizadas, decidieron mantener los contratos de suministro firmados en el Acuerdo de Madrid con vencimiento a finales del 2016.
Además, el Gobierno dominicano desembolsó una partida en efectivo de US$14,6 millones a Unión Fenosa para saldar créditos y obligaciones, así como para compensar de manera ‘sustancial’ la inversión neta.
En las razones expuestas Unión Fenosa rechazó de tajo una intervención y argumentó que tomó la decisión para salirse del negocio “porque se cayeron sus expectativas”.
Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso Portafolio indican que el Gobierno de R. Dominicana sí intervino las empresas Edenorte y Edesur con la compra de la participación de Unión Fenosa en estas dos empresas por los agudos problemas financieros e incumplir los compromisos en el suministro de energía.
Con la entrada de nueva administración (100% estatal) de Edenorte y Ede- sur se descubrieron irregularidades comerciales en las empresas españolas que fueron contratadas por las exfiliales de Unión Fenosa. La Vicepresidencia de las dos distribuidoras reveló además que la empresa española defraudó al fisco por al menos 30 millones de pesos dominicanos. “Nadie está en capacidad de contar las veces en que las autoridades, pasadas y presentes, han dicho que la solución al problema energético está cerca”, señaló Jairon Severino, periodista de República Dominicana.
Recalca el comunicador que “la panacea que representó la intervención del sector privado comenzó a caerse hasta quedar en tinieblas cuando el Gobierno readquirió las distribuidoras Edenorte y Edesur, que eran administradas por Unión Fenosa, ya que el Estado tampoco acabó con los apagones”.
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Con el acuerdo de compra por parte de República Dominicana a Unión Fenosa del 50 por ciento de Edenorte y Edesur se puso punto final a una etapa de reiterados enfrentamientos entre el Gobierno dominicano y la empresa española, a la que acusó de no cumplir con los compromisos de suministro y dejar prácticamente en la quiebra a las distribuidoras.
Sin embargo, esta intervención tampoco fue la solución a los problemas financieros y de suministro de energía. Y, por el contrario, terminaron por agudizar la crisis de distribución eléctrica en el país caribeño.
En el 2008, Leopoldo Espaillat Nanita, miembro del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), afirmó que desde que se inició la capitalización de las empresas eléctricas del Estado “el proceso se ha caracterizado por una oscuridad que no permite resolver los verdaderos problemas que afectan al sector energético”.
Inidica además que “ha venido afectando a la población, que tiene que pagar una tarifa que carece de transparencia y que no explica las variables que componen los elementos de costos de generación”.
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