contextoganadero.com / 11 de Marzo 2016
CONtexto ganadero habló con diferentes miembros del sector quienes harán parte de esta nueva manifestación. Coinciden en necesidades desantedidas por parte del Gobierno y medidas que desalientan la producción nacional. Conozca cómo se preparan para esta nueva movilización.
En 2013, entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre, Colombia vivió uno de los paro agropecuarios más importantes de los que se tenga memoria, el cual se dio por razones como el incremento en los costos de producción, las importaciones de alimentos, el déficit de infraestructuras de riego, las dificultades para acceder a créditos y el pago de las deudas, entre otras.
Para lograr conjurarlo, se conformaron mesas de diálogo por cada sector productivo en las que se tratarían los temas por los cuales protestaba el sector agropecuario. 2 años y medio después,CONtexto ganadero consultó a varios de los líderes de ese año, quienes nos aseguraron que los cumplimientos de esos acuerdos se dieron “a medias” y que en muchos casos ni siquiera se trataron.
En su momento César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, aseguró que el Gobierno ha incumplido no solo los acuerdos pactados en el paro de agosto de 2013, sino que ha sido indiferente con los compromisos adquiridos en marzo de 2014, cuando también hubo movilización agraria.
“La incapacidad de Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, la negligencia para cumplir los acuerdos con los productores agropecuarios y la falta de palabra ya tienen expresiones de movilizaciones en departamentos como La Guajira, Nariño, Putumayo y Cauca”, expresó Jerez.
En abril de 2014 tuvo lugar otro paro, poco antes de las elecciones presidenciales. En dichas manifestaciones los más afectados fueron aquellos productores que no hicieron parte de la actividad; sin embargo, voceros de Dignidad Agropecuaria afirmaron que tampoco se dieron soluciones.
5 meses más tarde, en septiembre de 2014Dignidad Agropecuaria se conformó como un gremio, bajo la premisa de velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos y también de establecer propuestas que beneficien a los productores del país.
Luego, en febrero de 2015, se dio un paro camionero por no llegar a una solución en la renegociación de la tabla de fletes entre el sector y el Gobierno Nacional, así como la reducción en el precio de los combustibles, la reposición de equipos, la vinculación a la seguridad social entre otras razones. Dichas protestas perjudicaron al sector agropecuario y a los consumidores.
Durante agosto de 2015, en varias regiones del país se llevó a cabo una marcha en la que miles de campesinos buscaron llamar la atención del Gobierno Nacional, debido al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2013.
Este año, las centrales obreras del país decidieron convocar un cese de actividades el próximo 17 de marzo para dar a conocer sus inconformidades en temas como el salario mínimo, la calidad en prestación del servicio de salud, así como el sistema educativo, entre otros. Los sectores agropecuario y camionero decidieron unirse a esta actividad.
De acuerdo con varios dirigentes de Dignidad Agropecuaria Colombiana, hace 3 años el sector protestó en las diferentes vías del país por razones como el aumento en el costo de los fertilizantes, concentrados, sales minerales, las importaciones de alimentos como la leche, el acceso a créditos, así como el pago de las deudas, el uso de páramos, la comercialización de productos, entre otros.
“El Ministerio de Agricultura se había comprometido con pasar una propuesta para la reforma tributaria de 2014, que consistía en la disminución del valor de los impuestos, pero eso no se hizo. Hoy tenemos problemas con los costos de producción”, detalló Richard Fuelantala, presidente de Dignidad Agropecuaria y vocero de Dignidad Lechera en el país, quien agregó que se espera contar con la asistencia de 20 mil campesinos de las diferentes regiones.
El vocero también dijo que entre los compromisos estaba la reducción de las importaciones de leche en polvo y aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incrementó el precio por cada litro de leche al productor 8,3 %, para el sector la medida no es suficiente.
“Las importaciones siguen. No creemos que ese aumento sea justo porque hay un incremento en los precios de productos como las sales, los medicamentos, la genética y el nitrógeno. El anuncio no responde a las expectativas que se tenían con ese ajuste”, añadió Fuelantana.
De otra parte, Tatiana Mosquera Ferro, presidenta de Dignidad Agropecuaria en Boyacá, aseguró que en la región aún quedan temas pendientes por abordar como las importaciones, el acceso a semillas de calidad, el precio de los insumos, la asociatividad, el uso de páramos y compras públicas.
“En Boyacá hay 12 mil 251 familias productoras que se han visto afectadas por el incumplimiento de los acuerdos luego del paro de 2013. Uno de los mayores problemas está en el financiamiento. El 16 % de esas familias necesita el crédito y lo obtuvieron mediante el Fonsa, pero esa era una normatividad en la que no hubo recursos, además, era para gente que debía menos de $ 20 millones y eso es una minoría”, explicó.
En cuanto al acceso y pago de créditos, los productores de esta región no son los únicos afectados. Agricultores de arroz y café en las diferentes regiones del país aseguran que el Gobierno Nacional solo benefició a aquellos campesinos con deudas inferiores a $ 20 millones y quienes tienen pasivos superiores a este monto se encuentran judicializados y en algunos casos a punto de ser embargados o ver rematados sus predios.
“Hemos sido burlados, se les puso un conejo a los productores. Este es un tema que tiene que ver con el futuro de las familias y el patrimonio de las mismas. Llevamos 5 ministros y ninguno ha podido dar una solución. En el Meta, hay 508 productores con deudas superiores a $ 20 millones y por lo menos ya hay 104 en proceso de remate”, explicó Eudoro Álvarez, dirigente de Dignidad Arrocera y representante en el Meta de Dignidad Agropecuaria.
Por su parte, Luis Gómez, cafetero de Caldas, aseguró que en el tema de la condonación de deudas no se ha presentado un avance e informó que los bancos “ya amenazan con quitarnos las fincas a los productores si no pagamos” mediante la firma de pagarés.
“La condonación de deudas es un enredo. Desde hace 6 años venimos con ese problema y no ha habido una solución; la gente ha tenido que vender parte de su predio para poder pagar. Esas reuniones que se hacen entre el Gobierno y la Federación son una forma de distraer al pueblo. Cuando nos sentamos en las mesas de negociación en 2013 dijeron lo mismo, pero llevamos 3 años y no ha pasado nada”, expresó el agricultor.
Asimismo, el sector papero también se mostró inconforme con el incumplimiento de los acuerdos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en aspectos como la reducción en el costo de los fertilizantes y la importación del tubérculo. Sobre este tema habló Walter Benavidez, secretario general de Dignidad Agropecuaria y vocero de Dignidad Papera en Boyacá.
“Pedimos una reducción del 30 % en el costo y no se llevó a cabo, entonces el Ministerio de Agricultura compró esos fertilizantes de Rusia, pero no tuvo un impacto cercano al 1 % de lo que nosotros gastamos”, precisó Benavidez.
El vocero de Dignidad Papera recordó que el sector está en la capacidad de abastecer a los consumidores con el suministro del tubérculo y que no es necesaria la importación de este alimento, pese al vencimiento del Decreto 2210 del 7 de octubre el pasado 31 de diciembre de 2015, mediante el cual se establecieron controles de ingreso a la papa, fríjol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lactosueros, provenientes de la Comunidad Andina y el Mercosur.
“Mucha gente se endeudó nuevamente para sembrar y si abren la posibilidad de importar papa, cuando se dé la cosecha el precio va a reventar a los productores y no van a poder cumplir con el pago de los créditos”, manifestó el también secretario general de Dignidad Agropecuaria.
Otro tema en el que concuerdan los voceros de los diferentes sectores es en la protección de páramos y el medio ambiente.
A este paro también se sumará el sector transportador de carga pesada. Se espera que estén presentes cerca de 313 mil propietarios de vehículos, quienes protestarán por el proceso de chatarrización, el aumento en el precio de los combustibles, un posible impuesto al sector dentro de la reforma tributaria, el ajuste al Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, SICE, entre otros.
Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Colombia, ATC, expresó que el 90 % de los compromisos no se han cumplido, mientras que el 10 % restante se hizo de manera parcial. “Eso se lo hemos dicho a la ministra de Transporte, Natalia Abello, y por eso vamos a protestar”.
La marcha se llevará a cabo en regiones como Popayán, Pasto, Armenia, Quindío, Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, entre otras. Desde ya se establece un lazo de comunicación entre los sectores que estarán presentes y la fuerza pública, con el fin de conocer el itinerario del día y evitar ataques a la población civil.
Después de 5 protestas, sin incluir la que se tiene prevista para el 17 de marzo de 2016, el sector agropecuario buscará de nuevo que el Gobierno Santos brinde soluciones teniendo en cuenta las necesidades de los campesinos, sin importar su tamaño.
“Nosotros tenemos definido el Referendo por el Agro Nacional como una tarea central, pero si el Gobierno no resuelve los asuntos, tendremos que buscar otro mecanismo”, puntualizó Óscar Gutiérrez Reyes, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria de Colombia.