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El programa de ajuste acordado por el gobierno de Pastrana con el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha exigido –además de una disminución de las transferencias a las regiones– la reforma del sistema pensional colombiano. Este régimen ya se había reformado con la Ley 100 de 1993, responsable de la crisis que sufre el sistema de salud. Los condicionamientos del FMI buscan que Colombia pueda garantizar el pago de la deuda externa, dedicando la menor cantidad posible de recursos al gasto social.

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