La situación de la población LGBTI en Colombia es compleja debido a las limitaciones que tiene para acceder a sus derechos, es por esto que se hace necesario una política pública que tenga como eje replantear la ya existente, fortalecer la veeduría ciudadana por vía judicial, legislativa y administrativa, y avanzar en las reivindicaciones sociales.
Esta radiografía presenta un panorama de la implementación de la Política Pública LGBTI Nacional, por medio del Decreto 762 de 2018, que no avanzó en dicho propósito. Esto es particularmente grave en un contexto en el que pese al importante marco normativo que reconoce los derechos de las personas LGBTI, las organizaciones sociales siguen reportando un importante panorama de discriminación y violencias en contra de esta población, ante las debilidades institucionales del Estado para documentar de manera oficial y de responder ante estos casos.
La oportunidad perdida para la implementación de esta política pública se debe a la falta de participación, de recursos y de voluntad política. La carencia de participación es clara en el Plan de Acción de la Política Pública LGBTI Nacional para el periodo 2019-2022, pues no tuvo en cuenta las contribuciones de esta población. No hay destinación de recursos para esta política, ya que no existe un documento CONPES que asigne recursos para la misma. Tampoco hay voluntad política, es evidente en los precarios avances en la implementación del Decreto y del Plan de Acción.
Ante esta situación se propone fortalecer las vías que ha identificado la Veeduría Ciudadana a la Política Pública LGBTI Nacional para lograr: 1) por la vía judicial, unos estándares para que las políticas públicas puedan lograr la garantía del principio de igualdad y no discriminación; 2) por la vía legislativa, la consagración legal de unos estándares mínimos para la Política Pública LGBTI Nacional que blinde el proceso ante gobiernos menos comprometidos con esta población, y 3) por la vía administrativa, para que el gobierno nacional reformula dicha política y subsane el déficit de participación de la población destinataria, la asignación de recursos suficientes para su implementación y asumo el compromiso real del Estado colombiano de responder a las violencias en contra de esta población.
Estas propuestas se deben complementar fortaleciendo las Mesas temáticas de atención a casos urgentes, de derechos civiles y de derechos económicos. Así como robustecer las políticas a nivel subnacional y el trabajo interinstitucional para la eliminación de las barreras que impiden el goce de derechos. Con este conjunto de acciones se podrá avanzar en las reivindicaciones sociales que aún existen para esta población.
En el siguiente informe profundizaremos en la implementación de la Política Pública LGBTI en Colombia, la limitación para acceder a sus derechos de esta población y las políticas públicas que realmente se necesitan.
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