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kienyke, octubre 19, 2013
¿En qué se parece la tragedia de 500 inmigrantes provenientes de Libia frente a las costas de Sicilia el 3 de octubre pasado a la aprobación de la reforma de la salud por el Senado de la República la semana que termina? Ambas comparten la vergüenza de tener rasgos de una crónica de muertes anunciadas y las dos están relacionadas con la Isla de Lampedusa. La primera, porque el naufragio sucedió a apenas 550 kilómetros de sus playas y la segunda, siguiendo el cínico dictamen del Duque Gusseppe de Lampedusa en su novela El Gatopardo, para que todo siga igual es necesario que todo cambie.

Un despacho de la AFP explicó que las autoridades de la isla de Lampedusa venían solicitando desde meses atrás ayuda a Italia y a la Unión Europea para hacer frente al drama humanitario de los inmigrantes que huyen de sus países buscando una mejor vida, denunciado también por el papa Francisco durante su visita a la isla en julio pasado.

En condiciones semejantes está el sistema privatizado de salud que engendró la Ley 100 de 1994. Trabajadores y trabajadoras de la salud, facultativos, administradores y pacientes vienen señalando cómo la prestación de los servicios de salud continúa en franco deterioro, con su secuela de enfermedades evitables, muertes prematuras, dilaciones y negaciones de procedimientos y no entrega de medicamentos. Este sistema mercantilizado administrado por las EPS tiene como parte integral del negocio establecer toda suerte de barreras para que los enfermos no puedan acceder a los servicios a que tienen derecho y ejércitos de personal administrativo dedicado a evitar el pago de los servicios debidos a los hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas.

En cuanto al tema financiero, la situación no puede ser peor. “El sector de la salud se quebró”, manifestó el Ministro de Salud, Ingeniero Alejandro Gaviria, al responder sobre las deudas que por $14,4 billones tienen las EPS y el sistema de salud con 5.010 clínicas, hospitales y proveedores del país. Muchas entidades ya han dejado o dejarán de prestar servicios a los usuarios de la mayoría de las EPS por el no pago de sus cuentas. Las IPS que han contratado servicios por captación y a las que les pagan fraudulentamente sólo una parte de la misma, restringirán aún más los servicios con trágicas consecuencias para los enfermos y sus familias. Todas las entidades de salud perderán una parte muy importante de su cartera, la cual ya es irrecuperable.

La quiebra ética y financiera del sistema de la Ley 100 requiere una reforma estructural y no el maquillaje que acaba de salir del acuerdo del Gobierno Nacional con su coalición parlamentaria que dejó atrás la operación tortuga cuando el Presidente emitió el decreto restituyendo las primas que había cancelado el Consejo de Estado. En primer lugar, porque con exactitud lampedusiana, el cambio fue más de nombres que de contenidos. Veamos:

SaludMía que reemplaza al Fosyga seguirá siendo un megafondo público en el cual se depositarán las cotizaciones y las UPC que hoy van a las arcas de las EPS. Estas últimas que no se liquidan ni se acaban como anunció el Presidente Santos, se denominarán “Gestoras” en la nueva ley. Los dineros de la salud no entrarán a sus cuentas, pero serán ellas las verdaderas ordenadoras del gasto del Fosyga cum SaludMía. Esta operación es lo más parecido a intermediación de facto de los dineros públicos de la salud pues seguirán autorizando los procedimientos y medicamentos con las mismas barreras que en la actualidad, pero con un incentivo adicional: lo que logren ahorrar por esos estratagemas de negar autorizaciones, les será entregado a título de utilidades que la ley denomina “remanentes”. Es decir el saldo final entre lo que ingrese por cotizaciones y UPC y lo que se gasta en servicios perderá su carácter de recurso público para convertirse en privado.

MiPlan es el nombre del actual POS. Será más restringido como lo será el acceso a la tutela. Un negocio redondo ya que lo que no comprende el plan obligatorio lo podrán asegurar con las mismas EPS, otro negocio que se mejora con la ley.

Le escuché al Ministro de Salud que se había limitado al máximo la integración vertical por lo que las EPS deberán vender las clínicas y hospitales de su propiedad (sic). Aquí está un posible detrimento patrimonial monumental pues precisamente una de las graves desviaciones de recursos del sistema fue la apropiación de dineros públicos por parte de las EPS para construir esa infraestructura hospitalaria en lugar de haber hecho las inversiones de las cuales se lucran con sus propios recursos. La falta de control por parte de los sucesivos gobiernos permitió por largos años esta anomalía pero ni la ley ni el tiempo le restan el carácter de dineros públicos a los dineros irregularmente apropiados mediante la contabilidad. No. Las cuentas se deben aclarar y la deuda de las EPS con el sistema de salud devolverse en efectivo con intereses y réditos o por vía de compensación entregando la infraestructura a su legítimo dueño.

Ojalá cuando nos visite el papa Francisco no tenga que repetir respecto de nuestro sistema de salud gatopardiano su llamado de atención por los centenares de muertos frente a las playas de Lampedusa. “Es una vergüenza. La palabra que me viene a la mente es vergüenza”, clamó el Papa al ser informado de la tragedia.