El sistema tributario es importante por varias razones, no solo determina buena parte de los ingresos fiscales, también afecta la producción y la equidad del país. Los tributos vigentes en Colombia han servido para recaudar recursos, pero han demostrado su fracaso para incentivar un desarrollo productivo y la redistribución de la riqueza en el país.
La reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso se encuentra lejos de ser lo que necesita el país y lo que se prometió en campaña. Aumenta el impuesto de renta de personas naturales de la clase media y media alta, pero no fija tarifas progresivas para ingresos superiores a 140 millones de pesos mensuales. Lo mismo ocurre con el impuesto al patrimonio, todos aquellos que superen los 122.000 UVT ($4.636 millones de pesos) pagan una tarifa del 1%.
Para el impuesto de renta de personas jurídicas el panorama es más sombrío. En colombia la desigualdad empresarial es superior a la de personas naturales, el tejido empresarial es frágil, predominan las mipymes y la tasa de mortalidad empresarial es del 70%. Sin embargo, todas las empresas pagan una misma tarifa.
Usa el eufemismo de impuestos ambientales y saludables para aumentar los impuestos al consumo. Esto encarece la canasta básica especialmente para los pobres, a la vez que impacta negativamente la industria nacional.
No es una reforma estructural que cambie sustancialmente quiénes, cuántos impuestos y de qué tipo se pagan, y tampoco crea incentivos para la reindustrialización del país. Y aunque aún no se conoce para que se destinarán los recursos, lo cierto es que con una deuda total del sector público del 74.3% sobre el PIB, superior al límite máximo consignado en la regla fiscal, pareciera que la prioridad para el gobierno es mantener la estabilidad fiscal y demostrar que Colombia sigue siendo un deudor viable.
