Jairo Bautista y Elizabeth Beaufort
Paso a paso el gobierno del presidente Uribe ha venido cumpliendo con rigor el cronograma de exigencias del Acuerdo Stand-By suscrito con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en enero de 2003. La caída del referendo sólo fue un traspié, que ahora se piensa subsanar con un Plan B. En diciembre pasado el FMI hizo la segunda evaluación del proceso donde, además de trazar las metas macroeconómicas para el país, fija un nuevo plan de ajuste que se inaugura con la reforma tributaria que acaba de sancionar Uribe, y que continuará con un paquete de reformas estructurales: la reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto, la abolición de los regímenes especiales de pensiones, una reforma al régimen de descentralización fiscal o de transferencias, nuevos cambios al régimen tributario, un plan de saneamiento financiero del ISS, la reforma a la Ley 80 de Contratación Pública y la venta de Granahorrar y de Bancafé, entre otras reformas y medidas. En este contexto es importante recordar que el verdadero origen de la crisis fiscal está en la apertura económica que disparó el endeudamiento público interno y externo, que esta crisis se ha pretendido sanear con regresivas reformas tributarias y que la que se acaba de aprobar hace parte del acuerdo suscrito con el FMI.
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