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Reforma_Salud_ColombiaGermán Fernández Cabrera, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales – Federación Médica Colombiana Presidente – Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, octubre 4 de 2013

Los congresistas de la coalición de gobierno confrontan su más dura prueba ante la opinión nacional, correspondiéndoles la transformación inmediata del naufragado Sistema de Salud de los colombianos. Con toda la sociedad civil y las innumerables organizaciones de pacientes, gremios e instituciones observando cómo votará cada uno de ellos los sustanciales aspectos del anhelado cambio.

Nunca antes la sociedad en su conjunto había estado tan consiente y tan atenta de una gestión legislativa que tendrá que modificar la forma como la gente del común se relaciona con las instituciones que atienden sus asuntos de salud. Para agravar las circunstancias, la cercanía de las elecciones parlamentarias pone las fuerzas políticas y las aspiraciones electorales en tensión máxima.

Nuestros “honorables” se quejan de las presiones que reciben por parte de los gremios que pujan por quedarse con los generosos recursos de la salud, que en el curso del presente año, suman unos 46 billones de pesos, incluido el dinero de bolsillo que pagamos los colombianos, por las ineficiencias del mismo sistema que los atiende. Las presiones y las discusiones han atendido más al destino final de los recursos que a los asuntos de la salud de la gente y de la prevención de la enfermedad.

Con el ánimo de clarificar ideas en este mar de confusión, trataremos sobre algunos conceptos que ayuden a orientar los debates y a fijar un rumbo en los análisis.

El primero de ellos, que sirva para comprender para qué las sociedades conforman sistemas de seguridad social. Los diversos regímenes que existen se han establecido para atender las contingencias derivadas de la enfermedad, de la invalidez, de la vejez y de la muerte y para atender a las familias supérstites en los fallecimientos prematuros. También para atender el accidente de trabajo, la enfermedad profesional y sus consecuencias. Por lo que su origen y desarrollo es social y solidario. Con esta sencilla respuesta comprendemos que la seguridad social no se establece en ningún país para enriquecer a nadie, ni para derivar utilidades o repartir beneficios.

Por ello, es que no haya sustento en la solidaridad ni en la tradición de la seguridad social, la propuesta que impulsa el Ministro de Salud, Ingeniero Gaviria, que propone que las instituciones que rebautiza como “gestoras” deben generar utilidades y repartir remanentes de la bolsa social común que pretende bautizar como “saludmía”. El embolatado funcionario también desconoce, de manera gruesa, los contenidos del Estatuto Tributario, vigente desde hace varios años, que establece, de manera taxativa, que los remanentes que se generan en la gestión y administración de los recursos con destinación específica, no se pueden repartir como utilidades.

Con el manejo artificioso del fondo fiduciario que propone, revestido de “control estatal de los recursos” pretende legalizar la apropiación de los remanentes, distribuyéndolos al final del período, omitiendo el acervo jurisprudencial de las Altas Cortes que definen que los excedentes siguen siendo recursos públicos con destinación específica. Y de contera, por la favorabilidad de la ley penal, se convierte en lícita la apropiación ilícita de billonarios recursos por parte de las EPS.

Otro tema que amerita claridad de conceptos tiene que ver con las funciones que el despistado ministro pretende que cumplan las “gestoras”, que según su mezcolanza serán, por una parte “aseguradoras”, pero también serán “administradoras”, y “ayudarán en el recaudo” y “obtendrán una parte de la UPC por anticipado” y “coordinarán las redes”, pero también “harán auditoría” sobre las mismas redes que “conforman y contratan”, siendo al mismo tiempo “propietarias de las redes primarias de servicios”, y al final “distribuirán los remanentes” sociales que no se hayan gastado.

Ya tenemos claro que el asegurador social en nuestro sistema colombiano es el Estado. Por lo que no caben “mini aseguradores” o “aseguradores delegados” de naturaleza privada. Y como por determinación constitucional y legal tampoco pueden apropiarse ni distribuirse los remanentes de los recursos de lo que le nieguen a los pacientes, la única figura viable que les quedan a las propuestas “gestoras” es la administrativa, que su función sea proteger y promover la salud de las gentes y que se les pague por su oficio a una determinada tarifa, sin distribución de utilidades.

En cuanto a la “integración vertical”, se ha evidenciado como una de las mayores fuentes de sobrecostos, de desviación de recursos y de negación de servicios. Y hay que comprender, adicionalmente, las implicaciones de la “integración corporativa”, que es la forma más sofisticada de integración. La experiencia no ha sido buena ni en efectos ni en responsabilidades. Gaviria Uribe, en su deficiente modelo, permite la “integración vertical” entre las gestoras del Estado y las ESE. Severo error conceptual, puesto que entre entidades del Estado no es aplicable el tal concepto. El estado es uno solo, así que en relación con las entidades del Estado no hay “integración vertical”, ni “integración corporativa”. Y con las entidades privadas, el interés general indica que toda forma de integración vertical debe ser eliminada.

En el tema de la “integración corporativa” de las cajas de compensación, es necesario comprender que son entidades jurídicas particulares, sin ánimo de lucro, que por decisión legal manejan los recursos públicos parafiscales del subsidio familiar. Pocas de ellas han sido ejemplo de buen manejo de los recursos públicos y la mayoría han sido botín burocrático y financiero de los políticos de las diversas regiones. Han tenido una conducción importante en los precarios destinos del régimen subsidiado, de donde se han desviado billonarios recursos de la salud para el beneficio de particulares e ilegales intereses, con la complicidad tácita o explícita de los funcionarios del Gobierno Nacional. Hoy día las EPS de las que son accionistas están casi todas intervenidas, poniendo en riesgo el patrimonio de las propias Cajas. Si se determina que pueden cumplir funciones como “gestoras” con remuneración por administración a una determinada tarifa, no hay necesidad de modificarles su vocación legal en la prestación de servicios de salud. Sí tendrán que pagar lo que deben pero no con cargo a los recursos parafiscales que manejan con destinación específica. ¡Atención al tema, Señora Contralora!

Por supuesto que si se quiere controlar el gasto en salud, habrá necesidad de regular los precios en la cadena de producción, distribución y venta de los más de 14.000 medicamentos registrados en el mercado. Así el conjunto de la sociedad ahorraría más de seis o siete billones de pesos anualmente. Gaviria Uribe hace sonar la pandereta en los noticieros pues controló 189 productos. Nos ofrece 46 más en los próximos meses. Los sobreprecios que nos cobran por los demás, los deja intactos para que los paguemos los colombianos. ¡Vaya heroica labor!

En el modelo que impulsa el Ministro, vuelve el tema de las restricciones en la atención a los pacientes, imponiendo un POS limitado, ahora con más restricciones que antes. Cuando lo que los pacientes requieren es que se los atienda de acuerdo con sus necesidades, de manera razonable y adecuada, con autonomía médica responsable. Se necesita, más bien, darle resolutividad al médico general, bien entrenado y actualizado, que deberá ser la puerta de entrada de los pacientes a los servicios, lo que eliminaría una gran cantidad de las líneas de espera. Y un buen sistema de referencia y contra referencia entre las instituciones de diversa complejidad.

Nada de lo anterior es viable si no se le brinda al conjunto de trabajadores de la salud condiciones de trabajo, decentes, bien remuneradas, dignas y estables. Ministros de Salud y de Trabajo, Secretarios de Salud: ¡no más tomadura de pelo a las sentencias de las Cortes sobre la estabilidad laboral!

Finalmente, a los congresistas de la Unidad Nacional les decimos que con la utilidad como eje del Sistema, la salud deja de ser un derecho fundamental, se mantiene el conjunto de las perversiones que alejan al enfermo de los servicios con múltiples y artificiosas restricciones que han generado enfermedad y muertes evitables, ocasionado el deterioro y cierre de nuestros hospitales y creado el enriquecimiento de los piratas de la salud, nacionales y extranjeros. Como consecuencia, el desprestigio de nuestras instituciones, entre ellas el Congreso, sobre las cuales nuestros ciudadanos son cada vez más escépticos.

¿Será muy difícil que apliquemos de manera serena y responsable estos sencillos conceptos para que los colombianos tengamos un Sistema de Salud que atienda a nuestros enfermos, nos dignifique a todos en nuestras profesiones y oficios y en la satisfacción de nuestras necesidades?

Los “honorables” de la Unidad Nacional tienen la palabra.