REVISTA SEMANA
Un total de 80 senadores volvieron a pedirle al Gobierno no vender Isagén, pero el ministro de Hacienda notificó que ese proceso no tiene reversa.
Cuando se conoció el nuevo Congreso, la opinión pública no dudó en señalar a Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Jorge Robledo y Antonio Navarro como los principales protagonistas. Son políticos de curtida experiencia y contrastada trayectoria, de diferentes orillas ideológicas y que han sido rivales antagónicos en diferentes contiendas electorales. Se presagiaba que harían del Senado una auténtica caldera.
Pero este miércoles, los pesos pesados del Congreso se unieron y se pusieron en una misma orilla. Serpa, de la bancada de gobierno, Navarro, independiente, Uribe y Robledo, opositores, volvieron a manifestarle al Gobierno su oposición a la decisión de vender Isagén.
Lo hicieron en la plenaria del Senado, en un debate que Serpa calificó de “clandestino” (aplazado varias veces por inasistencia del gobierno y sin señal de televisión pública), y que puede entenderse como el último intento del Congreso colombiano por evitar la enajenación de una empresa generadora de energía, 57 % de cuyo paquete accionario está en manos del Estado, y que es considerada como la “joya de la corona” entre las empresas estatales.
Además de los curtidos senadores, la liberal Sofía Gaviria y el uribista Iván Duque se fajaron en una exposición de argumentos para advertir la equivocación que supondría la venta de esta empresa, y plantearon hasta 25 fórmulas alternativas para que el Estado consiga recursos para la construcción de carreteras, antes que vender Isagén.
Y es que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, le reiteró al Congreso las razones que llevaron al Gobierno a tomar la decisión de salir de una de las empresas más rentables del Estado. La principal es que la venta de Isagén, que podría estar tasada en cinco billones de pesos, servirá para financiar el Fondo de Desarrollo del Estado, con el que será viable la inversión en la construcción de la infraestructura del Estado. “No es vender una empresa del Estado, es cambiar un activo por otro”, aseveró Cárdenas al señalar que los cinco billones de Isagén se transformarían en 25 billones en carreteras.
Incluso, el ministro Cárdenas trató de bajarle el perfil a Isagén al señalar que esta empresa produce ingresos al Estado por 100.000 millones de pesos, lo que significa apenas el 0,1 % del total de los ingresos de la Nación, que es de 100 billones.
Sin embargo, en el cuestionario que respondió Cárdenas al Congreso señaló que los dividendos de Isagén en el 2014, que pasaron al tesoro nacional, fueron de 277.000 millones de pesos. Ante esta contradicción la liberal Viviane Morales calificó de “chistoso” al ministro de Hacienda.
La mayoría de congresistas, 80 senadores en total, un número que ni siquiera ha tenido la reforma al equilibrio de poderes, no estuvo conforme con las explicaciones del ministro. Aún así, a pesar de que los parlamentarios manifestaron su rechazo a la venta de Isagén, la intervención del ministro dejó entrever que la venta de esta empresa no tiene reversa.
“Me parece muy grave que al presidente Santos y a su ministro les importe un pepino lo que piensa la mayoría del Congreso. Es muy lamentable la forma como se gobierna a Colombia”, dijo Robledo, quien insinuó que los únicos que se beneficiarán con este “negociado” serán las multinacionales extranjeras que están a la espera del ‘papayazo’ de hacerse con una de las empresas generadoras de energía más fuertes del continente.
Horacio Serpa dijo que este no era un debate contra el Gobierno, sino que es un debate contra el sentido común. “Acá se ha dicho que Isagén es un modelo de negocio, de administración de una empresa pública, no tiene corrupción, y a pesar de eso deciden venderla. Eso no es tener sentido común”.
Serpa le propuso al Gobierno utilizar una figura contemplada en la Constitución del 91: habilitar al Banco de la República para que le preste los recursos al Estado para financiar el Fondo que permitirá la inversión extranjera para la construcción de carreteras.
Antonio Navarro, de la Alianza Verde, le pidió al ministro que si la venta de Isagén no tiene reversa por lo menos se tramite una ley que permita a otras empresas públicas del país participar de la subasta. “Si se va a vender Isagén por lo menos que quede en manos nacionales”.
Iván Duque calificó la venta de Isagén como la crónica de un despojo anunciado, y le pidió al Gobierno que antes de vender esta empresa racionalice el gasto, como los 2,4 billones en publicidad, o los que han supuesto el aumento de 17.000 plazas en la nómina del Estado. Sofía Gaviria dijo que si el Gobierno no escucha al pueblo se trataría de una oligarquía.
Pero, al parecer, el Gobierno no escuchará al Congreso. Hace una semana, en la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, se ‘tumbó’ un artículo que había aprobado el Senado que estipulaba que para vender acciones del Estado el Gobierno debía pedir autorización del Congreso. Ahora el Gobierno pareció notificarle al parlamento que Isagén se venderá.
El último recurso del Congreso será una proposición en la que se le pedirá, directamente al presidente Juan Manuel Santos, adelantar un estudio para determinar si la venta de Isagén es la única fórmula para financiar las carreteras. También le pedirán al mandatario que se abstenga de vender la empresa hasta que la justicia colombiana resuelva las cerca de doce demandas que ciudadanos interpusieron contra la venta de este activo.
Muchos advierten que si estos pesos pesados del Congreso, de todo tipo de orientación política, coinciden en que no es viable la venta de Isagén, por algo será.
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