*Imagen tomada de ambitojuridico.com
Por Helen Alexa Rojas Montenegro – asistente de Investigaciones y asuntos de Género de Cedetrabajo.
La promesa del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que en principio no era de la igualdad sino de la mujer, fue una de las principales banderas en la campaña presidencial del actual gobierno. Su aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado fue avasalladora, con solo unos pocos votos negativos. El nuevo Ministerio tendrá como objetivo eliminar las desigualdades y garantizar los derechos sociales, políticos y económicos de las minorías étnicas, jóvenes, personas en vulnerabilidad y, de paso, atender las necesidades de las mujeres.
Aunque el Congreso aprobó el proyecto que crea esa nueva cartera -que estaría liderada por la vicepresidenta Francia Márquez-, en debate del Plan Nacional de Desarrollo las comisiones económicas (tercera y cuarta) desaprobaron el artículo 266 sobre el fondo “Fonigualdad”, a causa de la falta de reglamentación y de recursos necesarios para su funcionamiento, este fondo iba a robustecer principalmente la constitución del Sistema Nacional de Cuidado. De acuerdo con la Ley 5 de 1992, ya no habría posibilidad de considerar esos recursos en próximos debates.
Vale la pena preguntarse, ¿Cuál será el impacto real de este Ministerio sin recursos asignados? Como lo establecía el PND el fondo estaría constituido por ingresos provenientes del “Presupuesto General de la Nación, aportes de otras entidades públicas, donaciones, recursos de cooperación nacional e internacional y cualquier otro recurso de destinación específica dirigido al Fondo”. Sin embargo, como el fondo fue votado negativamente, “por ahora su principal recepción de financiación provendrá de cooperación internacional”, afirma la senadora Imelda Daza.
Es grave que los compromisos que el gobierno adquirió con las mujeres no estén claramente definidos en el Plan Plurianual de Inversiones. Hasta el momento no hay certeza de dónde provendrán los 2,7 billones de pesos necesarios para cubrir los programas con enfoque de género vigentes y la financiación del Ministerio Igualdad y la Equidad que costaría por lo menos 800.000 millones de pesos adicionales. Para cerrar las brechas de género, como lo prometió el gobierno en campaña, se necesitarían por lo menos 1,6 billones de pesos anuales.
Ahora bien, ¿el Ministerio de la Igualdad sí atenderá a las problemáticas de las mujeres? Esta entidad del ejecutivo corre el riesgo hacerle gala al adagio popular “el que mucho abarca poco aprieta”, dado que atenderá a trece grupos poblacionales que son clasificados como “sujetos de especial protección”. Existe el ejemplo de otros países en América Latina. Los que se han enfocado específicamente en mujeres han conseguido resultados de mayor impacto, pero, cuando el objetivo se ha ampliado a otros grupos poblacionales, su incidencia no ha sido significativa. De acuerdo con un estudio realizado por la revista Cambio se encontró que, los casos de Argentina, Perú y Brasil extendieron tan ampliamente los objetivos de las entidades hasta terminar descuidando el objetivo principal: los derechos de las mujeres. En Brasil se llamó Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos; en Argentina, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y en Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ninguno de los tres casos aumentó la protección hacia las mujeres. Finalmente, preocupa mucho el futuro de justicia fiscal y la política pública direccionada a superar las barreras que enfrentan las mujeres, dado que la implementación de los programas y proyectos territoriales relativos a romper las brechas de desigualdad aún está en vilo.
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