El pasado 20 de agosto, el gobierno de Petro anunció un aumento de seis mil pesos en el precio del ACPM, declarando que este aumento no sería negociable. El anuncio generó rechazo entre los transportadores, quienes, en respuesta, decidieron programar una jornada de protesta para el pasado viernes.

Este conflicto, que comenzó a gestarse desde los primeros días de la actual administración, tiene su raíz en la negativa del gobierno a modificar la fórmula que determina el precio del ACPM.

A pesar de las continuas reuniones entre el gobierno y los gremios de transportadores en los meses anteriores, que buscaban una solución que evitara afectar a este sector, la decisión final del Ejecutivo fue avanzar con un aumento del 20% en el precio del diésel. Este incremento impacta de manera directa los costos operativos de los transportadores e indirectamente a todos los colombianos. Para un gremio que ya venía soportando una situación económica compleja, esta medida fue la gota que colmó el vaso.

Una vez iniciada la jornada de protesta, el gobierno ratificó su decisión de no revertir la medida, lo que incentivó a los transportadores a escalar la jornada a un paro camionero nacional. Comenzaron a organizarse en diferentes regiones del país, lo que ha resultado en bloqueos y movilizaciones que ya están afectando la movilidad en varias ciudades importantes. Las protestas continúan creciendo, con la posibilidad de extenderse a todo el territorio nacional.

Pero, ¿por qué los camioneros piden que se modifique la fórmula que determina el precio del ACPM? Aquí le contamos.

La gran mentira del Gobierno Petro

El gobierno de Gustavo Petro ha engañado al país al justificar el aumento de los combustibles con el pretexto del déficit que afecta las finanzas públicas.

Lo cierto es que la medida del gobierno se alinea no sólo con la política tradicional, sino también con las directrices del FMI, que en 2019 recomendó incrementar drásticamente los precios de los combustibles.

Petro está implementando lo que Iván Duque no logró hacer debido al estallido social del Paro Nacional de 2021. El argumento de Petro para subir el precio parte de una metodología de cálculo sin fundamento: que el precio  en Colombia debe ser igual al precio internacional. 

¿Qué es el Fepc y cómo funciona?

El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), creado en 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe, tiene como objetivo equilibrar los precios del combustible en Colombia con los internacionales. Como el precio internacional del ACPM supera el nacional, el Estado venía cubriendo la diferencia, lo cual se considera un subsidio. Para cumplir con el FMI  y el Fondo de Estabilización, el gobierno plantea que es hora de eliminar ese subsidio. El alza decretada tiene como objetivo que los consumidores asuman el sobrecosto que implica pagar el ACPM, no con base en los costos reales de producción en Colombia sino en el precio internacional, especialmente el del mercado del Golfo de México. 

Ese tal subsidio no existe

El gobierno de Gustavo Petro está haciendo pagar a los colombianos un supuesto déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) que en realidad no existe. Este déficit surge porque el fondo, en lugar de utilizarse para ahorrar cuando el precio internacional está por debajo del precio nacional, ha sido utilizado casi exclusivamente para compensar a importadores y refinadores de los combustibles cuando ocurre lo contrario.

Esto ha llevado a que constantemente se usen grandes recursos del presupuesto nacional en beneficio de unos pocos, mientras se recarga sobre la gente el costo de esos 13 billones de pesos del supuesto subsidio al precio del ACPM.

Lo que se presenta como un “subsidio” para cubrir este déficit, en realidad es, una ganancia exagerada para refinadores e importadores, que el gobierno Petro pretende continuar pagando.

Si la fórmula del Fepc no vinculase el precio internacional, este déficit no existiría. En resumen, el gobierno está trasladando un costo injusto a los ciudadanos para mantener un modelo que no tiene justificación.

¿Precio Colombia?

El verdadero debate sobre el precio de los combustibles en Colombia debe girar en torno al Fepc y si este debe ser eliminado o concebido de acuerdo al interés nacional. La propuesta de la Cámara Intergremial del Transporte es establecer un “Precio Colombia” que refleje los costos nacionales más una ganancia razonable. Bajo esta fórmula, el galón de ACPM costaría alrededor de $10,290 en lugar de los $15,650 que propone el ministro Ricardo Bonilla para 2025. Esto demuestra que el precio actual es excesivo e injustificado, ya que Ecopetrol produce casi todo el ACPM que consume el país, lo que hace irracional su vinculación al precio internacional.

La resistencia del gobierno a adoptar esta solución se debe a que el FMI ha exigido un equilibrio presupuestal y que la economía colombiana gravite en torno a los parámetros internacionales del libre comercio.

El gobierno de petro y el alza a los combustibles

El gobierno de Gustavo Petro ha implementado los mayores aumentos en el precio de los combustibles líquidos desde la creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) en 2007, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. En menos de dos años, el precio de la gasolina ha subido un 70%, pasando de $9.180 en octubre de 2022 a $15.574 en agosto de 2024. Para el ACPM, se ha anunciado un incremento similar, elevando el galón de $9.650 a casi $16.000 en 2025.

Estas alzas han generado un profundo descontento, especialmente entre los transportadores de carga, quienes iniciaron protestas el 30 de agosto de 2024 en respuesta a esta medida. Este incremento no solo afecta al sector del transporte, sino que también golpea duramente a la economía de las familias colombianas, encareciendo el costo de vida. 

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) ha respaldado estas protestas, argumentando que Colombia, siendo un productor de casi todo el diésel que consume, no debería seguir esta política de precios.

El impacto también se extiende al sector agrícola, donde el aumento del diésel encarece la producción, afectando gravemente a los campesinos. Dignidad Agropecuaria ha expresado su apoyo a los camioneros, señalando que la producción agrícola depende del diésel, y el alza en los costos amenaza la sostenibilidad del sector.

Por su parte, Acopi, el gremio de las mipymes, ha advertido que el transporte de carga, quien moviliza más del 80% de las mercancías en Colombia, depende fuertemente del diésel. Este combustible constituye el 40% del costo operativo de los camiones, según cifras del DANE.

Además, este aumento en los costos del ACPM repercute en la competitividad logística del país. Colombia ha caído en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, y el incremento en los costos del transporte se traduce en mayores precios para los bienes y servicios, afectando a toda la economía nacional.

El paro camionero no es solo una protesta gremial, sino una manifestación de un problema más profundo que afecta a todos los colombianos. El aumento en el precio del ACPM no solo golpea a los transportadores, sino que también encarece los productos básicos y servicios que dependen del transporte. 

Estas son las consecuencias de una política económica que prioriza la ganancia de los actores poderosos en el negocio de los combustibles sobre el bienestar general. Lo que está en juego no es solo el precio del diésel, sino la economía y calidad de vida de todos los ciudadanos, a quienes el Presidente Petro les juró que el suyo sería el gobierno del cambio.