El reciente debate sobre la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre Colombia y China, el número 17 que negociaría el gobierno nacional, brinda la opción de analizar si las ideas del ‘Estado mínimo y mercado máximo’, en las que se enmarcan los TLC, y que emprendió Colombia en 1990, han sido provechosas o lesivas para esta sociedad.

En los numerosos análisis realizados durante 33 años por el Centro de Estudios del Trabajo, nunca hemos planteado una posición contraria a que Colombia tenga relaciones comerciales, sociales, políticas y culturales con el mundo en general y también con países desarrollados. Incluso con aquellos que en términos de infraestructura, desarrollo y competitividad nos llevan una ventaja evidente en un buen número de aspectos. Hemos repetido persistentemente que sería un absurdo oponerse a que Colombia realice importaciones, por ejemplo, de computadores que no produce. Sin embargo, ningún país dirigido seriamente, es decir pensando en el futuro, cerraría con un acuerdo internacional la posibilidad de que un día su industria y sus trabajadores fabriquen esos computadores. Opción agotada, como se ha demostrado contundentemente, con los compromisos que en materia de protección a la inversión extranjera contienen los tratados de libre comercio.

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