No han faltado los comentarios rimbombantes de distintos “formadores de opinión”, adictos al modelo económico, que tantas congojas ha ocasionado a los productores rurales de Colombia, cuyo centro es la política de libre comercio con eje central en los TLC, quienes contra la evidencia de la baja en los precios de los productos agropecuarios y la ruina que significa el tener que vender a pérdida, atizada por los altos costos de insumos, semillas y combustibles, y la formación de precios en base a las importaciones, que han colocado a los productores en condición de ruina y pérdida de sus haberes, pretenden absolver al gobierno y echar encima un manto de duda sobre la legitimidad de la reciente protesta agraria

Pero, “tras de corneados apaleados”. Por el “Acuerdo de Villavicencio”, firmado entre Dignidad Arrocera y el Gobierno nacional, se estableció una franja de precios que sustentara la compra de la cosecha; Para “motivar” la molinería a cumplir con los acuerdos pactados, se acordó pagarles un incentivo al almacenamiento y así retener inventarios en la cosecha para proveer el mercado nacional cuando este lo requiera. Alegando competencia del contrabando, la agroindustria arrocera, fuertemente concentrada en unas pocas empresas, procedió a inventarse una manera de quedarse con los subsidios y birlar el acuerdo. Tan “vivos” los señores!!

En ausencia de arbitraje en la calificación de producto entregado por los agricultores, pues el gobierno se negó a montar laboratorios de referencia – a pesar de haberse comprometido a instalarlos desde agosto del 2010 – instancia ante la cual se podría haber acudido para frenar el abuso de los industriales del arroz, dejando a los agricultores a merced del “lobo feroz “del monopsonio.

El abuso, no para con lo anterior; la molinería recibió producto hasta cubrir las deudas originadas en insumos – negocio en el cual lógicamente ganan dinero – y cuando logró el pago de las mismas, se niega a recibir y asumir el resto de la cosecha; Es decir, se embolsillaron el subsidio, cobraron la cartera y dejaron a los productores sin instancia de venta para su producto.

Indigna la actitud ventajista de la industria molinera, lo mismo que la paividad gubernamental ante el atropello; mínimo para medio “enmendar la plana”, debería quitarse el subsidio a los molineros y endosárselo a los productores afectados.

Antes subsiste una actividad en la que entre gobierno y agroindustria, con TLC, contrabando y ventajismo se apalea de manera inmisericorde a los productores que se resisten a dejar de trabajar y hacer patria con su esfuerzo.