Julio César Londoño
El gobierno reversó el miércoles la resolución 970 del ICA, que ordenaba sembrar únicamente semillas certificadas y pagar “derechos de autor” por cada resiembra. Es como si hubiera que pagarle al expropietario de la vaca cada que se la ordeñe.
La piratería (admitiendo que la haya en este caso) es el desquite del Tercer Mundo contra los abusos centenarios del primero. Quizá algunos perdamos unos pesos por esta práctica, pero millones se benefician con esas canciones, películas, libros, etc. Quizá se pierdan millones de empleos formales, pero cientos de millones de personas encuentran oportunidades de subsistencia en la economía informal, es decir, en la real.
El operativo de la Policía para raponearles las provisiones a los campesinos del paro puede considerarse un exceso de la Fuerza Pública. “Un acto aislado”, como zumba el mantra. Pero el caso de las retroexcavadoras destrozando miles de bultos de semillas de arroz de los campesinos del Huila y sepultándolas en un relleno sanitario, es diferente. Es una política de Estado amparada en tratados internacionales, avalada por nuestros institutos científicos y las federaciones gremiales, y armada con “dientes” legales y con el persuasivo recurso de los fusiles. Es admirable cómo vela el Gobierno por el cumplimiento de una norma que sólo favorece a las multinacionales. Si pusiera la mitad de este empeño en garantizar derechos elementales de los ciudadanos… olvídenlo, era un chiste tierno.
Los representantes gremiales no se quedan atrás. El presidente de la SAC afirma en El País del domingo que los TLC son una de las causas de la crisis del campo. Pero tres líneas más abajo intenta minimizar el impacto de los tratados afirmando que las importaciones agropecuarias sólo suplen el 3% del consumo nacional. ¿Al fin qué, señor Mejía? ¿También usted anda usted extraviado en los laberintos de los TLC? Si son repudiados por los sindicatos de las potencias y de los países subdesarrollados, ¿no será que esos tratados sólo benefician a los pulpos del comercio internacional?
El inepto exministro de Agricultura, los directores de los centros de investigación, los senadores (con excepción de Robledo) y hasta los representantes gremiales han repetido con juicio la lección: las semillas certificadas (Monsanto, Dupont, Syngenta…) están libres de virus y bacterias y garantizan rendimientos óptimos en la producción. Oyéndolos, es inevitable una sensación de déjà vu. Lo mismo dijeron hace cien años de la chicha (que era “antihigiénica”) para prohibirla y favorecer a los fabricantes de cerveza. Lo mismo dijeron hace diez años para prohibir la venta de leche cruda y favorecer a las grandes envasadoras de lácteos. Lo mismo dirán mañana para obligar a los vendedores callejeros de arepas a utilizar masa de maíz importada. Y certificada por el ICA, claro. Reza bien el viejo adagio: “Todo lo del pobre es robado”.
Durante milenios, los americanos hemos cultivado centenares de variedades de excelente maíz, y el trigo de cada día ha alimentado miles de generaciones europeas, y los pueblos asiáticos cultivan el mejor arroz del mundo desde antes de la invención del arado. Y todo se hizo sin el concurso de esas multinacionales que hoy patentan los cereales y el yagé y mañana registrarán el agua y las estrellas. Para terminar, una propuesta ingenua. ¿Por qué no renuncian a sus sueldos oficiales los congresistas, los burócratas, los pseudocientíficos y los policías que atentan contra la seguridad alimentaria del país, y se limitan a vivir sólo de las comisiones que les pagan sus clientes, las multinacionales? ¿O será que perpetran infamias ad honorem?
