Julio César Londoño El gobierno reversó el miércoles la resolución 970 del ICA, que ordenaba sembrar únicamente semillas certificadas y pagar “derechos de autor” por cada resiembra. Es como si hubiera que pagarle al expropietario de la vaca cada que se la ordeñe. La piratería (admitiendo que la haya en este caso) es el desquite […]
Julio César Londoño
El gobierno reversó el miércoles la resolución 970 del ICA, que ordenaba sembrar únicamente semillas certificadas y pagar “derechos de autor” por cada resiembra. Es como si hubiera que pagarle al expropietario de la vaca cada que se la ordeñe.
La piratería (admitiendo que la haya en este caso) es el desquite del Tercer Mundo contra los abusos centenarios del primero. Quizá algunos perdamos unos pesos por esta práctica, pero millones se benefician con esas canciones, películas, libros, etc. Quizá se pierdan millones de empleos formales, pero cientos de millones de personas encuentran oportunidades de subsistencia en la economía informal, es decir, en la real.
El operativo de la Policía para raponearles las provisiones a los campesinos del paro puede considerarse un exceso de la Fuerza Pública. “Un acto aislado”, como zumba el mantra. Pero el caso de las retroexcavadoras destrozando miles de bultos de semillas de arroz de los campesinos del Huila y sepultándolas en un relleno sanitario, es diferente. Es una política de Estado amparada en tratados internacionales, avalada por nuestros institutos científicos y las federaciones gremiales, y armada con “dientes” legales y con el persuasivo recurso de los fusiles. Es admirable cómo vela el Gobierno por el cumplimiento de una norma que sólo favorece a las multinacionales. Si pusiera la mitad de este empeño en garantizar derechos elementales de los ciudadanos… olvídenlo, era un chiste tierno.
Los representantes gremiales no se quedan atrás. El presidente de la SAC afirma en El País del domingo que los TLC son una de las causas de la crisis del campo. Pero tres líneas más abajo intenta minimizar el impacto de los tratados afirmando que las importaciones agropecuarias sólo suplen el 3% del consumo nacional. ¿Al fin qué, señor Mejía? ¿También usted anda usted extraviado en los laberintos de los TLC? Si son repudiados por los sindicatos de las potencias y de los países subdesarrollados, ¿no será que esos tratados sólo benefician a los pulpos del comercio internacional?
El inepto exministro de Agricultura, los directores de los centros de investigación, los senadores (con excepción de Robledo) y hasta los representantes gremiales han repetido con juicio la lección: las semillas certificadas (Monsanto, Dupont, Syngenta…) están libres de virus y bacterias y garantizan rendimientos óptimos en la producción. Oyéndolos, es inevitable una sensación de déjà vu. Lo mismo dijeron hace cien años de la chicha (que era “antihigiénica”) para prohibirla y favorecer a los fabricantes de cerveza. Lo mismo dijeron hace diez años para prohibir la venta de leche cruda y favorecer a las grandes envasadoras de lácteos. Lo mismo dirán mañana para obligar a los vendedores callejeros de arepas a utilizar masa de maíz importada. Y certificada por el ICA, claro. Reza bien el viejo adagio: “Todo lo del pobre es robado”.
Durante milenios, los americanos hemos cultivado centenares de variedades de excelente maíz, y el trigo de cada día ha alimentado miles de generaciones europeas, y los pueblos asiáticos cultivan el mejor arroz del mundo desde antes de la invención del arado. Y todo se hizo sin el concurso de esas multinacionales que hoy patentan los cereales y el yagé y mañana registrarán el agua y las estrellas. Para terminar, una propuesta ingenua. ¿Por qué no renuncian a sus sueldos oficiales los congresistas, los burócratas, los pseudocientíficos y los policías que atentan contra la seguridad alimentaria del país, y se limitan a vivir sólo de las comisiones que les pagan sus clientes, las multinacionales? ¿O será que perpetran infamias ad honorem?
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
