Honduras se encuentra en un punto de inflexión en su política fiscal, buscando cambiar el rumbo de los beneficios tributarios que han caracterizado su desarrollo económico en las últimas décadas.
Ante la evidencia de que estas exoneraciones han beneficiado principalmente a unos pocos, el gobierno de Xiomara Castro ha propuesto una reforma para racionalizarlos y evaluar su impacto en los próximos años.
Esta medida marca un cambio significativo en la estrategia económica del país, que busca ahora un sistema tributario que promueva un desarrollo inclusivo y sostenible para todos los hondureños.
Regresividad del sistema tributario de Honduras
En el marco del debate actual, Gersson Orlando Sierra, Director Nacional Jurídico del Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras, ha sido insistente en que después del Golpe de Estado en 2009, en el país caribeño se aumentó el recaudo por medio de impuestos indirectos.
De hecho, la evasión fiscal, es decir, el no pago de impuestos por cuenta de los beneficios tributarios, fue mayor al presupuesto en conjunto de secretarías como la Salud, Educación y Defensa en 2023.
En la última década se incrementó el Impuesto Sobre las Ventas (ISV) y se crearon 14 nuevos impuestos indirectos, entre los que destacan el impuesto selectivo al consumo y los impuestos a los combustibles. En cambio, el cobro de impuestos al ISR y otros impuestos directos no sufrieron mayores cambios y se mantuvieron la mayoría de beneficios tributarios.
Otra voz autorizada es la de Rodulio Perdomo, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), que ha señalado que, como resultado de este sistema, entre 2011 y 2022, el 66% del recaudo tuvo origen en impuestos indirectos, como el impuesto a las gaseosas, al gas, a electrodomésticos, al consumo en general, que son regresivos por naturaleza, pues no tienen en cuenta la capacidad de pago de las personas. Mientras que los impuestos directos, que son los que gravan la riqueza, son los que menos han aportado en los últimos 100 años.
De acuerdo con el SAR, por cuenta de los beneficios tributarios, las diez familias más ricas del país tienen una tasa efectiva de impuestos del 0,03%, en tanto el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos.
La raíz del problema son los beneficios tributarios (regímenes de exoneraciones)
En términos generales, los regímenes de exoneraciones implican que el gobierno renuncia a cobrarles temporalmente impuestos a ciertas empresas que se han establecido en alguno de estos esquemas con la promesa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED), generar empleo, promover las exportaciones y ser un motor de desarrollo económico.
Sin embargo, sus resultados hasta el momento son nefastos en Latinoamérica. Especialmente en la economía hondureña y para la mayor parte de su población, como lo muestran los principales indicadores macroeconómicos y sociales.
Actualmente, el país centroamericano cuenta con más de 15 regímenes de exoneración, la mitad se han creado después del Golpe de Estado en 2009.
El más antiguo es el ZOLI (Zonas Libres Industriales), creado en 1976 y con una vigencia de más de 70 años. Este régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, administrativos y de contratación de mano de obra a las empresas que se establecen en áreas designadas como Zonas Libres.
De acuerdo con el SAR, este régimen beneficia a 374 empresas en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activos Netos, Ganancias de Capital, Impuesto Sobre las Ventas (ISV) en compras locales e importaciones, Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuestos sobre los combustibles e impuestos municipales. Además, permite la contratación de mano de obra calificada a bajo costo.
Entre las exoneraciones de este tipo más antiguas se encuentran el RIT (Régimen de Importaciones Temporales) en 1984, y el ZIP (Zonas Industriales de Procesamiento de Exportaciones) en 1987.
Además, Honduras ha establecido varios regímenes de exoneraciones fiscales con vigencia indefinida para promover el desarrollo económico y la inversión en sectores específicos.
Estos regímenes incluyen exenciones para la importación de bienes y servicios destinados a la generación de energía térmica, energía renovable, proyectos de infraestructura pública a través de Asociaciones Público Privadas (APP), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sociedades de Fianzas y Leasing (SFL), Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y empresas agroindustriales.
En el caso de la generación de energía térmica y renovable, las empresas están exentas del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto General de Ventas y los Derechos Arancelarios para las importaciones de bienes y servicios necesarios.
Para las APP, se exime del Impuesto Sobre la Renta durante las etapas de construcción y operación del proyecto, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.
Por otra parte, las ONG están exentas del Impuesto Sobre la Renta sobre las donaciones y subvenciones recibidas, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.
Las SFL también tienen exención del Impuesto Sobre la Renta sobre las utilidades generadas por sus actividades y del Impuesto General de Ventas en las operaciones de compraventa de bienes y servicios.
Para las empresas que operan en ZEDE, se ofrece exención del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 10 años de operación, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios, Derechos Arancelarios y el pago de Impuestos Municipales.
Por último, las empresas agroindustriales tienen exención del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 5 años de operación, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.
Como resultado de estos beneficios tributarios, el gasto tributario entre 2009 y 2022 pasó de 39% a 45%. De acuerdo con Christian Duarte, Ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras, esto significa que el Estado ha dejado de percibir más de 455.000 millones de lempiras en la última década.
Las diez familias más ricas de Honduras tienen una tasa efectiva de impuestos del 0,03%, en tanto el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos.
Quiénes reciben los beneficios tributarios
En Honduras, como en la región, los regímenes de exoneraciones fiscales han sido creados a la medida de los intereses de unos pocos grupos empresariales. Como ha afirmado el Ministro Duarte, el 99% de las exoneraciones las concentra el 20% más rico de la población. Lo más grave es que solamente 142 empresas de estos 25 grupos económicos dejaron de pagar por exoneraciones lo equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el SAR, en Honduras, las empresas que gozan de estos beneficios son apenas 656 de las más de 300.000 empresas formales con las que cuenta el país.
Ejemplo de ello es la desnaturalización del régimen ZOLI para que mineras y camaroneras no paguen ningún impuesto o la creación de las ZEDE con total autonomía política, fiscal y monetaria, lo cual las convierte en paraísos fiscales.
Detrás de estos sectores se encuentran una serie de grupos económicos con importante influencia política y en los medios de comunicación. En Honduras hay grupos económicos que tienen empresas que tienen empresas en rubros como maquila, electricidad, bienes raíces o turismo, con participación de capital internacional.
La propuesta del gobierno hondureño frente a los beneficios tributarios
Ante esta realidad, el actual gobierno de Xiomara Castro ha decidido racionalizar los regímenes de exoneración que privilegian apenas unas pocas empresas por medio del proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
A pesar de las presiones de los principales grupos económicos y de la embajada de Estados Unidos, lo más interesante del caso hondureño es que el gobierno no ha cedido en la búsqueda de eliminar en el corto plazo los beneficios tributarios adquiridos por las grandes empresas y grupos económicos que tradicionalmente han controlado el país.
De hecho, su propuesta busca racionalizarlos y ponerles mecanismos de evaluación de resultados en los próximos 10 años y 20 años.
Esta fue una de las principales críticas de la Reforma Tributaria de Petro: fue de corte recaudatorio y no estructural, buscaba recaudar $20 billones. Mientras tanto, se perdieron dos años en los cuales se podría haber avanzado en una hoja de ruta para evaluar y modificar los excesivos beneficios tributarios que hacen regresivo el sistema impositivo colombiano.
Nota: Esta nota fue publicada originalmente en el portal mascolombia.com
