13 de septiembre de 2012
Por: Manuel Sarmiento
La Sentencia C-644de 2012 dela Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo, PND, es un triunfo de las concepciones democráticas sobre la propiedad rural. El gobierno de Juan Manuel Santos pretendía entregarles las tierras del Estado a los magnates del mundo, en el marco de la política de extranjerización de tierras.
El PND modificó el régimen jurídico que obligaba al gobierno a entregarles las tierras públicas a familias campesinas pobres, para permitir que las trasnacionales y los magnates del país se apropiaran de ellas. Los artículos desconocían la figura dela Unidad AgrícolaFamiliar (UAF), unidad de área que prohíbe que el Estado titule sus tierras más allá de lo que necesita una familia campesina.
Antes de que el gobierno expidiera estas normas, los campesinos que recibieran tierras del Estado no podían vendérselas a grandes propietarios y los baldíos solo se podían entregar a familias campesinas en tamaños que no superaran una UAF. Sin embargo, en el PND se eliminaron estas limitaciones para permitir que grandes compañías, especialmente extranjeras, se apropiaran estas tierras.
Por esta razón los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo demandaron estas normas antela Corte Constitucional.El Tribunal les dio la razón a los parlamentarios al considerar que “tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de estos trabajadores”.
Manuel Sarmiento es abogado dela Universidad Externadode Colombia y hace parte dela Unidadde Trabajo Legislativo del senador Jorge Enrique Robledo. Fue el encargado de hacer el análisis jurídico sobre la constitucionalidad de las normas del PND.
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