Vanguardia.com. Aunque se solicitó la suspensión provisional de la enajenación de la electrificadora, a través de la revisión de unas medidas cautelares y otros recursos, no se habría hecho una revisión pertinente a la solicitud. Ante un juez de la República, el director de Centros de Estudios de Trabajo –Cedetrabajo-, Enrique Alfredo Daza Gamba, interpuso una acción de tutela contra la administración de justicia alegando presunta omisión del Consejo de Estado en el caso de la venta de acciones de la electrificadora Isagen.
Según Daza Gamba, con la venta se estaría violando el derecho al debido proceso y el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia que, presuntamente, se vio amenazado por la omisión en la que habría incurrido la magistrada de la sección primera del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso.
En el documento, conocido por Colprensa, Daza Gamba argumenta que aunque se solicitó la suspensión provisional de la enajenación de la electrificadora, a través de la revisión de unas medidas cautelares y otros recursos, no se habría hecho una revisión pertinente a la solicitud.
“Se solicitó como medida cautelar la ‘suspensión provisional’ del Decreto 1609 de 2013 con el fin de interrumpir la venta de un activo de importancia estratégica para la Nación (…) La acción de inconstitucionalidad fue asignada por reparto a la honorable magistrada María Claudia Rojas Lasso”, explica la tutela.
Además, hace referencia a la supuesta omisión, “se encuentra al despacho desde el 21 de octubre de 2013, sin que a la fecha no se haya emitido pronunciamiento ni sobre la admisibilidad de la demanda, ni sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas”.
Lo anterior -según el director de Cedetrabajo- permitió iniciar, por parte del Gobierno, el proceso de venta «a pesar de las demandas impetradas contra el acto (…) adelantando la primera fase de adjudicación de acciones, la cual se ofreció al sector solidario que adquirió solamente el 0,09 por ciento de las acciones en venta”.
Al respecto, Colprensa intentó comunicarse varias veces con la magistrada, sin embargo no fue posible conocer su opinión sobre el caso, ni el estado en el que actualmente se encuentra dicho proceso.
Por su parte, Daza Gamba asegura que el proceso de venta de la electrificadora, que empezó a mediados de 2013, sería inconstitucional debido a que no se han tenido en cuenta los diferentes recursos judiciales interpuestos para evitarla
De acuerdo con el documento, en el plan de venta adelantado por el Gobierno no se tuvieron previstos los «procedimientos, requisitos y términos que deben tenerse en cuenta para la enajenación de la propiedad accionaria estatal «, en este caso la venta de la empresa de servicios públicos.
Tampoco se tuvo en cuenta que en el Plan Fiscal a Mediano Plazo, en el que «no aparece ninguna mención a la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén». Por lo cual, “se inició un proceso de adjudicación y venta de una empresa de economía mixta, basado en un acto administrativo ilegal e inconstitucional, violatorio del derecho fundamental al debido proceso y el principio de sostenibilidad fiscal”, dice la tutela.
Además, reitera “la solicitud de ordenar la suspensión provisional (…) hasta que se resuelva de fondo los cargos de inconstitucionalidad y de legalidad endilgados al mismo, como medida cautelar para evitar un eminente detrimento patrimonial y a configuración de un perjuicio irremediable para la nación”.
En la tutela, el director de Cedetrabajo, Enrique Alfredo Daza Gamba, presentó un resumen de los recursos, presuntamente interpuestos a la justicia para evitar la venta del 57 por ciento de las acciones de Isagen.
Según Daza Gamba, el 6 de octubre de 2013 se presentó una acción de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra el decreto 1609 de 2013, el que permite la venta de las acciones.
También se habría presentado un memorial de impulso y una solicitud de medidas cautelares de urgencia ante el despacho de la magistrada de la sección primera del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, además una queja ante la Contraloría General de la República, en la que supuestamente se solicitó ejercer el mecanismo extraordinario de seguridad fiscal. No se conoce la fecha de estos recursos.
Además, según Daza Gamba, se presentó una queja ante la Procuraduría General por la omisión en la que habría incurrido la magistrada al no resolver las medidas cautelares.
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