La violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado, sino una expresión de las profundas desigualdades que afectan al país en los ámbitos económico, cultural y político.
Esta realidad se refleja de manera alarmante en las estadísticas de muertes violentas de mujeres en el contexto de relaciones familiares o afectivas, sumiendo en luto a familias y comunidades enteras año tras año.
Las cifras de Medicina Legal muestran que, en los primeros cuatro meses de 2023, se registraron 15.081 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, en comparación con 4.611 casos en hombres durante el mismo período.
Al comparar estos datos con los del mismo período del año actual, se observa un incremento de 685 casos de violencia hacia mujeres en el hogar. Estas cifras evidencian una violencia desproporcionada, donde las mujeres sufren más del triple de casos que los hombres.
La falta de prioridad política en la implementación de acciones concretas es un obstáculo significativo en la lucha por reducir la violencia de género. Esta deficiencia se refleja en la escasa atención brindada por los gobiernos. Según las Comisarías de Familia, el 90% de los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres quedan en la impunidad.
En vez de tomar medidas efectivas, desde el legislativo hasta las administraciones locales, se sigue la tendencia a revictimizar a las mujeres. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en lo que va del año se han reportado 271 feminicidios y 193 intentos de feminicidio. En vez de asumir la responsabilidad institucional, se carga a las mujeres con la tarea de identificar las señales de violencia, lo que muestra una clara falta de compromiso del Estado en garantizar la seguridad y protección de las mujeres.
La Ley 2356 de 2024, de reciente promulgación por el gobierno nacional, es otra normativa destinada a abordar el problema del feminicidio en Colombia. Esta ley elimina los beneficios y subrogados penales para aquellos condenados o en detención preventiva por este delito, sumándose a las otras 7 leyes existentes que buscan imponer condenas más severas a los agresores.
Sin embargo, es crucial señalar que la normativa punitiva por sí sola no es suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres. La reciente ola de feminicidios registrada en el país, incluso después de la promulgación de la Ley 2356, destaca la necesidad de implementar medidas integrales que aborden las raíces profundas de este problema.
Un país en la miseria no puede garantizar los derechos de las mujeres
El país enfrenta el desafío crucial de impulsar el crecimiento económico, especialmente en el sector productivo. La caída de la producción agraria e industrial es un obstáculo significativo en este esfuerzo. Este deterioro no solo afecta la capacidad de generar riqueza y empleo, sino que también agrava el déficit fiscal y comercial, comprometiendo aún más la estabilidad económica del país.
En este contexto, el aumento de la pobreza y la desigualdad es una realidad palpable que afecta a la mayoría de la población colombiana. Los niveles de población en situación de pobreza y vulnerabilidad siguen siendo alarmantes. Según datos del DANE 2023, el 70% de la población colombiana se encuentra en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.
La situación del empleo para las mujeres también es preocupante. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Colombia es miembro, el país tiene la peor tasa de empleo para mujeres, con una tasa de desempleo del 14,35%, en comparación con el 8,89% de los hombres.
Es sorprendente que el gobierno actual se vanaglorie en el ámbito internacional cuando la realidad económica, la violencia y la desigualdad en el país están en crisis.
La institucionalidad es ineficaz, dejando la prevención de la violencia como una responsabilidad social asumida por las mujeres.
El aumento dramático de la violencia contra las mujeres incluye diversos tipos de abusos físicos, económicos y psicológicos cometidos en el hogar por sus parejas, cónyuges o exparejas. Sin embargo, el sistema de denuncia y atención enfrenta grandes obstáculos. La falta de recursos tecnológicos limita la atención virtual en las Comisarías de Familia, las líneas telefónicas de atención se saturan, y hay una escasez de facilidades para acceder a valoraciones médico-legales.
Las Líneas de orientación y atención para mujeres víctimas de violencia de género, como la Púrpura y la línea 155, a veces no brindan un servicio eficaz. Por ejemplo, en Bogotá, la Personería reporta que, de las 142,796 llamadas recibidas entre enero de 2020 y mayo de 2023 relacionadas con violencia de género, solo 52,962 fueron atendidas por profesionales especializados. Además, no se realiza un seguimiento exhaustivo de todos los casos ingresados a través de la Línea Púrpura Distrital debido a su alta demanda, lo que obliga a priorizar ciertos casos.
El acceso a espacios para atender los problemas de las mujeres es limitado en el país. Según las disposiciones estatales, todos los municipios deberían tener una casa refugio para brindar apoyo en estas situaciones; sin embargo, de los 1,103 municipios del país, solo alrededor de 8 cuentan con estas casas. La improvisación del gobierno nacional no puede seguir poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Las promesas, como la línea Salvia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, aún no se han implementado plenamente.
Es urgente que estas medidas se ejecuten con el equipo necesario para atender la magnitud de las denuncias y que estén completamente coordinadas con las instituciones pertinentes. Esto es esencial para romper los ciclos de violencia contra las mujeres. Además, es preocupante la demora en la actualización de la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin esta actualización, será difícil abordar esta crisis nacional, especialmente desde la perspectiva educativa, para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan vivir una vida libre de violencias.
