Un presidente complaciente con los delitos financieros y comerciales

May 4, 2022

Por: Editor Cedetrabajo

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Si en Colombia se lograran capturar los recursos perdidos por medio de delitos como el lavado, la evasión, la corrupción, el contrabando y otras fuentes de flujos financieros ilícitos, se podría pagar anualmente el servicio de la deuda pública, financiar cerca de un 20% del presupuesto o tener recursos que equivalen a un 8% del PIB. Duque, como los gobiernos anteriores, poco hizo para combatir estos fenómenos. Por el contrario, buscó ampliar los beneficios a los actores más cuestionados internacionalmente: las transnacionales y el sistema financiero.

Los delitos financieros y comerciales representan multimillonarias sumas de dinero a nivel global y en Colombia. Para el año 2016 el Banco Mundial estimó que el lavado de dinero en Colombia superó el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB), actualmente unos $42.6 billones de pesos. Un año más tarde, el Gobierno Nacional subió el cálculo de este fenómeno al 5.4% del PIB en el año 20171, ($49 billones hoy en día). El país duplica la tasa de pérdidas globales por lavado de dinero, las cuales se estiman en 2.7% del PIB mundial2. En Colombia la evasión tributaria por concepto de IVA y de renta de las personas jurídicas alcanzó el 4,4% del PIB en el 2020, alrededor de 40 billones de pesos, según cálculos de la DIAN3; encima del promedio de la región, que está en 3.2%4.

En cuanto a la corrupción, según el BID, antes de la pandemia el país ocupaba el quinto lugar en materia de corrupción entre los países de la región. Recientemente, la Contraloría General estimó que anualmente el país perdía lo correspondiente al 17% del presupuesto por delitos asociados a la corrupción, equivalente a unos $60 billones de pesos, 6.6% del PIB5. A esto se le suma el contrabando, en el año 2019 las autoridades estimaron que este fenómeno era equivalente al 7.5% del PIB, más de tres veces el costo de este delito en la región el cual la Asociación Latinoamericana Anti-contrabando ubicó en un valor equivalente al 2% del PIB regional6.

Dentro de los variados mecanismos existentes para cometer los delitos financieros se resalta la facturación fraudulenta y el uso de paraísos fiscales. La facturación fraudulenta es uno de los métodos más comunes pero más difíciles de detectar según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En términos generales, consiste en distorsionar la información de facturas y comprobantes para evadir impuestos, lavar dinero y ocultar otros delitos. Recientemente, Global Financial Integrity (GFI) estimó que la brecha de valor generada por el uso de estas técnicas se aproxima al 20% del comercio entre países en desarrollo y economías avanzadas.

Los paraísos fiscales son territorios que tienen un régimen tributario caracterizado por bajas tasas impositivas y garantizar el secreto bancario de los depositantes del dinero. Sin embargo, las revelaciones de la prensa a nivel internacional han permitido ver que los paraísos son usados por las personas más acaudaladas del mundo (la lista incluye empresarios, políticos, personas de la farándula). Tax Justice Network calculó que más de la mitad del dinero que se deja de recibir en el mundo por impuestos se debe a que las empresas multinacionales envían sus ganancias a paraísos fiscales7. En Colombia la DIAN no cuenta con un cálculo del dinero que sale anualmente hacia esos territorios.

Medidas equivocadas

La respuesta del Gobierno de Duque a los delitos financieros ha sido timorata a nivel estratégico y casi nula a nivel técnico. En cuanto a los lineamientos generales, SINEDIAN – Bogotá, precisa que a pesar de que al interior de la DIAN algunas oficinas trabajan temas que tienen que ver con los FFI, lo cierto es que no existe una política o plan de fiscalización basada en la información que se tiene sobre estos flujos. Esto hace que Colombia no cuente con procesos de fiscalización integral, lo cual debilita las labores de inspección de mercancías y control de los flujos en el país.

Las dos principales iniciativas a nivel estratégico de Duque fueron la regulación de los beneficiarios finales y la prolongación del impuesto de normalización. Ninguna resulta contundente para combatir los delitos. El registró de beneficiarios finales tiene una definición ambigua de “beneficiario final” , no tiene procedimientos para verificar la información y a esa información solo tendrán acceso un grupo limitado de entidades, lo que limita el control ciudadano. Además, hay mayor laxitud con las empresas extranjeras.

En cuanto al impuesto de normalización, se ha promocionado como una forma de obtener recursos que están por fuera del circuito legal, pero la realidad es que, al convertirse en permanente, se vuelve un incentivo para que se evadan impuestos a sabiendas que luego se legalizan. Según los cálculos de la DIAN, 26.810 colombianos legalizaron activos por COP $37,8 billones entre 2015 y 2021. A lo que se le agrega que legalizan esos recursos pagando una tarifa de impuesto mucho menor que si la hubieran declarado dentro de los términos de la ley.

Por otra parte, la supuesta actualización tecnológica del sistema tributario, con la incorporación de la factura electrónica y la georreferenciación en los procesos de flujo de la información tributaria, enfrenta enormes retos para implementarse y no corrige las principales debilidades institucionales que los trabajadores de la DIAN con certeza han señalado. Su efectividad para combatir los flujos ilícitos está en duda por su desarticulación con otras medidas, como la de beneficiarios finales de la que se habló arriba. Lo que sí es seguro es que la factura electrónica es una amenaza para la economía informal, que genera más del 60% del PIB y del empleo, pues estas medidas dificultan el tránsito a la formalidad y restringen su acceso a los mercados porque se les dificultará hacer negocios con empresas formales.

En términos de capacidad institucional es evidente que la DIAN cuenta con sistemas ineficientes de información y con un número de funcionarios insuficiente. Según el abogado y sociólogo Tulio Roberto Vargas, presidente de UTRADIAN, Colombia tiene un funcionario por cada 9000 personas, mientras que en países como Luxemburgo cada funcionario cubre apenas a 1200 personas.

Conclusión

Combatir los delitos financieros y comerciales requiere de la conjugación de los esfuerzos de diversas entidades del Estado: DIAN, Fiscalía, Unidad de Información y Análisis Financiero, Mincomercio, entre otros. Actualmente, el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando no cubre las necesidades de contar con una instancia interinstitucional que coordine a las autoridades para perseguir de forma efectiva los FFI.

Es necesario mejorar la capacidad operativa de la DIAN en términos de cantidad de funcionarios y presencia en las ciudades. Se deben fortalecer los sistemas de información y su interacción con sistemas de otras instituciones del Estado mediante la actualización tecnológica y técnica. Los sindicatos de la DIAN han propuesto una modificación legislativa que tiene que ver con la firmeza de la declaración del impuesto de renta para mejorar la recaptura de estos flujos en el corto plazo y sin mayor costo.

Los últimos análisis de Global Financial Integrity, Cedetrabajo, entre otras organizaciones, han ofrecido evidencia del continuo crecimiento de estos delitos financieros. Modificar esta realidad exige implementar una reforma tributaria estructural de largo plazo, la cual debe ser concertada con los sectores económicos para ajustar su implementación de acuerdo con el contexto económico. Sin lugar a dudas, la necesaria renegociación de los Tratados de Libre Comercio y acuerdos de inversión suscritos en las últimas décadas que debilitaron el papel del sistema judicial y tributario marcarán buena parte de las condiciones de avance en materia regulatoria. En el marco de ese proceso, sintonizadas medidas de política fiscal y monetaria se deben adelantar para evitar traumatismos en la producción y el empleo.