El 15 de abril el Gobierno de Duque presentó la propuesta de reforma tributaria “ley de solidaridad sostenible”, que de ser aprobada sería la tercera reforma tributaria de su mandato después de la “ley de financiamiento” de 2018 y la “Ley de crecimiento Económico” de 2019.

Este Proyecto de Ley responde a la implementación de las exigencias de la banca internacional, el FMI y la OCDE para que el país tenga acceso a más deuda para atender en el corto y mediano plazo la crisis económica y los estragos de la pandemia del COVID – 19, la cual llegó a Colombia a finales del primer trimestre del 2020. Al tiempo, el proyecto busca apaciguar a la población con programas que van a costar una tercera parte de lo recaudado, específicamente el 30.8% ($7.2 billones) del potencial de recaudo de $23.4 billones promedio por año, lo cual representa menos de un 1% del PIB.

La reforma planteada por el Gobierno de Duque, en cabeza del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, no resuelve los problemas que la Pandemia trajo sobre la economía, sino que los profundiza insistiendo en un esquema tributario erosionado que no se adecúa a las necesidades del país. Las fuentes de nuevos recursos recaen sobre el IVA, impuesto regresivo que encarece los productos básicos y promueve el consumo de productos importados, y el impuesto de renta a personas naturales, en el cual el 1% más rico de la población tributa con las mismas tasas de la clase media.

La propuesta se formuló en el peor momento de la pandemia en Colombia y bajo supuestos que no reflejan las condiciones que la economía colombiana va a tener que enfrentar los próximos dos años, periodo en el que al ritmo actual Colombia lograría vacunar al 70% de la población. Así mismo, insiste en el esquema de reducción de la pobreza y la desigualdad, pues después de 20 años de aplicación de programas como familias en acción está demostrado que el GINI apenas cambia antes y después de impuestos y transferencias.

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