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Para arrancar en firme con la venta de las acciones de Isagen, el Gobierno estaba a la espera del decreto que aprobara el nuevo precio de los títulos.

Hoy, este ya no es un tema que le preocupe, pues hace dos días se oficializó el documento y éste ya puede proceder a publicar el primer aviso de la oferta, pese a que la adjudicación de la energética actualmente enfrenta varias demandas.

Gracias al documento, la fecha en la que se presentará al mercado la parte accionaria del sector solidario, podría conocerse la próxima semana. Para dicha oferta, se aprobó el incremento de 11,5% del precio mínimo de la acción, que llegaría hasta $3.178 pesos.

De acuerdo con lo que manifestó en su momento el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, la demora en el inicio de esta primera etapa se debía más a la complejidad del proceso, así como los documentos que debían alistar, que a las demandas que ha enfrentado la decisión de venta.

“Ya se expidió el nuevo decreto con el aumento del precio base y estamos esperando las decisiones del magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las medidas cautelares, esperamos que no las haya y seguiremos adelante. Este es un proceso que va, no a la carrera, sino paso a paso y queremos maximizar el valor de la compañía para poder destinar los recursos a activos más productivos, que generen empleo”, señaló el ministro.

Aún así, es posible que las demandas se conviertan en una piedra en el camino de Isagen, porque si se llega a ejecutar la venta y alguno de estos procesos sale a favor de los demandantes, la enajenación de las acciones se consideraría ilegal. Así lo señaló Mario Alejandro Valencia, miembro de la Red de Justicia Tributaria, entidad que la emprendido dos demandas contra la venta y ha solicitado la nulidad.

De acuerdo con lo argumentado por Valencia, la cartera de Hacienda deberá responder ante dos incumplimientos: primero, “el (Ministerio) tiene que notificar en los primeros 60 días del año un plan de enajenación al Congreso y el Gobierno no lo presentó en los términos de ley”. Y, segundo, “en el marco fiscal de mediano plazo no se consideró la venta , en ninguna parte aparece esta planeación. Se tienen que seguir los procedimientos”, explicó.

Hasta el momento se han instaurado además de las anteriores, otras dos demandas contra la venta de la electrificadora. La primera fue una acción de tutela por parte de Sintraisagen, pero fue declarada improcedente, y la segunda es la presentada por el expresidente Álvaro Uribe ante el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, la cual fue ampliada tras conocerse el nuevo precio.

La opinión

Mario Alejandro Valencia
Miembro de Justicia Tributaria

“Si el Gobierno anuncia la venta y luego el Consejo de Estado llega a fallar a favor alguna de las demandas, las compras serían ilegales”.