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El exalcalde Jaime Castro calificó como un error mayúsculo de la comisión del plan del Concejo de Bogotá la aprobación de la enajenación de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

El exmandatario capitalino, que apoyó la candidatura de Enrique Peñalosa, lamentó que el alcalde y el presidente de la ETB llegaran no a manejar con gerencia la empresa sino con el deseo de venderla desde el primer día.

Dijo que aunque no ha estudiado de fondo la aprobación, es evidente que en la discusión de un Plan de Desarrollo no se pueden aprobar artículos de carácter tributario o venta de activos.

Sostuvo Castro que no sólo será la venta de la empresa de telecomunicaciones sino además la Transportadora de Gas Industrial, TGI, que lleva a la ciudad a perder empresas bastante rentables.

El exalcalde lamentó que las gerencias de la ETB se equivoquen tanto como cuando vendieron las acciones de Claro o las de Tigo, que llevó a la ciudad a perder posición frente a las grandes empresas de telecomunicaciones.

Agregó que ojalá la plenaria corrija el error y se abstenga de aprobar esa venta.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, coincidió con el exalcalde y dijo que en primer lugar, “la Administración incurrió en actuaciones ilegales contra la ley 226 de 1995 que señala que se deben presentar documentos detallados que demuestren la conveniencia y oportunidad de vender el patrimonio público, cualquiera sea el ente territorial, que permitan, en este caso al Concejo, tomar decisiones informadas y bien fundamentadas”.

Añadió que el “estudio técnico respectivo, que es una simulación de un formalismo, se conoció apenas el pasado domingo 22 de mayo a las 4:36 de la tarde cuando ya se había iniciado la deliberación y a pocas horas de la votación del Plan”.

Así mismo, indicó que “no incluye la valoración de la Empresa, contiene cifras que no coinciden ni con los Estados Financieros ni con las cifras oficiales publicadas por la propia ETB ni concuerdan con la información enviada por la ETB como respuesta a derechos de petición”.

“En resumen”, dijo: “más que un estudio, es una burla a lo prescrito por la Ley, las irregularidades cometidas en el caso de Isagen, le quedan chiquitas”.