Negativo balance el que realizó la junta nacional de las Dignidades Agrarias al analizar los acuerdos rubricados con el gobierno; éste luego de firmar para que se levantaran los paros campesinos, se ha mostrado remolón para concretar lo refrendado.

En el caso del arroz, los precios acordados en marzo, fueron birlados mediante perversas costumbres que la molinería utilizó para quedarse “con el santo y la limosna”, liquidando los productos con enorme menoscabo para los agricultores y “embolsillándose” el incentivo al almacenamiento; los laboratorios de referencia que hubiesen podido utilizarse para la defensa de los productores frente a una agroindustria abusiva, terminaron en los cuartos de san alejo de un gremio incapaz de un acto de valor para hacer prevalecer el interés de sus asociados. Pasmosa, por decir lo menos, la pasividad gubernamental ante las denuncias de los desafueros.

El proyecto de ley para aliviar las deudas y proveer los nuevos créditos, inconsulto con los productores, destinado a arreglar problemas de cartera de la banca oficial y privada, que ha convertido el crédito agrario en un negocio más, muy lejos del instrumento de fomento que requiere la producción de alimentos. Entre tanto un enjambre de abogados, al servicio del agrocomercio convertido en banca sustituta, para cuyas acreencias el proyecto mencionado hace “mutis por el foro”, ronda cual zamuros sobre los bienes y enseres de los productores, quitándoles hasta la tranquilidad.

El proyecto de ley anti-contrabando avanza a la velocidad de tortuga mientras los contrabandistas corren a velocidad de venados.

Los costos de los productos más utilizados en los cultivos se elevan escandalosamente, mientras el gobierno “cacarea” por unas medidas inocuas que hacen el hazmerreir y la delicia de los comerciantes de agroinsumos; a la par la comisión respectiva ni siquiera es citada.

La prometida investigación para responder a la “ plaga de Egipto” en que se ha convertido el vaneamiento de las espigas arroceras, continúa enredada en el laberinto de un sistema de investigación disperso e inoperante que no tiene respuestas ciertas ante la disminución drástica de los rendimientos.

Las importaciones continúan y lo que es más grave el gobierno eterniza firmando TLC y defendiendo esa política que no resiste análisis ninguno cuando la realidad ha mostrado que es un verdadero “sunnami” contra la producción nacional de alimentos.

¡Ah!, es más, los reciben los ministros, los escuchan pero no resuelven los problemas. Se agota nuevamente la paciencia al punto que la fórmula se repetirá: el próximo tres de diciembre – navidad de lucha para los productores – resonarán los gritos indignados de los campesinos cuando lleguen a la plaza de Bolívar en Bogotá a emplear el único lenguaje que el gobierno atiende: el de la protesta popular.