Durante los últimos años se han realizado diferentes mediciones y evaluaciones sobre los beneficios tributarios que recibe el sector minero-energético y su costo sobre las finanzas públicas, lo que se conoce como el costo fiscal. Existe abundante evidencia de que este sector recibe un trato privilegiado, en lo que se refiere a la compensación con la que debería contribuir al Estado, para resarcir las externalidades negativas que genera. Una de ellas, por ejemplo, es la posibilidad de reducir la renta gravable, contabilizando como costo las regalías, que en realidad son la participación de la Nación en la actividad minera por ser la dueña de los recursos naturales que se extraen.

Este es el resultado de la orientación económica del país en las últimas décadas. A partir de 1990 se implementó en Colombia un modelo económico basado en la teoría de las ventajas comparativas, que indicaba que el país debía especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tenía menor costo relativo. En principio se establecieron algunos productos agrícolas tropicales, pero ante las dificultades generalizadas de la producción y el trabajo en este sector, y ante el aumento de los precios de los minerales en el mercado internacional, poco a poco la extracción minero-energética fue ganando preponderancia. Además de la proliferación de la pequeña minería artesanal, actividad tradicional desde antes de la llegada de los españoles, se otorgaron nuevas prerrogativas a la inversión extranjera establecidas en el nuevo modelo y se atrajeron capitales para desarrollar minería transnacional a gran escala.

De 2002 a 2010, el modelo de crecimiento se basó en lo que se denominó “Colombia país minero”. De 2010 a la actualidad se le ha denominado la “Locomotora minera”. En el proceso la economía ha sufrido la enfermedad holandesa, conocida como la forma en que la especialización en una actividad productiva y la entrada masiva de dólares de inversión y ganancias a este sector, desestimulan a otros sectores, provocando su crisis productiva y deteriorando la generación de empleo.

Diversos académicos, sectores políticos, sociales y entes de control han advertido sobre los riesgos de continuar este modelo de desarrollo. La Red por la Justicia Tributaria ha participado en el debate, aportando análisis y herramientas de medición, así como en la propuesta de más transparencia sobre la información de lo que pagan las empresas mineras en impuestos.

A este debate se suman tres elementos, que explican en gran medida por qué la economía de Colombia no crece de manera sostenida y a niveles que permitan salir del subdesarrollo:

1. La apuesta por el crecimiento basado en la extracción de recursos naturales.
2. Una estructura tributaria regresiva, que perpetúa la desigualdad, con enormes privilegios para el capital financiero.
3. La ausencia de una política de desarrollo industrial, acompañada de la suscripción de acuerdos comerciales internacionales leoninos.

En este documento se realiza un intento adicional de explicar los impactos negativos de los beneficios tributarios a la minería y los hidrocarburos. Pero en esta oportunidad, adicionalmente, se analiza qué pasaría en términos de crecimiento económico si se trasladaran esos beneficios a una actividad verdaderamente productiva, de generación de valor agregado y empleos de mayor calidad, como la industria manufacturera. Los resultados hablan por sí solos.

Para este ejercicio partimos de las siguientes hipótesis:

1. No se debe acabar con esta actividad económica, que es necesaria para suministrar materias primas a la agricultura y la industria, así como para estimular al sector servicios. Pero es necesario reorientar la política minero-petrolera para que, en el marco de una transición hacia las energías limpias, el sector aporte recursos públicos para corregir el déficit fiscal y atender los programas sociales y mejorar la competitividad de los sectores reales.
2. El sector minero-energético no requiere estímulos adicionales para atraer capitales, ni garantías a la inversión extranjera diferentes a las que ya tienen otros sectores de la economía. La inversión en este sector está fuertemente correlacionada con los precios internacionales de los hidrocarburos y los minerales, y no con los privilegios tributarios.
3. Los recursos que deja de recaudar el Estado por cuenta de los beneficios tributarios estarían mejor invertidos en sectores de más alta productividad y valor agregado, como la industria.

El objetivo de este documento es aportar para que las organizaciones y comunidades que están involucradas en los debates sobre la conveniencia de los mega proyectos mineros y de hidrocarburos, tengan más argumentos para defenderse.

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