La iniciativa de Gustavo Petro para convocar una Asamblea Nacional Constituyente carece de sustento legal y amenaza con profundizar la polarización.
La descertificación es un golpe diplomático para Colombia y un mecanismo de injerencia en la política interna del país.
El gobierno de Petro y los bancos acuerdan el pacto por el crédito que evita las inversiones forzosas, destinando $55 billones a sectores clave para la reactivación económica.
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