Políticas públicas

A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha sido testigo de una transformación significativa en sus esfuerzos por reducir la desigualdad y la pobreza a través de sus políticas públicas. No obstante, esta evolución ha destacado una brecha notoria entre las ambiciosas metas delineadas en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y la realidad de su implementación.

Esta disparidad subraya la vital importancia de comprender que la política social está intrínsecamente ligada al modelo de desarrollo del país, pues la capacidad del gobierno para llevar a cabo estas políticas de manera efectiva, transparente y sostenible se encuentra sujeta a las limitaciones presupuestales, de endeudamiento y de obsesión por la Regla Fiscal.

Estas políticas sociales dependen de aspectos macroeconómicos fundamentales, como el servicio de la deuda, que restringe el espacio presupuestario para cuestiones sociales, el déficit fiscal, la asignación presupuestaria, la distribución de responsabilidades entre el gobierno central y las autoridades regionales, así como la provisión de bienes y servicios, ya sea a nivel público o privado.

Con la apertura económica de la década de los 90, los PND buscaron cerrar las brechas de desigualdad a través de programas de generación de empleo y la reducción de disparidades en educación y salud, con un enfoque especial en la familia, la niñez y la nutrición. Esto se realizó para corregir los desequilibrios en la demanda laboral y la regresividad del gasto público social en diversos sectores de la economía. En los gobiernos del siglo XXI, la política social se ha centrado en la focalización de transferencias monetarias y programas de asistencia.

Sin embargo, en los últimos cuatro planes de desarrollo, no se ha observado una evolución significativa en las políticas diseñadas para afrontar estos desafíos, ya que continúan enfocándose principalmente en la focalización social, dejando de lado un enfoque más integral que abarque el crecimiento económico, la transformación productiva y la inclusión social.

En este contexto, resulta crucial comparar las políticas públicas implementadas por el presidente Iván Duque durante su mandato entre 2018 y 2022, que representaron una continuidad de la política de asistencia tradicional, con las propuestas de política presentadas por el presidente Gustavo Petro desde su toma de posesión. Este análisis se centrará exclusivamente en los temas directamente relacionados con la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, examinando tanto los puntos comunes como las diferencias entre las propuestas de ambos presidentes.

Aspectos macroeconómicos

Una de las apuestas transversales de Petro es la descarbonización de la economía, lo cual se plantea desde tres ejes: transición energética, electrificar movilidad y quitar los combustibles fósiles de la producción. Duque arrancó la instalación de fuentes de energía renovable en 190 proyectos. Petro, además de continuar los proyectos que inició Duque, propone “las comunidades energéticas”, en las cuales las personas y las comunidades producen energía a baja escala.

 Duque priorizó la gran minería, pero dejó de lado al pequeño minero. Petro anunció la presentación de un proyecto de ley para establecer una alianza entre el pequeño minero y el Estado, dónde se respete el agua. La propuesta es pasar “del extractivismo a la producción”. La premisa es que el mundo productivo genera trabajo y riqueza. Así que hay que reactivar la industria, la agricultura y el turismo.

 La Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido uno de los pilares de la política económica de los últimos presidentes. El Gobierno de Duque continuó esa senda priorizando la IED en el sector minero-energético. Petro plantea dar un viraje en ese enfoque y la Política de Comercio Exterior y la Política de Reindustrialización lanzadas en su periodo buscan atraer IED para las energías renovables y los sectores que aseguren la sostenibilidad ambiental.

 Las dos políticas también enfatizan que la IED debe garantizar la transferencia de tecnología; fomentar la colaboración entre las empresas, la academia y el Estado; integrar a Colombia en las cadenas globales de valor; e impulsar el desarrollo de las MiPymes.

En el campo de las relaciones internacionales el Gobierno de Petro pone un énfasis en el “Sur global”. Lo que implica estrechar y promover las relaciones con Suramérica y con los países de África y Asia. Para Petro, las nuevas relaciones internacionales también deben contribuir a fomentar el turismo. De ahí que la apertura de embajada en Catar, el compromiso de abrir embajada en Etiopía y la eventual embajada en Arabia Saudita sirva para atraer turistas de nuevas partes del globo.

En el tema del manejo de la deuda pública Petro ha hablado de canjear deuda por acción climática. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que la idea precisa es la de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Se trata de emitir bonos con objetivos precisos, que en este caso sería combatir la deforestación y tomar medidas con impacto ambiental y social.

Los ministros de Hacienda de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo y Ricardo Bonilla, también han sido defensores de cumplir la regla fiscal y de mantener contentas a las calificadoras de riesgo. Esa visión es lo que explica que se siga destinando a la deuda el 18,8% del presupuesto (como está planteado en el presupuesto del 2024), el afán del Ministerio de Hacienda para prorrogar parte de la misma y el aumento del precio de los combustibles para sanear el Fondo de Estabilización.

Una de las grandes promesas del actual gobierno es la industrialización y el desarrollo productivo. Uno de los prerrequisitos es la reforma agraria.

Para aumentar la capacidad productiva del país se debe impulsar la educación y la competencia. Petro ha sostenido que esta última no se da si hay monopolio sobre la tierra, si cinco empresas controlan la generación de energía, etc. El aumento de la productividad en el campo se logrará con la reforma agraria y con crédito más barato. En este sentido, se creó la estrategia de inclusión crediticia de la economía popular, CREO. La educación será impulsada con un aumento presupuestal del 34% en el 2024 en comparación con el 2023.

Petro habla de titulación y distribución de la tierra. La titulación de la tierra no significa cambiar la propiedad, sino reconocer a los propietarios. Durante su mandato ya se ha hecho en 750 mil hectáreas de los indígenas, 170 mil hectáreas de campesinos y 140 mil hectáreas a negritudes. Aunque un informe de la revista Cambio dice que la mayoría de esos predios ya venían en el proceso de titulación desde el Gobierno anterior.

Duque repartió 13.000 hectáreas en 4 años, Petro anunció que lleva 30.000 hectáreas, casi todas compradas, la obligación es llegar a los 3 millones qué dice el Acuerdo Final.

Provisión de bienes y servicios públicos

La provisión de bienes públicos tiene un impacto redistributivo. En general, favorecen más a la población de menores ingresos. De manera que reducir la desigualdad requiere más y mejores bienes públicos. Tanto Iván Duque como Gustavo Petro reconocen la necesidad de avanzar en la oferta de bienes públicos. En el Plan Nacional de Desarrollo de Duque se habla de mejorar los hospitales públicos, crear infraestructura de salud en el área rural por medio de “incentivos con entidades territoriales y sector privado” y “megaproyectos de asociación público privada (APP) relacionados con infraestructura y dotación integral en salud”.

 En el sector rural el PND de Duque planteó asignar al menos el 50% de la inversión sectorial para la provisión de bienes y servicios públicos, lo que incluía infraestructura vial, conectividad digital y vivienda rural. Para ese objetivo “se fomentará la participación del sector privado y la ciudadanía”.

 Estos dos ejemplos muestran un hecho que se repite en todo lo referente a la provisión de bienes públicos, la política pública de Duque le da un papel importante al sector privado y al mercado. En el Plan de Desarrollo se afirma que la política social del gobierno está conectada al mercado porque “en su implementación tiene en cuenta las diferentes posibilidades de provisión pública y privada dependiendo de las características del territorio y del grado de consolidación de los mercados de operadores de servicios sociales”.

 El PND de Gustavo Petro propone la provisión de bienes y servicios públicos para atender las necesidades de las personas mayores en condición de vulnerabilidad, los habitantes de calle, alcanzar la convergencia regional y el desarrollo de las mismas, la atención primaria en salud y hospitalaria y garantizar la oferta educativa. Aquí no se contempla la participación privada explícitamente ni el enfoque hacia el mercado. La financiación provendrá del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, los recursos propios de las entidades territoriales, las empresas públicas y la cooperación internacional.

Subsidios sociales del Estado

Cuando Iván Duque llegó al mandato en 2018, afirmaba en su Plan de Desarrollo que “actualmente, no hay un inventario único de los subsidios sociales del Estado, por lo cual no existe un costeo del gasto total destinado a ellos” .

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público también se pronunció en ese sentido en 2021 cuando recordó que «la última vez que Planeación Nacional hizo un cálculo completo del costo de los subsidios fue en 2015». Para él, la situación no se había modificado mucho en el tercer año del gobierno de Duque, por lo cual consideraba que los subsidios equivalían a cerca del 9% del PIB y que «los subsidios de carácter social equivalen al 40% del presupuesto nacional”.

Los subsidios sociales son ayudas que da el Estado para garantizar los derechos de la población. Pueden ser monetarios, en servicios (cómo créditos, capacitaciones, por ejemplo) o en bienes (ropa, alimentos, entre otros). El ideal es que sirvan para reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, en Colombia hay subsidios regresivos. Uno de los ejemplos más claros es el de las pensiones, dónde «el quintil más alto recibe el 50,8 por ciento del total de los subsidios que se canalizan hacia las pensiones, al paso que el quintil más bajo de la población recibe apenas el 4,3%”. Subsidio que se mantuvo durante el periodo de Iván Duque.

Dentro de los subsidios sociales, uno de los mecanismos que más fuerza tuvo en los gobiernos que precedieron a Duque fue el de las transferencias monetarias. La razón para que se hayan mantenido en diferentes mandatos es porque las transferencias de dinero son una de las principales herramientas para combatir la pobreza en el corto plazo. Pueden ser condicionadas, cuando su desembolso exige alguna contraprestación o un uso específico, o no condicionadas, si no exige ningún requisito adicional al de ser beneficiario por el mecanismo de focalización utilizado.

Duque reconoció la necesidad de continuar con los programas de transferencias condicionadas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción y con las transferencias no condicionadas de Colombia Mayor. Además de esos 3 programas, el Gobierno de Duque implementó la Devolución del IVA para los hogares en situación de pobreza y el Ingreso Solidario como una medida para enfrentar la pandemia (por lo cual su vigencia iba hasta diciembre de 2022). Estos últimos son de transferencias no condicionadas.

Una de las apuestas de Duque fue mejorar la eficiencia y la calidad de esas transferencias. Lo que significaba encontrar herramientas para mejorar la focalización de los recursos públicos. En el Plan de Desarrollo se estableció el paso del Sisben III al IV, una forma más sofisticada para medir las condiciones de vulnerabilidad de los hogares, con lo cual también se modificó la focalización.

En las transferencias monetarias, aparte de los rediseños en la focalización, se planteó cambiar el programa Familias en Acción para que garantizara el beneficio de la totalidad de familias con menores de edad. También estableció ampliar las opciones de transferencias monetarias para cobijar a los hogares pobres que no estaban beneficiados.

El Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro planteó que las transferencias monetarias y las transferencias en especie se deberían manejar bajo los principios de integralidad, efectividad y eficiencia. En ese sentido, la propuesta es establecer un sistema de transferencias que comprenda diversas “políticas, programas, planes, proyectos y agentes”.

El cambio más significativo en las transferencias monetarias sería unificar los diferentes programas en uno solo denominado «Renta Ciudadana», que debe cobijar tanto las condicionadas como las no condicionadas. Ese nuevo programa debe tener “como ejes el hogar, el ciclo de vida de cada uno de sus integrantes, y un enfoque de género y diferencial que brinde prioridad a la población con discapacidad, víctima del conflicto y con enfoque étnico”.

El nuevo programa incluye un componente transversal de bienestar comunitario cuyo objetivo será mejorar las capacidades tanto individuales como colectivas de los hogares beneficiarios. En cuanto al monto de las transferencias, los factores para definirlos son el número de miembros en el hogar, la clasificación socioeconómica del hogar, la ubicación geográfica y el ciclo de vida.

Es importante resaltar que en el segundo año de gobierno de Duque apareció la pandemia del COVID 19, razón por la cual se fortalecieron los subsidios sociales, en general, y las transferencias monetarias, en particular.

Entre los subsidios sociales que se destacan están los apoyos a las empresas para mantener el empleo, las facilidades a las empresas para obtener créditos, apoyos a las entidades territoriales, apoyos a los estudiantes a través del ICETEX y de las universidades públicas y facilidades para responder por las obligaciones tributarias (Torres, 2023). En cuanto a las transferencias monetarias, el principal impulso se dio a través de expandir el Ingreso Solidario.

 Se calcula que, al final del periodo de Duque, las transferencias de dinero cobijaron al 70% de la población en situación de pobreza y llegaron a “representar un costo anual de 1,13% del Producto Interno Bruto (PIB), 3,9% del Presupuesto General de la Nación (PGN) y 4,9% del PGN sin deuda.

Para Fedesarrollo las medidas tomadas en materia de transferencias sirvieron para que la “la pobreza total bajara del 46,6% al 44,1%, lo cual amortigua cerca del 30% de los implacables efectos de la crisis” y en lo referente a la pobreza extrema, “la indigencia se reduce de 17,4% al 12,1%, lo cual amortigua cerca del 60% del efecto de la crisis” (Fedesarrollo, 2021). Sin embargo, un estudio del BID concluye que la actuación de Duque durante la pandemia, en lo que se refiere a las transferencias monetarias, estuvo por debajo de lo que hicieron otros países de la región.

Mientras que en el promedio de Latinoamérica las transferencias cobijaron al 50% de las personas en pobreza extrema y al 42% de los que estaban en pobreza moderada, en Colombia solo llegó al 37% y el 29%, respectivamente.

El programa de Renta Ciudadana, que inició su aplicación en 2023 con una primera versión que todavía no integra Jóvenes en Acción ni Adulto Mayor, entrega hasta un millón de pesos cada dos meses a las cabezas de hogar con niños menores de edad. El programa de Ingreso Solidario daba solo 180.000 pesos cada dos meses. Lo que significa un aumento de más del 500% en el monto asignado para los beneficiarios que reciban el máximo en la Renta Ciudadana.

En el 2023 el programa les transfiere dinero a 2,2 millones de familias vulnerables, según el Departamento de Prosperidad Social. La cobertura del programa ya ha despertado críticas, pues Familias en Acción cubría 1,9 millones de hogares e Ingreso Solidario, 3,9 millones.

El 2024 será el año en que arranque oficialmente el programa Renta Ciudadana, solo en ese momento se podrá evaluar realmente cuáles son los cambios de fondo entre la política de transferencias de Petro y lo que venía de los Gobiernos anteriores.

 Una de las promesas es que se depurará y perfeccionará la lista de los beneficiados. Otro elemento en el que ya hay diferencias es en la forma de entrar las transferencias. El programa de Familias en Acción adelantaba un proceso competitivo en Colombia Compra Eficiente, que es el ente rector de la contratación pública en el país, donde participaban entidades financieras y operadores postales de pago.

En el último año de la presidencia de Iván Duque la tarifa que se llevaba el sector privado por cada transferencia de Familias en Acción era de 1.500 pesos para las personas bancarizadas y de 2.500 para las no bancarizadas.

En Ingreso Solidario las 22 entidades financieras que hacían la transferencia cobraban 1.000 pesos para los bancarizados y 2.300 pesos para los no bancarizados, según Nicolás Salazar, exdirector de transferencias monetarias de Prosperidad Social. Con la iniciativa de Petro, las transferencias de Renta Ciudadana en 2023 se han centralizado en su totalidad en el Banco Agrario, un banco estatal colombiano.   

El Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro incluye un esquema de protección al desempleo. En ese punto se propone “la exploración de nuevas formas de financiamiento para quienes no acceden a la oferta del Sistema de Subsidio Familiar”. El Plan también propone un Programa Nacional Jóvenes en Paz, el cual va dirigido a las juventudes “en condición de pobreza, vulnerabilidad y en riesgo de vincularse a dinámicas de violencia y criminalidad”.

Parte de esta iniciativa ya fue materializada en el Decreto 1649 del 2023 del Ministerio de la Igualdad, el cual le transfiere hasta 1 millón de pesos a los jóvenes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.
2. Tener residencia habitual en zonas rurales.
3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Varios de los programas del gobierno de Petro apenas están comenzando o en periodo de diseño, el presupuesto de la nación para el año 2024 apenas recién fue aprobado y hay fuertes restricciones presupuestales. Sus resultados apenas podrán ser evaluados seriamente a finales del 2024.

Política tributaria

Uno de los objetivos de la política fiscal es redistribuir la riqueza; en otras palabras, bien utilizada es un mecanismo para reducir la desigualdad. Sin embargo, un informe publicado por el BID en 2021 explica que en Latinoamérica «la política tributaria vigente no ha contribuido significativamente a reducir la desigualdad». Esto se debe a qué no son sistemas progresivos ni equitativos.

En el caso de Colombia, Iván Duque recibió una estructura tributaria en la cual el 51,8% del recaudo eran impuestos indirectos, que gravan a todos por igual; la progresividad en los impuestos directos era mínima; existían múltiples beneficios tributarios e incentivos para la evasión.

El presidente Duque hizo poco por revertir esa situación. Como concluyen Garay y Espitia (2021), la reforma tributaria de 2021 “no modifica ni altera la estructura tributaria prevaleciente tradicionalmente en el país, que incumple abiertamente los principios constitucionales de equidad, progresividad, eficiencia y transparencia, sin ser redistributiva del ingreso” (p. 106).

La última reforma tributaria que realizó Iván Duque durante su periodo fue la Ley 2155 de 2021. Poco contribuyó para combatir la evasión. El Artículo 2 creó un impuesto de normalización tributaria del 17% para los contribuyentes que tuvieran activos omitidos, lo que implicaba una tarifa menor a la del 30% que estaba vigente y es un incentivo para no pagar a tiempo ni declarar todos los activos.

El Artículo 51 otorgó beneficios de auditoría a los declarantes que aumentaran su impuesto neto de renta en al menos el 25%. Tampoco acabó los 250 beneficios tributarios que había identificado la DIAN (Torres, 2023). El único beneficio que se redujo fue el descuento tributario en el impuesto a la renta de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros pagados en los municipios, que pasó del 100% al 50%.

Otra fuente de evasión que se mantuvo fue la falta de inspección, lo cual siguió permitiendo que “más de un 20% de las personas jurídicas inscritas ante la DIAN no declaren ingresos gravables, pero buen número de ellas sí reciben, entre otros, cuantiosos dividendos no constitutivos de renta”. Otra muestra de la falta de voluntad política es que en el trámite se quitó el artículo que buscaba reducir la brecha entre los avalúos catastrales y los valores comerciales de los bienes inmuebles.

Gustavo Petro apenas llegó a la presidencia impulsó como primera medida importante su propia reforma tributaria, que fue concretada en la Ley 2277 de 2022. En el balance general, tampoco fue “una reforma estructural que cambie sustancialmente quiénes, cuántos impuestos y de qué tipo se pagan”.

Después de esa reforma se mantuvo el predominio de los impuestos indirectos sobre los directos. De hecho, en el Artículo 54 se incluye un impuesto a las bebidas azucaradas y a las comidas ultraprocesadas, lo que significa más impuestos indirectos.

El impuesto a los plásticos de un solo uso también termina afectando a todos los consumidores sin importar sus ingresos. En lo que sí avanzó la reforma impulsada por Petro fue en tomar medidas contra la evasión.

En primer lugar, no extendió los impuestos de normalización que se estaban convirtiendo en una mala costumbre del sistema tributario colombiano. En segundo lugar, hubo un aumento en la planta de personal de la DIAN, con lo cual se mejora la capacidad de vigilancia y fiscalización. Empero, al igual que Duque, no acabó con los beneficios tributarios, lo que mantiene la ineficiencia del sistema.

La falta de progresividad de los impuestos directos es otro mal del sistema tributario colombiano. La política tributaria de Iván Duque fue cuidadosa en no gravar a las personas pertenecientes al uno por ciento y al uno por mil más rico del país. Con la reforma tributaria de Petro se dieron avances en ese sentido, pero de una manera muy tímida.

Aunque se dirigió en la dirección correcta, la progresividad fue muy limitada y se mantuvo la generosidad con el uno por mil más rico. Ninguna de las dos reformas puso una tarifa progresiva a las sucesiones, las donaciones y las ganancias ocasionales, sino que mantuvieron una tarifa plana independientemente del monto.

También tienen en común las dos reformas que no incluyeron una tarifa progresiva del impuesto de renta para las personas jurídicas. Las microempresas y las grandes empresas pagan una misma tarifa sin tener en cuenta las gigantescas disparidades en las ganancias. La última reforma tributaria que hizo Duque tuvo un significativo avance al definir el criterio del “beneficiario final”.

Política laboral y pensional

El Gobierno de Iván Duque intentó una reforma laboral que no fue aprobada. Fue impulsada por uno de los principales referentes ideológicos del partido del mandatario: el expresidente y, en ese momento, senador Álvaro Uribe. El proyecto de ley iba destinado a «reducir la jornada ordinaria de trabajo» y «regular el trabajo a tiempo parcial».

La iniciativa buscaba reducir las horas laborales y otorgar a los empresarios la facultad de contratar «a tiempo parcial» a jóvenes de entre 18 y 28 años. Según Duque, la contratación por horas podría aumentar la generación de empleo y aumentar el número de cotizantes. Lo que sí aprobó fue la Ley 2101 de 2022 que reduce de manera gradual la jornada laboral sin disminuir el salario.

La Reforma Laboral presentada por Gustavo Petro busca que los contratos a término fijo no puedan superar los tres años, ni en un solo contrato ni después de las prórrogas.

Se entiende que si una misma labor dura más de ese tiempo, no es una necesidad temporal del empleador, sino que es algo permanente y debe ser contratado a término indefinido. De igual forma, busca especificar los contratos de obra o labor para que no sea una forma de camuflar contratos con relación laboral.

Así que, si el empleador pone funciones por fuera de la labor o sigue pidiendo servicios luego de concluir la labor determinada, se entenderá que es un contrato indefinido. Una de las grandes preocupaciones de la reforma laboral propuesta por Petro es que sigue permitiendo la tercerización, lo que permite que una empresa no contrate directamente a sus trabajadores, sino que contrate a otra empresa y que está última sea la que vincula a los trabajadores.

En cuanto a la reforma pensional, existió la intención de eliminar el régimen de prima media y aumentar gradualmente la tasa de cotización. Según el Ministerio de Hacienda, la edad de jubilación no se modificaría. Lo que sí proponía era aumentar las contribuciones mensuales de los cotizantes, incrementando así los aportes a la pensión.

La propuesta buscaba establecer un sistema de pensiones único y eliminar los subsidios para las personas de estratos socioeconómicos más altos. Colpensiones no desaparecería, pero operaría de manera similar a los fondos privados, es decir, bajo el régimen de ahorro individual.

En la Reforma Pensional propuesta por Gustavo Petro Colpensiones se reduciría únicamente a las pensiones de menos de tres salarios mínimos y sería el componente de prima media. Los trabajadores que coticen más de tres salarios entrarían al componente complementario de ahorro individual, manejado por los fondos privados.

En los dos casos harían parte del pilar contributivo. Quienes coticen, pero no alcancen a cumplir los requisitos de pensión, entrarán en un pilar semicontributivo y recibirán un beneficio económico financiado con recursos de la Nación.

También se crea un pilar solidario para las personas mayores de 65 años que estén en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. En este caso se les dará un dinero mensual que es menos de una cuarta parte de un salario mínimo, por lo cual puede ser más relacionado con una transferencia monetaria no remunerada.    

La suerte de las reformas pensional y laboral están dependiendo de debates en el Congreso, que no tienen el camino despejado dada la pérdida de gobernabilidad producto de los resultados de las elecciones municipales y de las discordias en la coalición de gobierno.

Es importante precisar que tradicionalmente en Colombia unos son los postulados de los planes de desarrollo y otras son las realizaciones. Concretar los propósitos de los planes implica una capacidad de gestión institucional, destinar los recursos adecuados y contar con la gobernabilidad que lo permita. Hasta el momento no parece que el gobierno de Petro no cuenta con esos factores.

La política de género

En las últimas décadas, Colombia ha avanzado en la promoción de la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación y cumplimiento de las leyes, así como en la transformación de las estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género.

Las leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres en Colombia conforman un conjunto de medidas diseñadas para promover la equidad de género, eliminar la discriminación y garantizar los derechos fundamentales. Esta legislación abarca una amplia variedad de temas, como la participación política, la prevención de la violencia de género, el acceso equitativo a la justicia, la igualdad salarial y la protección de los derechos reproductivos, así como la implementación de medidas punitivas para combatir la Violencia física.

En la actualidad, se encuentran en vigor 43 leyes orientadas a la protección de los derechos femeninos, además de 15 proyectos de ley con un enfoque de género. Resalta una preocupación por detener la violencia física que afecta a las mujeres, fortalecer las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, así como fomentar la participación política y el reconocimiento a las labores de cuidado.

A pesar de los esfuerzos legislativos por abordar la violencia física y psicológica de género, que incluyen programas educativos y medidas punitivas dirigidas a los agresores, la introducción del delito de feminicidio no ha logrado impactar de manera significativa en las cifras de los asesinatos de mujeres.

Aunque se han implementado medidas preventivas y sanciones más severas, sigue siendo apremiante la necesidad de aproximarse más a las raíces profundas de la violencia de género y de continuar trabajando en la transformación cultural y social que perpetúa esta problemática.

En el ámbito laboral, Colombia ha promovido la igualdad de género a través de la Ley 581 de 2000, que busca garantizar el acceso y la participación equitativa de las mujeres en el empleo y la protección de sus derechos laborales. También existe la Ley 1257 de 2008, mencionada anteriormente, que prohíbe la discriminación de género en el ámbito laboral y establece sanciones para aquellos que la violen.

Históricamente, la presencia de las mujeres en el mercado laboral ha sido menor en comparación con la de los hombres. Sin embargo, durante la pandemia, se mostró un fenómeno preocupante: las mujeres mostraron una tendencia a abandonar de forma persistente sus empleos remunerados, mientras que los hombres, por el contrario, experimentaron un incremento.

Todavía existen retos importantes en materia de igualdad de género en el ámbito laboral en Colombia. Por ejemplo, las mujeres colombianas siguen estando mayoritariamente representadas en ocupaciones de baja remuneración y con poca autonomía. Además, las mujeres colombianas siguen siendo más propensas a sufrir violencia laboral que los hombres.

En cuanto a la participación política, Colombia ha implementado medidas para fomentar la representación equitativa de mujeres en los cargos de elección popular.

Establece que al menos el 30% de los candidatos en las listas electorales deben ser mujeres. Además, el país ha promovido la creación de mecanismos para garantizar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones políticas, implementando las listas paritarias.

Manzanas de cuidado

En los últimos años, ha surgido un aumento en el reconocimiento de las actividades de cuidado que las mujeres desempeñan en Colombia. Estas tareas de cuidado, que abarcan desde el cuidado de niños y ancianos hasta las labores domésticas, han adquirido una relevancia notable.

Según el DANE, estas responsabilidades tienen un impacto considerable en la economía del país. Se estima que, en el año actual, las mujeres aportarán aproximadamente 230 billones de pesos, lo que equivale al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Sorprendentemente, esta contribución económica derivada del trabajo de cuidado se posiciona como el segundo sector más importante en la economía nacional.

Las Manzanas del Cuidado son parte del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá y concentran, con un criterio de proximidad, servicios de cuidado, tanto nuevos como existentes, garantizando el acceso en un radio de 20 minutos. Su propósito es brindar servicios cercanos a las viviendas de quienes cuidan y necesitan cuidado, permitiendo la prestación simultánea: mientras el cuidador accede a formación o respiro, la persona que requiere cuidado disfruta de espacios de bienestar y desarrollo de capacidades.

El Acuerdo 151 de 2023 institucionalizó el Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá, que era un programa de gobierno de la actual alcaldía. Esto lo convierte en parte de la política pública de los asuntos de género de la ciudad.

Los servicios ofrecidos por las Manzanas de Cuidado han beneficiado a cerca de 400.000 mujeres durante los tres años de su implementación. Si bien representan un avance en la promoción de los derechos de las mujeres, es importante destacar que su alcance sigue siendo limitado en relación con el número de personas que se dedican a trabajos de cuidado no remunerados en Bogotá.

Se estima que alrededor de 1.2 millones de mujeres en la ciudad están involucradas en estas tareas de cuidado, lo que significa que la cobertura de las Manzanas de Cuidado todavía no alcanza a una parte significativa de la población que podría beneficiarse de estos servicios. Aunque representan un avance, se reconoce que hay un camino por recorrer para lograr un mayor impacto y llegar a un número mayor de personas que requieren apoyo en este aspecto.

Para lograr un mayor alcance y beneficio, es esencial fortalecer la financiación de esta política, permitiendo así que un número creciente de mujeres en la ciudad se vean beneficiadas por estas iniciativas.

Ministerio de la Igualdad

Según la CEPAL en 2023, el 44% de los países de América Latina, incluyendo a Colombia, cuentan con ministerios dedicados a promover la igualdad de género y la equidad en todos los ámbitos de la sociedad, como el recién creado Ministerio de la Igualdad en Colombia.

Sin embargo, el presupuesto asignado a estos ministerios suele ser limitado, lo que puede dificultar el cumplimiento de sus objetivos. Además, la burocracia puede ralentizar la implementación de las políticas y programas.

Por ejemplo, el presupuesto anual del Ministerio de la Igualdad de Colombia asciende a aproximadamente $500.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale al 0,9% del presupuesto gubernamental total. En comparación, este monto es notablemente menor que el asignado a otros ministerios, como el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto anual de aproximadamente $54,8 billones de pesos colombianos.