Pobreza y desigualdad

Según Amartya Sen (1992), los fenómenos de pobreza y desigualdad no deben ser abordados como problemas independientes entre sí; en cambio, son situaciones estrechamente interconectadas.

La falta de oportunidades para las poblaciones más excluidas de las dinámicas sociales y económicas puede generar un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad y la pobreza. Estos dos conceptos, aunque a menudo se entrelazan, son distintos en su naturaleza y manifestaciones.

Aunque la definición de pobreza depende de la escuela de pensamiento desde la cual se analice, es un concepto que permite agrupar a una parte de la población que no encuentra posibilidad para insertarse en la vida económica, social y política del país (Reyes, 2008).

En la mayoría de los estudios económicos, la pobreza se define como la carencia o insuficiencia de ciertas condiciones o la obtención de ingresos por debajo de un límite establecido.

De manera más técnica, para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se refiere a “la carencia de ingresos suficientes con respecto al umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza, que corresponde al costo de una canasta de consumo básico”.

El concepto de desigualdad económica ha sido objeto de numerosos debates y controversias desde su origen, y sigue generando fuertes desacuerdos en la actualidad.

En términos generales, la desigualdad se refiere a la concentración de ingresos, riqueza y oportunidades en manos de unos pocos, lo que puede socavar tanto el bienestar como el rendimiento económico y la cohesión social de una sociedad.

Para Ruales y Benavides (2022), se refiere a “la distancia que existe entre la población de un país o un territorio en específico, en términos de distribución inequitativa tanto de recursos como de oportunidades, al interior de una sociedad que ha sido catalogada como homogénea”.

Es importante destacar que la desigualdad no está necesariamente ligada a la presencia de pobreza. De hecho, la desigualdad puede aumentar incluso en períodos de fuerte crecimiento económico.

Es concebible que exista desigualdad sin que necesariamente haya pobreza, y a su vez, puede existir pobreza sin que haya un nivel significativo de desigualdad, ya que este último concepto se refiere a las disparidades en los estándares de vida de la población, independientemente de si dicha población está en situación de pobreza o no.

Como resultado de más de 3 décadas de aplicación de las políticas de liberalización económica, Colombia se posiciona como uno de los territorios de América Latina con peor desempeño en materia de pobreza (Gráfica 1) y desigualdad (Gráfica 2).

Pobreza en Colombia

Como se señaló anteriormente, el concepto de pobreza se refiere a la condición en la que las personas o familias no tienen acceso a los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, atención médica y educación.

Se presenta en dos dimensiones principales, la monetaria y la multidimensional; La monetaria representa una falta de recursos, bienes y servicios mínimos necesarios para una vida digna. La pobreza multidimensional, por otro lado, abarca una gama más amplia de carencias, que van más allá de los ingresos, incluyendo aspectos como la salud, la educación, la vivienda y la participación social.

Pobreza monetaria

En cuanto a la pobreza como producto de factores económicos la medición de ella, en términos monetarios, se basa en variables comunes, pero su definición depende de cómo se mide el nivel mínimo necesario para una vida digna, conocido como la «línea de pobreza».

La CEPAL señala que los diferentes organismos utilizan umbrales diferentes, lo que complica la comparación de tasas de pobreza entre países debido a las diferencias en los métodos de medición y supuestos subyacentes. En general, la incidencia de la pobreza monetaria se entiende como el porcentaje de población cuyos ingresos son menores al dinero que necesita para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir en el mes.

Durante el presente siglo, en Colombia la reducción de la pobreza se ralentizó. Entre 2002 y 2010 la tasa de incidencia de la pobreza monetaria se redujo en promedio a razón de 5% por año, en contraste con el periodo 2011 y 2019, en el cual la pobreza se redujo en promedio un 3% por año.

Mientras que en la primera década de este siglo (2000-2010) salieron de la pobreza 3.5 millones personas, en la segunda (2011-2019) lo hicieron 2.6 millones aproximadamente (Tabla 2.).

La pandemia del COVID 19 golpeó en un momento de retroceso en materia de pobreza, desde 2018 los indicadores empezaron a retroceder. Entre 2018 y 2019 la pobreza monetaria creció un 3% y la pobreza monetaria extrema un 17%.

En 2020, la pandemia expulsó a la pobreza a 3.6 millones de personas y a la pobreza extrema a 2.8 millones de personas. Esto representa un 60% de las personas que habían logrado salir de la pobreza y un 80% de las que salieron de la pobreza extrema en las últimas dos décadas (PNUD, 2022).

En 2022, la pobreza monetaria en Colombia se redujo al 36.6%, disminuyendo en 3.1 puntos porcentuales respecto a 2021. La pobreza en áreas urbanas también disminuyó al 33.8%, mientras que en zonas rurales y centros poblados se situó en el 45.9%.

Esto resultó en una disminución en el número total de personas en pobreza monetaria en el país, con 1,302,469 personas saliendo de esta condición.

En cuanto a la pobreza extrema, en 2022, el 13.8% de la población estaba en esta situación a nivel nacional. En las áreas urbanas, la tasa de pobreza extrema fue del 11.0%, mientras que en las zonas rurales y centros poblados fue del 23.3%, siendo aproximadamente 2.1 veces mayor que en las áreas urbanas. Además, 130,907 personas ingresaron a la pobreza extrema en 2022 en comparación con 2021.

En 2022, las tasas de pobreza monetaria en diferentes ciudades colombianas variaron significativamente. Quibdó tuvo la tasa más alta con un 62.3%, seguida de Sincelejo con un 49.5%. Por otro lado, el área metropolitana de Manizales y Cali tuvieron tasas más bajas, con un 20.6% y un 24.0%, respectivamente.

En cuanto a la pobreza monetaria extrema en 2022, Manizales (Área Metropolitana) presentó la tasa más baja, con un 4.0%, seguida de Medellín con un 5.3%. En contraste, Quibdó tuvo la mayor incidencia de pobreza monetaria extrema, con un 31.7%, seguida de cerca por Riohacha, con un 23.3%. Entre 2012 y 2022, Quibdó, Popayán, Florencia y Riohacha fueron las ciudades con mayor incidencia de pobreza monetaria y monetaria extrema.

Pobreza multidimensional

No fue sino hasta la década de los 80 cuando se empezó a considerar la pobreza como un fenómeno multidimensional. Esto implica que su comprensión no se limita únicamente a la cantidad de ingresos o renta de una persona, sino que también abarca aspectos como el acceso a la educación, el estado de salud y otras necesidades básicas para la subsistencia.

Sin embargo, no fue hasta 1997 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe anual sobre Desarrollo Humano, dio un paso significativo al romper con la concepción previa de pobreza y establecer una nueva definición multidimensional que abarca la capacidad de llevar una vida larga y saludable, el acceso a la educación y la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida decente. (Correa Henao, 2021)

La pobreza multidimensional se ha reducido a mayor velocidad que la pobreza monetaria. Durante el período entre 2011 y 2016, hubo una disminución en la pobreza multidimensional promedio de 8,3% al año, mientras que en el período entre 2017 y 2022, se experimentó un estancamiento con avances muy limitados en la reducción de la pobreza, pues la reducción promedio anual fue de 4,6% (Tabla 3). Esto implicó la salida de 6.3 millones de personas de este indicador de pobreza (DANE, 2023).

Para el año 2022, las tasas más elevadas de pobreza multidimensional se registraron en las regiones del Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca), con un 21.4% y un 20.7% respectivamente. En tercer lugar, se encuentra la región Central con un 11.7%. Las tasas más bajas de pobreza multidimensional se observaron en Bogotá, con un 3.8%, seguida por Valle del Cauca con un 9.7%, y finalmente, las regiones Oriental y Antioquia con un índice de incidencia del 10.7% (Tabla 3). A nivel nacional, la dimensión que más contribuyó a la pobreza multidimensional fue la educación, representando el 35.0%, seguida por las dimensiones del trabajo con el 29.7%, niñez y juventud con el 13.4%, condiciones de vivienda con el 13.4% y salud con el 8.5%. (DANE, 2023)

La incidencia de la pobreza multidimensional es más alta en los hogares encabezados por mujeres como jefe de hogar. De manera similar, en todas las regiones, la incidencia de la pobreza multidimensional en personas que forman parte de hogares con jefatura femenina supera a la de personas en hogares con jefatura masculina.

En el año 2022, a nivel nacional, el 14.1% de las personas que vivían en hogares encabezados por una mujer como jefa de hogar estaban en situación de pobreza multidimensional, lo que representó una disminución de 3.5 puntos porcentuales en comparación con el año 2021. Mientras tanto, el 12.0% de las personas que residían en hogares con un hombre como jefe de hogar se encontraban en pobreza multidimensional en 2022, lo que marcó una disminución de 2.7 puntos porcentuales con relación al año 2021. (DANE, 2023).

Desigualdad en Colombia

América Latina es la región más desigual del mundo. La desigualdad se manifiesta en diversas formas, incluyendo la desigualdad de ingresos, la desigualdad en el acceso a servicios básicos como salud y educación, y la desigualdad entre diferentes grupos étnicos, regiones del país y de género (Otero-Bahamón et al., 2022). En la región, en 2020, el índice de Gini fue de 0.46, para el área urbana fue de 0.44 y para el área rural fue de 0.43.

La desigualdad en Colombia también se presenta en diferentes dimensiones además de la económica. En otros tipos de desigualdades se encuentran niveles incluso mayores, según Fedesarrollo (2022) la desigualdad en la distribución de activos, bienes y acceso a servicios básicos en el hogar es 0.14 p.p. mayor que la desigualdad de ingresos totales de los hogares y del ingreso laboral. Por lo que este fenómeno debe abordarse desde diferentes perspectivas.

Por ingresos, Colombia enfrenta una marcada desigualdad. En 2020, el índice de Gini fue de 0.55, para el área urbana fue de 0.54 y para el área rural fue de 0.46. El 10% más rico de la población concentra 35% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre concentra tan solo el 1.7% (CEPAL, 2022). Esta disparidad en los ingresos es un problema estructural que ha persistido durante décadas y ha contribuido a la brecha económica y la polarización de los ingresos.

El análisis de desigualdad en el mercado laboral en Colombia revela una serie de tendencias y brechas significativas. Entre 2010 y 2015, el país experimentó un aumento en la ocupación laboral debido al auge económico y la bonanza en la industria minero-energética, lo que resultó en tasas de desempleo más bajas. Sin embargo, esta mejora se concentró principalmente en áreas urbanas y benefició a la participación de las mujeres en el mercado laboral, aunque persisten brechas de género, especialmente para jóvenes y personas con mayor educación (Gráfica 4. ). A partir de 2016, el desempleo aumentó nuevamente, llegando al 15.9% en 2020.

Las desigualdades de ingresos se reflejaron en el mercado laboral, con el acceso diferencial al empleo perjudicando a los más vulnerables. Las diferencias entre los quintiles de ingreso familiar son notables, ya que el 20% más rico tiene tasas de ocupación más altas y tasas de desempleo más bajas en comparación con el 20% de menores ingresos.

Las brechas de género en términos de participación y ocupación laboral son más pronunciadas en los diferentes niveles educativos. Además, las tasas de desempleo son más altas para las personas con mayor educación, especialmente para las mujeres. Las disparidades en ingresos laborales se acentúan aún más, con una brecha significativa entre las personas con educación superior y aquellas sin ningún nivel educativo.

En cuanto a la calidad del empleo, la informalidad disminuyó entre 2010 y 2018, pero los niveles siguen siendo altos, superando el 45%. Se observan diferencias notables entre ciudades principales, géneros y niveles de educación, con trabajadores por cuenta propia en niveles educativos más bajos y empleados asalariados en niveles educativos más altos. Estas disparidades se acentúan con el tiempo.

La concentración de activos y servicios en los hogares es muy alta, con un índice de Gini cercano a 0.7 a nivel nacional en 2019, siendo aún más pronunciada en áreas urbanas y entre hogares con jefatura masculina y niveles educativos más altos. Esta concentración ha aumentado desde 2010, con un incremento de aproximadamente 0.06 p.p. en el índice Gini.

En cuanto a la riqueza, según cálculos de Fedesarrollo (2022) con datos de propiedades y avalúos registrados en el IGAC, así como información sobre depósitos y activos financieros. Se observa un aumento significativo en el número de propietarios y propiedades urbanas entre 2000 y 2015. Sin embargo, el tamaño promedio de cada propiedad disminuyó en ese período. El coeficiente de Gini para avalúos por departamentos varía, siendo mayor en Nariño, Bolívar y Boyacá.

En el ámbito de los depósitos, se destaca una alta desigualdad, con el 10% de los accionistas más ricos acumulando cerca del 99% del saldo valorizado en acciones en 2014, y un índice Gini de 0.89. Además, el 1% de los colombianos más ricos concentra una parte significativa de la riqueza nacional, con un aumento en su participación en el ingreso bruto nacional de 7% en 2005 a 13% en 2013.

En Colombia, la desigualdad también se manifiesta en la disparidad de acceso y calidad en educación, salud y servicios básicos. La desigualdad en el acceso a la educación y la salud restringe las oportunidades y afecta negativamente la generación de ingresos. Otros ejemplos de desigualdad incluyen la accesibilidad al agua potable, la conectividad a Internet y la vivienda adecuada. Las personas más vulnerables sufren consecuencias negativas en términos de salud, ingresos, productividad y acceso a servicios básicos.

Las diferencias en la calidad de la educación están influenciadas por factores socioeconómicos, y se observan brechas en el desempeño académico entre estudiantes de escuelas públicas y privadas. La cobertura en educación secundaria y media ha aumentado, pero las disparidades persisten, especialmente entre zonas urbanas y rurales.

En términos de salud, el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud ha mejorado, pero existe una relación positiva entre el nivel de ingreso y la afiliación. De manera que los grupos sociales con mayores ingresos son los que tienen mejores porcentajes de afiliación.

En cuanto a la conectividad a Internet, se ha incrementado, especialmente en áreas urbanas, pero la desigualdad sigue siendo evidente, con tasas más altas en quintiles de ingresos más altos. Además, el acceso al agua potable y la calidad de los servicios de agua también están relacionados con el nivel de ingreso. La propiedad de viviendas, la calidad de los pisos y la eliminación de residuos también muestran disparidades en función del nivel de ingreso.

Las disparidades en el desarrollo y la calidad de vida entre las diferentes regiones de Colombia son notables. Las zonas urbanas, como Bogotá y Medellín, tienden a tener un mayor acceso a oportunidades, servicios y empleo, mientras que las áreas rurales enfrentan mayores dificultades económicas y sociales. La falta de inversión y desarrollo en las zonas rurales ha perpetuado la desigualdad regional (Galvis-Aponte & Meisel-Roca, 2010).

Colombia tiene una población diversa, con una gran presencia de grupos étnicos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos han enfrentado históricamente la discriminación y la exclusión social, lo que ha contribuido a la desigualdad étnica en el acceso a la educación, el empleo y otros servicios básicos (Ortiz & Núñez, 2021).

Las desigualdades de género son transversales a las facetas del desarrollo sostenible. Estas brechas de género se manifiestan en múltiples dimensiones, incluyendo el mercado laboral, el trabajo no remunerado, el acceso a oportunidades económicas y el poder de toma de decisiones. En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan brechas en tasas de participación y ocupación laboral, que se amplían a medida que aumenta su nivel educativo.

En 2021, en promedio la tasa de ocupación de hombres fue del 65%, mientras que para las mujeres fue de 40%. Para el mismo año, por cada 100 hombres, sólo 62 mujeres se encontraban vinculadas al mercado laboral. En términos de ingresos laborales. El quintil (20%) de mujeres más pobres recibió el 0,8% de los ingresos laborales, mientras el quintil más rico recibió el 22,8%. Para los hombres, el quintil más pobre recibió el 2,2% de los ingresos laborales, mientras el quintil más rico recibió el 32,8% (CEPAL, 2022).

El trabajo no remunerado, en particular trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, sigue recayendo de manera desigual en las mujeres, lo que limita su autonomía económica. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades, llevando a más mujeres a la inactividad económica y afectando su participación en el mercado laboral. Además, las mujeres jóvenes en inactividad tienden a estudiar menos que los hombres de su misma edad.

La desigualdad no se limita solo al ingreso de los hogares. También se refleja en la desigualdad empresarial, donde las pequeñas y medianas empresas (MiPymes), se estima que el coeficiente de Gini se encuentra entre 0.72 y 0.95, esto es superior incluso a la desigualdad entre personas.

La desigualdad en Colombia es un problema complejo y multifacético que abarca múltiples dimensiones, desde la distribución del ingreso hasta la disparidad en el acceso a servicios y oportunidades (Otero-Bahamón, 2021). A pesar de los avances, la desigualdad persiste y requiere un enfoque más amplio y políticas públicas efectivas que aborden sus causas fundamentales.

Sectores vulnerables

La pobreza no tiene un impacto uniforme en todos los grupos de la población de un país. En América Latina, es evidente que estos fenómenos afectan de manera desigual a las personas que viven en áreas urbanas en comparación con las que residen en zonas rurales, así como a grupos específicos, como mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas mayores, niños y personas con niveles más bajos de educación.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, la población indígena es más prominente en el Amazonas colombiano, especialmente en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, donde más del 50% de los habitantes pertenecen a esta comunidad.

Por otro lado, los afrodescendientes se distribuyen en varios departamentos del país, pero en proporciones más bajas, siendo Chocó (74%) y San Andrés (57%) los lugares donde más del 20% de la población se identifica como afrodescendiente.

La Costa Atlántica y la región Pacífica albergan la mayor parte de la población étnica, con departamentos en los que se produce un solapamiento significativo entre población indígena y afrodescendiente, especialmente en La Guajira, Cauca, Chocó y Nariño. En contraste, en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, menos del 1% de la población se considera afrodescendiente o indígena.

Los resultados muestran que el acceso a Internet es el atributo con mayores niveles de privación a nivel nacional en áreas urbanas para los tres grupos étnicos. Un 77,07% de indígenas, un 63,16% de afrodescendientes y un 44,49% de no étnicos carecen de este servicio, especialmente en departamentos como Amazonas y Vaupés. La falta de Internet tiene un impacto significativo en la capacidad de interactuar con otras comunidades y acceder a la información.

En contraste, el atributo con menores privaciones a nivel nacional es el suministro de energía eléctrica, con tasas de privación del 4,97% para los indígenas, 1,61% para los afrodescendientes y 0,67% para los no étnicos. Aunque cabe destacar las carencias significativas en el acceso a energía eléctrica para los indígenas en departamentos como Chocó (31,63%) y Vichada (28,57%).

En relación a las características de la vivienda, los indígenas y afrodescendientes experimentan mayores privaciones a nivel nacional en aspectos como alcantarillado, acceso a agua para cocinar y suministro de acueducto, todos relacionados con el acceso al agua. Esto sugiere la vital importancia del acceso al agua y su tratamiento para estos grupos.

Los departamentos con los mayores niveles de privación para las comunidades étnicas en el país son Chocó, Guainía y Vichada. En general, las mayores carencias se encuentran en los departamentos periféricos, lo que los hace más vulnerables y contribuye al rezago, la segregación y la polarización.

Las poblaciones étnicas, indígenas y afrodescendientes, han enfrentado un notorio abandono y falta de apoyo por parte del Estado y las instituciones. Esta problemática se traduce en desafíos relacionados con la nutrición, el empleo, la insuficiencia de vivienda y limitaciones en el acceso a servicios de salud, educación y, en términos generales, al sistema de protección social. Estas condiciones se ven agravadas por la presencia de violencia y el conflicto armado que afecta sus territorios. (DANE, 2022)

Las comunidades indígenas enfrentan desafíos educativos significativos, tanto en jóvenes como en adultos, lo que se refleja en las estadísticas educativas de personas mayores de 24 años. Estas cifras subrayan la desigualdad, segregación y exclusión en el sistema educativo que afecta a estos grupos. En comparación, los afrodescendientes muestran un panorama educativo más favorable que los indígenas, especialmente en niveles de educación secundaria en adelante.

En cuanto a la ocupación de la población, se observa una menor proporción de personas empleadas en los grupos étnicos, lo que puede deberse a diversas circunstancias, como la composición demográfica, barreras en el acceso al empleo y diferentes concepciones del trabajo.

Factores como la falta de oportunidades laborales, la pérdida de tierras, el conflicto armado y la violencia han llevado a la migración y el desplazamiento de estas comunidades hacia las ciudades, lo que ha generado desafíos laborales. Además, es posible que la categoría estadística de «trabajo» no coincida con las percepciones de trabajo en los hogares de grupos étnicos.

Se destaca la participación significativa de los indígenas adultos en actividades domésticas, lo que puede influir en la percepción de las actividades laborales en estas comunidades. También se observa una baja proporción de personas inactivas debido a la jubilación, posiblemente relacionada con la falta de acceso a la seguridad social.

Los afrodescendientes tienen una mayor tasa de desempleo, posiblemente debido a la escasez de oportunidades laborales y la discriminación laboral, y una menor proporción de individuos con educación superior. La educación se considera cada vez más relevante para la posición laboral y la remuneración, lo que a su vez resalta la importancia de abordar la desigualdad educativa para mejorar la inserción laboral.

En cuanto a la estructura de los hogares, se observa que un alto porcentaje de hogares afrodescendientes tienen mujeres como jefas de familia, lo que destaca el papel de las mujeres en estas comunidades. Esta tendencia puede estar influenciada por la migración hacia las ciudades, así como por el impacto del conflicto armado y la violencia en la disminución de la población masculina en estas comunidades.

Los niveles educativos en las comunidades indígenas presentan notables deficiencias, con tasas de no asistencia escolar de niños de 5 a 14 años que duplican las de las comunidades afrodescendientes y triplican las de los no étnicos. Esto subraya una marcada disparidad en las oportunidades de educación para los indígenas, lo que resulta en rezago educativo y una barrera para el desarrollo del capital humano. Además, la educación oficial a menudo no se alinea con la identidad y la economía indígena, lo que dificulta el acceso de estas poblaciones a la educación.

Aunque en menor medida que los indígenas, los afrodescendientes tienen una tasa de asistencia escolar considerablemente más baja que los no étnicos, posiblemente debido a la baja calidad de la educación y obstáculos en el acceso, lo que puede llevar a problemas como el analfabetismo y el rezago socioeconómico.

En cuanto al trabajo infantil, la proporción de hogares con niños de 10 a 14 años que lo practican es más alta en las comunidades indígenas, seguida de las afrodescendientes y, finalmente, las no étnicas. Esta tendencia está estrechamente relacionada con los problemas educativos mencionados anteriormente, ya que la falta de asistencia escolar a menudo se traduce en trabajo infantil. Además, es importante tener en cuenta que las cifras pueden estar subestimadas debido a problemas en la medición y recopilación de datos.

En resumen, se observa una clara tendencia a nivel departamental, donde las poblaciones en la periferia enfrentan niveles de bienestar más bajos. En áreas con una alta concentración de población indígena, como los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, y en comunidades afrodescendientes, como Chocó, Nariño y Putumayo, se encuentran niveles educativos más bajos y condiciones laborales menos favorables en comparación con la población no étnica.

El departamento del Chocó es un ejemplo destacado, ya que los tres grupos étnicos muestran cifras preocupantes. Esto indica que las áreas con una fuerte presencia de comunidades étnicas experimentan condiciones de vida precarias, sistemas educativos y laborales deficientes, y desafíos socioeconómicos persistentes a lo largo del tiempo.

Mujeres

Así como hay diferencias entre mujeres y hombres, hay diferencias entre las mujeres de la ciudad y las que viven en la ruralidad. Para poner el caso de Bogotá, en la actualidad, el 30 % de las mujeres en Bogotá, se dedican a trabajos de cuidado no remunerados, como el cuidado de niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad. Este trabajo, que representa una actividad esencial para el funcionamiento de la sociedad, no es reconocido como un trabajo productivo por el Departamento Nacional de Estadística (DANE).

En Bogotá, las mujeres que asumen responsabilidades de cuidado enfrentan una serie de desafíos que afectan su salud, bienestar y crecimiento personal. Según datos del DANE, en promedio, las mujeres dedican tres horas al día a tareas de cuidado no remunerado. Además, es importante señalar que mientras el 90% de las mujeres realiza algún tipo de trabajo de cuidado no remunerado, esta cifra disminuye a un 60% en el caso de los hombres.

Esta situación se agrava aún más para las mujeres en áreas rurales, como lo indican los datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). En promedio, una mujer rural trabaja alrededor de 14 horas al día, pero solo recibe remuneración por aproximadamente cinco horas y media de ese tiempo.

Además, es importante resaltar que el 93% de las mujeres rurales se involucran en actividades de trabajo no remunerado, mientras que su tasa de empleo apenas alcanza el 30,6%. Como resultado, sus ingresos promedio son un 28.4% inferiores a los de los hombres que residen en áreas rurales.

En lo que respecta a la eliminación de la violencia dirigida a mujeres y niñas, a pesar de los progresos alcanzados en términos de marco legal, atención y medidas punitivas, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, muestran que:

En el año 2023, se documentaron 146 casos de homicidios de mujeres que tenían edades entre 20 y 24 años y, se reportaron 155 casos en la franja etaria de 25 a 29 años, y 132 casos en el intervalo de edad de 30 a 34 años. Estos datos resaltan que las fases de mayor productividad y reproducción en la vida de las mujeres presentan las tasas más altas.

Mientras que, en el 2022, se registraron 1.021 casos de homicidios de mujeres en Colombia, de estos, 614 se tipificaron como feminicidios y del total de los casos en 134, el presunto autor del crimen fue identificado como su pareja o expareja.

Con relación a la violencia sexual entre los años 2004 y 2008, el Sistema Médico Legal evaluó a 87.360 víctimas de presuntos delitos sexuales, de los cuales el 75% (48.021) fueron catalogados como abuso sexual y el 15% (10.211 casos) como asalto sexual. Asimismo, en el año 2022, se registraron 26.105 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales, de los cuales 23.046 fueron contra mujeres, según Medicina Legal.

A pesar de contar con un mayor nivel de educación, las mujeres se enfrentan a una menor participación en el mercado laboral. Aunque en promedio poseen una escolaridad superior a la de los hombres, solo el 54% de las mujeres se involucra en el mercado laboral, en contraste con el 74% de los hombres.

Previo a la pandemia en 2019, la participación laboral fue del 74% en hombres y 54% en mujeres, no obstante, después de los confinamientos y la reactivación económica en 2021, la tasa de participación masculina ascendió al 76% mientras que la femenina cayó al 49%, ampliando aún más la brecha.

Durante 2021, Colombia mostró índices de recuperación con un crecimiento del 10,6% en el PIB; la revitalización se centró en el comercio y el turismo, sin embargo, al regresar al empleo persisten las disparidades de género y se revela la tendencia a abandonarlo para abocarse a actividades de cuidado no remuneradas como el cuidado de niños, la cocina y tareas domésticas.

A pesar de representar el 52% de la población en Colombia, las mujeres ocupan únicamente el 19,7% de los escaños en el Congreso y tienen una presencia del 17% en asambleas departamentales, 18% en concejos municipales, 12% en alcaldías y 15% en gobernaciones a nivel local. Esta desigualdad es llamativa considerando que hay más mujeres que hombres graduándose de educación superior.