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A pesar de la despenalización, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un derecho inaccesible para muchas mujeres en Colombia

Feb 29, 2024

Por: Helen Rojas Montenegro

Coordinadora de Asuntos de Género de Cedetrabajo

La despenalización del aborto en Colombia marcó un hito, pero persisten barreras que obstaculizan su acceso, especialmente para mujeres rurales y migrantes. Urge una política integral de derechos sexuales y reproductivos para garantizar la autonomía y salud de todas las mujeres.

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El pasado 21 de febrero, cientos de mujeres se movilizaron en Colombia para conmemorar el segundo aniversario de la histórica Sentencia C-055 de 2022.

Esta decisión judicial marcó un hito al reconocer la autonomía de las mujeres al despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E) hasta la semana 24. Sin embargo, a pesar de este avance significativo, es crucial recordarle al gobierno de Gustavo Petro que este derecho no está cabalmente garantizado. Aún existen múltiples barreras que lo obstaculizan, como la falta de información, el acceso desigual a los servicios de salud y la estigmatización social.

Las barreras en el sistema de salud obligan a un 30% más de mujeres a buscar acompañamiento para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según datos de Causa Justa. Tras la despenalización del aborto en Colombia, se ha observado un aumento considerable en la demanda de acompañamiento para acceder a este servicio. Esto evidencia la necesidad de medidas adicionales como la Resolución 051 de 2023 que busca eliminar estas barreras y garantizar el acceso efectivo a la I.V.E para todas las mujeres.

En este contexto, el aumento del 10% en el número de mujeres que accedieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo mide la salud del sistema de salud en relación con este servicio. Este indicador demuestra que el sistema está empezando a responder a las necesidades de las mujeres al acogerse al marco legal vigente.

Persistentes las barreras para la I.V.E en mujeres rurales y migrantes

En las zonas rurales de Colombia azotadas por el conflicto armado, las mujeres que buscan interrumpir un embarazo se enfrentan a un panorama desolador. La violencia armada las confina a sus comunidades, las amenaza y las expone a la violencia sexual. Los servicios de salud sexual son escasos o inexistentes, obligándolas a recurrir a métodos inseguros que ponen en riesgo su salud e incluso su vida. Según Profamilia, solo el 28% de las mujeres en estas zonas tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos.

 Para las mujeres migrantes la situación no es diferente. Si bien las cifras de mujeres migrantes que acceden a la interrupción del embarazo en Colombia han aumentado, aún se enfrentan a dificultades. De acuerdo con la fundación Oriéntame, el 14% de las migrantes que abortaron entre febrero de 2022 y septiembre de 2023 lo hicieron después de la semana 12, lo que representa un aumento de más del 50% en comparación con las mujeres colombianas.

 Este dato revela una disparidad significativa en el acceso oportuno a los servicios de salud reproductiva para las mujeres migrantes, lo que puede estar relacionado con barreras lingüísticas, requisitos como el estatus migratorio, la falta de información sobre los servicios disponibles y obstáculos socioeconómicos.

Es una cuestión de vida o muerte, el aborto inseguro, sin asistencia médica, representa una de las cinco principales causas de mortalidad materna a nivel mundial, según la OMS, cobra la vida de al menos 22.000 mujeres y niñas cada año. En Colombia, el aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna.

 

La despenalización del aborto, la punta del iceberg de una política seria de derechos sexuales y reproductivos aún incipientes

 Es imperativo instaurar una política sólida en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente para un gobierno que proclamó un compromiso primordial con las mujeres. A pesar de las promesas de campaña de Petro, que destacaban los derechos de las mujeres como una prioridad central, su coherencia se ve cuestionada por la falta de actualización de la política de derechos sexuales y reproductivos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

 En este plan, se propone la formulación e implementación de una política de derechos sexuales con enfoque intersectorial e integral, pero aún no se han materializado las acciones necesarias para llevarla a cabo y no existe una fecha concreta para su pronta implementación.

 La promoción de una política nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) es un proceso gradual que tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de la población, Un ejemplo de estas medidas es México. A pesar de ser un país con una fuerte tradición católica y conservadora, México ha logrado avances considerables en la reducción de la tasa de fecundidad, la tasa de embarazo en adolescentes y la tasa de mortalidad materna.

 Incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la educación sexual integral, ha contribuido a la disminución de embarazos no deseados en México. Los centros amigables han jugado un papel importante en esta disminución al brindar a las y los población información y servicios de SSR de calidad, incluyendo el acceso a condones femeninos.

El aumento del 10% en el número de mujeres que accedieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo mide la salud del sistema de salud en relación con este servicio. Este indicador demuestra que el sistema está empezando a responder a las necesidades de las mujeres al acogerse al marco legal vigente.

En Colombia, la consolidación de una política robusta de derechos sexuales y reproductivos es un pilar fundamental para el bienestar integral de las mujeres. Si bien el debate sobre el aborto ha acaparado gran parte de la atención, es crucial comprender que los derechos sexuales y reproductivos van más allá de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un conjunto de derechos que abarca el acceso a la información, a la educación sexual integral, a servicios de salud reproductiva de calidad, a métodos anticonceptivos seguros y a una atención integral durante el embarazo y el parto.

Una política sólida en este ámbito no solo contribuye a prevenir embarazos no deseados, sino que otorga a las mujeres la autonomía y el control sobre su cuerpo y su futuro reproductivo. Esto se logra brindándoles información precisa, acceso a servicios de salud de calidad y métodos anticonceptivos seguros. Además, promueve la justicia social y la equidad al eliminar las barreras que limitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica.

En este sentido, la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” resume de manera precisa las demandas históricas de los movimientos de mujeres por la autonomía corporal, la justicia reproductiva y la igualdad.

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