La reciente tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que Colombia ha evitado durante décadas: cuál debe ser realmente el objetivo de la política monetaria del país.
En Colombia, la Constitución del 1991 estableció el lineamiento neoliberal que prioriza la estabilidad de precios y relega el objetivo de pleno empleo. La política monetaria quedó así desconectada de la economía real y de los objetivos de desarrollo productivo.
El aumento de las tasas de interés se convirtió en el instrumento predilecto del banco central para contener la inflación. En una economía como la colombiana, donde muchas presiones inflacionarias provienen de factores externos y estructurales, el uso de tasas de interés tiene efectos limitados sobre las causas del problema y altos costos sobre el crecimiento.
Colombia necesita transitar hacia un esquema donde la política monetaria no tenga como único objetivo la inflación, sino que incorpore de manera explícita el pleno empleo. Sin embargo, ese cambio no se logra a partir de la confrontación ni de decisiones unilaterales. No se construye con ataques al banco central ni con intentos de presión política sobre sus decisiones. Tampoco se logra desconociendo la importancia de la estabilidad macroeconómica.
El episodio reciente en el que el ministro de Hacienda se retiró de la Junta Directiva muestra precisamente ese problema. El gobierno ha cuestionado de manera reiterada al Banco de la República, a pesar de tener participación directa en su Junta y de haber designado a la mayoría de sus miembros.
Este estilo no es nuevo. Se ha visto en la fijación del salario mínimo sin consensos, en la forma como se impulsó la reforma a la salud, en los choques con el Congreso, las Cortes y los entes de control, y en los enfrentamientos con distintos sectores económicos. El resultado es un ambiente de polarización que dificulta la construcción de acuerdos de largo plazo.
Pero limitar la discusión a las formas del gobierno también sería insuficiente. El modelo actual del Banco de la República tiene límites que deben ser discutidos.
Desde esta perspectiva, es válido plantear que el país debe avanzar hacia un modelo en el que el pleno empleo tenga un papel central. Pero ese tránsito exige algo que hoy no existe: un consenso nacional sobre el rumbo productivo de Colombia.
No se trata simplemente de cambiar el mandato del Banco de la República. Se trata de definir qué sectores se quieren desarrollar, cómo se va a transformar la estructura productiva, qué papel jugará el crédito, cómo se articularán las políticas fiscal, industrial y monetaria.
Ahí es donde el contraste internacional resulta útil. En países como China, el banco central actúa coordinadamente con el gobierno dentro de una estrategia de largo plazo. La política monetaria no está aislada, sino integrada a objetivos de crecimiento, empleo e industrialización.
Colombia, en cambio, tiene una política monetaria que opera de forma relativamente independiente, pero sin una política productiva clara que la complemente. El problema no es solo de autonomía. Es de ausencia de dirección estratégica del Estado.
Por eso, el punto central del debate no debería ser la confrontación entre el gobierno y el Banco de la República. Debería ser cómo construir un acuerdo nacional que permita alinear la política monetaria con una estrategia de desarrollo nacional.
