Por: Laura Ortiz Galindo
El Estado colombiano como garante de la participación de las mujeres en el empleo público
Históricamente, la participación política y el acceso de las mujeres al empleo público han sido vistos como aspectos separados. Sin embargo, es la participación política la que abre las puertas al empleo público, asegurando que las mujeres ejerzan sus derechos democráticos en todos los ámbitos.
El Estado colombiano tiene la obligación de asegurar una participación adecuada y efectiva de las mujeres en los cargos de la administración pública. Asimismo, debe promover la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición social, económica y política, aspectos que son fundamentales para fortalecer el liderazgo femenino, que recordemos promueve el crecimiento de las entidades y el desarrollo económico de los países.
Con el objetivo de promover la transparencia y la equidad de género en el sector público, Colombia cuenta con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) una plataforma que centraliza datos sobre la gestión del talento humano. Anualmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) exige a todas las entidades reportar información detallada sobre la participación femenina en cargos directivos, lo que permite monitorear el avance hacia la paridad de género.
Con más de 1.3 millones de servidores públicos, el sector público colombiano representa cerca del 2.6% de la población total, según datos de Función Pública.
La caracterización reveló que el 52,58% de los cargos públicos en Colombia son ocupados por mujeres, lo que representa un total de 724.383 servidoras públicas. Este dato refleja el avance hacia una mayor inclusión y participación femenina en la administración pública. Sin embargo, aunque las mujeres representan más de la mitad de los servidores públicos, es importante analizar cómo se distribuyen en los diferentes niveles jerárquicos, ya que muchas veces su participación disminuye en los cargos de toma de decisiones o en posiciones directivas.
¿La institucionalidad ha garantizado la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas?
Con el fin de homogeneizar las legislaciones y asegurar la participación equitativa de las mujeres en la vida política, las Naciones Unidas elaboraron Recomendaciones y Plataformas de Acción que sirvieron como base para las posteriores recomendaciones institucionales internacionales.
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979, como las posteriores Conferencias Mundiales de Nairobi (1985) y Beijing (1995). Sin olvidar la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.
En Colombia, se han implementado leyes y políticas públicas para promover la igualdad de género, como la Ley 581 de 2000, que establece mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en cargos de máximo nivel decisivo. Esta ley, busca reducir la brecha en el acceso a la representación política, asegurando que tanto hombres como mujeres tengan oportunidades equitativas en los distintos niveles de las ramas y órganos del poder público, impulsando así una transformación en la administración y la superación de la desigualdad de género.
Según el último Informe sobre la Participación Efectiva de la Mujer en los Cargos de Niveles Decisorios en el Estado realizado por la Dirección de Empleo Público, reflejó en la medición del año 2023 que el porcentaje de participación de las mujeres fue del 48,61%, superior a lo señalado en la Ley 581 de 2000 que exige sea mínimo del 30%.
Pero, ¿soluciona el 30% de participación femenina la brecha de género? ¿Es esta participación justa y equitativa? Aunque este porcentaje representa un avance, la mera existencia de estas medidas no garantiza una transformación política significativa en términos legislativos.
Garantías para reducir la brecha de participación política de las mujeres
Es fundamental consolidar un empleo público menos desigual en Colombia, pero la participación política activa de las mujeres aún no se percibe como una prioridad clara. A pesar de los avances en materia de género, las instituciones y entidades públicas deben seguir implementando políticas que fomenten una participación efectiva de las mujeres, reconociendo sus diversas identidades étnicas, culturales y sexuales.
La brecha de participación política y laboral entre hombres y mujeres conlleva un costo significativo. Las mujeres, al quedar relegadas en ciertos sectores, no solo pierden oportunidades de desarrollo personal, sino que el país pierde talento que podría contribuir al crecimiento. Además, la sobrecarga de actividades de cuidado, que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, sigue siendo una barrera para su participación activa en la política y en la fuerza laboral.
El doble discurso gubernamental no va con las mujeres en la práctica
Aunque las mujeres han logrado conquistar espacios en partidos políticos, sindicatos y organizaciones de base popular, es necesario fortalecer la institucionalidad para asegurar que estas conquistas sean sostenibles y reflejen una verdadera transformación en la política y la administración pública.
El gobierno nacional enfrenta una contradicción al declararse feminista y defensor de los derechos de las mujeres, mientras mantiene en su gabinete a figuras como Armando Benedetti, Holman Morris o César Lorduy, quienes han sido denunciados por violencia de género y siguen participando en la toma de decisiones del país.
Esta incoherencia, sumada a la ineficacia de los mecanismos de denuncia, agrava la situación de violencia contra las mujeres, como lo evidencian tragedias recientes como el feminicidio de la menor Sofía Delgado. La falta de ejecución efectiva para fortalecer los sistemas de control y las políticas públicas necesarias para combatir la violencia de género refleja una ausencia de voluntad política real.
Sin cambios estructurales y sin una verdadera responsabilidad por parte del Estado, el país seguirá atrapado en patrones de desigualdad que perpetúan su subdesarrollo. La violencia de género no es solo un problema social, sino un obstáculo para el progreso económico y político.
