Colombia ha logrado una reducción parcial de la mortalidad materna en los últimos años. En 2022 se registraron 220 muertes, cifra que disminuyó a 161 en lo corrido de 2024, lo que representa una reducción del 26%. Sin embargo, el Ministerio de Salud advierte que estas cifras siguen siendo alarmantemente altas y aún están lejos de la meta nacional de 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2031. La mayoría de estas muertes son evitables y responden a causas estructurales que el sistema de salud no ha logrado resolver.

A nivel regional, el país se ubica en una posición intermedia-alta en mortalidad materna, lo que pone en evidencia las limitaciones persistentes. Con una razón de mortalidad materna de 42,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2022, el país supera a naciones como Bolivia o Guatemala, pero está lejos de alcanzar los niveles de Chile, Uruguay o Costa Rica, que reportan menos de 20 muertes.

Este panorama evidencia un problema estructural de salud pública profundamente ligado al atraso económico del país. El indicador de mortalidad materna reconocido globalmente como un reflejo del nivel de desarrollo, pone en evidencia las graves inequidades socioeconómicas, territoriales y de acceso que aún persisten en el país.

Aunque el Ministerio de Salud reporta una cobertura del 97% de mujeres embarazadas que reciben atención asistida por profesionales, esta cifra es un promedio nacional que oculta profundas desigualdades regionales. En áreas como el Chocó, La Guajira y otras zonas rurales o con alta población indígena, la cobertura efectiva es considerablemente menor, lo que deja a las mujeres gestantes de estos territorios expuestas a un riesgo elevado y a una desprotección significativa.

Las parteras tradicionales cumplen un papel fundamental en la atención materna en las regiones rurales, donde muchas mujeres embarazadas no tienen acceso a los servicios formales de salud. Sin embargo, la falta de integración de estas parteras al sistema oficial y la ausencia de apoyo institucional limitan su capacidad para brindar una atención segura y adecuada.

Esta situación contribuye a la creciente brecha en la cobertura de controles prenatales, que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025, es del 76,7% en zonas rurales frente al 82,1% en áreas urbanas. Estas asimetrías evidencian que el acceso a la atención prenatal sigue siendo desigual.

Casi la mitad de las gestantes ha sufrido violencia obstétrica en Colombia

El embarazo, lejos de ser un proceso cuidado y protegido, sigue siendo una experiencia marcada por obstáculos y maltratos para muchas mujeres en Colombia. Uno de los más graves es la violencia obstétrica, una forma de violencia de género que persiste en los servicios de salud y que, sorprendentemente, fue reconocida como delito apenas en 2018. Es decir, hasta hace menos de una década, prácticas como la negligencia médica, los tratos humillantes o la imposición de procedimientos sin consentimiento no eran consideradas una violación a los derechos de las mujeres.

A diario, mujeres gestantes enfrentan tratos indignos, discriminación y negligencia por parte del personal médico, sin que existan mecanismos efectivos de prevención ni sanción. La Encuesta Nacional de Parto y Nacimiento 2023, revela una situación preocupante, el 42% de las personas gestantes reportó haber sufrido violencia verbal durante su embarazo. A esto se suman casos de negligencia 42,2%, represión emocional 35,7% y amenazas o intimidación 27,1%.

La contradicción de la salud materna en Colombia entre la Normativa robusta y la inversión limitada

Colombia cuenta con un marco normativo robusto que, en teoría, garantiza la protección de la salud materna y los derechos de las mujeres gestantes. La Constitución Política y leyes como la Ley 2357 de 2024 otorgan una protección especial a las mujeres embarazadas y lactantes, y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) contempla una atención integral durante la gestación, el parto y el posparto mediante el Plan de Beneficios en Salud (POS). Sin embargo, a pesar de esta arquitectura legal, persisten serias limitaciones en la financiación efectiva de los servicios que estas normas prometen.

Aunque el gobierno ha anunciado un gasto total en salud de 92,2 billones de pesos para 2024 con la reforma, este aumento marginal de 929 mil millones frente al escenario sin reforma resulta insuficiente frente a las brechas estructurales que afectan particularmente a las mujeres gestantes, sobre todo en zonas rurales y periféricas. La falta de inversión específica en servicios de atención primaria —fundamentales para la salud materna— se traduce en carencias persistentes en infraestructura, personal médico capacitado y acceso a servicios básicos.

Cesáreas innecesarias en Colombia: una tendencia que pone en riesgo la salud materna

Colombia se encuentra entre los países con los niveles más altos de cesáreas en América Latina, lo que refleja no solo una tendencia alarmante, sino también un modelo de atención obstétrica que plantea serias preocupaciones sobre su calidad y la salud materna. En 2024, el 52% de los nacimientos en Bogotá fueron por cesárea, y a nivel nacional, la proporción de cesáreas alcanza el 44,6%, con una tendencia que, aunque muestra ligeros descensos en los últimos años, sigue siendo preocupantemente alta.

Comparada con otros países de la región, Colombia destaca por su alto índice de cesáreas, un fenómeno común en América Latina, pero mucho más pronunciado en este país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje ideal de cesáreas debería estar entre el 10% y el 15%, lo que pone en evidencia que Colombia está muy por encima de estos rangos recomendados, situándose entre los países con los peores indicadores a nivel global. De hecho, América Latina es la región con la mayor proporción de cesáreas en el mundo, y Colombia lidera esta lista.

El incremento de cesáreas en Colombia es el resultado de problemas estructurales dentro del sistema de salud. La baja rentabilidad de la atención obstétrica, la escasez de personal capacitado para atender partos naturales, y una creciente tendencia médica a optar por cesáreas para evitar posibles riesgos legales o complicaciones en partos naturales, son factores que contribuyen a esta práctica excesiva.

Mujeres gestantes en Colombia enfrentan altos índices de desinformación

La información disponible muestra que el desconocimiento es una tendencia alta de las mujeres gestantes en el ejercicio de sus derechos es una de las principales limitaciones. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2025, el 25,4% de las mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no recibió información clara sobre sus opciones, y un 25,2% afirmó haber sido presionada para cambiar su decisión. Estos datos revelan prácticas que vulneran directamente la autonomía reproductiva y el derecho a una atención digna y libre de violencia.

Estas barreras son especialmente pronunciadas entre mujeres jóvenes, rurales o con bajo nivel educativo, quienes tienen menos acceso tanto a información como a servicios de salud reproductiva. Aunque existen programas estatales, como los del ICBF, y normativas que buscan garantizar derechos laborales y de salud durante la gestación, la aplicación efectiva de estos derechos sigue siendo profundamente desigual.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Salud y algunas organizaciones han impulsado mejoras en el registro y seguimiento de mujeres gestantes, aún hay brechas significativas, solo el 67,9% de las embarazadas están registradas en el Sistema Nacional de Registro de Gestantes (SIRENAGEST). Esto implica que cerca de un tercio de las gestantes no cuentan con un seguimiento adecuado, lo que limita aún más la posibilidad de recibir atención oportuna y de ejercer sus derechos plenamente.

Mientras el modelo económico colombiano siga reproduciendo desigualdades estructurales, el derecho a una maternidad segura seguirá siendo un privilegio y no una garantía. La precariedad del trabajo femenino, la alta informalidad laboral —que excluye a millones de mujeres del acceso regular al sistema de salud— y la concentración del desarrollo en unas pocas regiones urbanas son expresiones claras de un patrón económico que margina sistemáticamente a las mujeres, especialmente en zonas rurales y periféricas.

El abandono histórico en infraestructura básica, transporte sanitario y redes comunitarias de cuidado agrava aún más la brecha entre los derechos formales y las posibilidades reales de ejercerlos. Tal como lo señala el propio Ministerio de Salud en su “Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal”, es clave garantizar la implementación efectiva de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP) y articularla con un financiamiento sostenido. Esto solo será posible si el país asume, con seriedad, que la erradicación de la mortalidad materna exige algo más que reformas sectoriales, requiere replantear las bases de un modelo económico que, hasta ahora, ha dejado a demasiadas mujeres atrás.