Los desafíos de la salud materna en Colombia: entre la desigualdad y el abandono

May 22, 2025

Colombia ha logrado una reducción parcial de la mortalidad materna en los últimos años. […]

Colombia ha logrado una reducción parcial de la mortalidad materna en los últimos años. En 2022 se registraron 220 muertes, cifra que disminuyó a 161 en lo corrido de 2024, lo que representa una reducción del 26%. Sin embargo, el Ministerio de Salud advierte que estas cifras siguen siendo alarmantemente altas y aún están lejos de la meta nacional de 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2031. La mayoría de estas muertes son evitables y responden a causas estructurales que el sistema de salud no ha logrado resolver.

A nivel regional, el país se ubica en una posición intermedia-alta en mortalidad materna, lo que pone en evidencia las limitaciones persistentes. Con una razón de mortalidad materna de 42,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2022, el país supera a naciones como Bolivia o Guatemala, pero está lejos de alcanzar los niveles de Chile, Uruguay o Costa Rica, que reportan menos de 20 muertes.

Este panorama evidencia un problema estructural de salud pública profundamente ligado al atraso económico del país. El indicador de mortalidad materna reconocido globalmente como un reflejo del nivel de desarrollo, pone en evidencia las graves inequidades socioeconómicas, territoriales y de acceso que aún persisten en el país.

Aunque el Ministerio de Salud reporta una cobertura del 97% de mujeres embarazadas que reciben atención asistida por profesionales, esta cifra es un promedio nacional que oculta profundas desigualdades regionales. En áreas como el Chocó, La Guajira y otras zonas rurales o con alta población indígena, la cobertura efectiva es considerablemente menor, lo que deja a las mujeres gestantes de estos territorios expuestas a un riesgo elevado y a una desprotección significativa.

Las parteras tradicionales cumplen un papel fundamental en la atención materna en las regiones rurales, donde muchas mujeres embarazadas no tienen acceso a los servicios formales de salud. Sin embargo, la falta de integración de estas parteras al sistema oficial y la ausencia de apoyo institucional limitan su capacidad para brindar una atención segura y adecuada.

Esta situación contribuye a la creciente brecha en la cobertura de controles prenatales, que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025, es del 76,7% en zonas rurales frente al 82,1% en áreas urbanas. Estas asimetrías evidencian que el acceso a la atención prenatal sigue siendo desigual.

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Casi la mitad de las gestantes ha sufrido violencia obstétrica en Colombia

El embarazo, lejos de ser un proceso cuidado y protegido, sigue siendo una experiencia marcada por obstáculos y maltratos para muchas mujeres en Colombia. Uno de los más graves es la violencia obstétrica, una forma de violencia de género que persiste en los servicios de salud y que, sorprendentemente, fue reconocida como delito apenas en 2018. Es decir, hasta hace menos de una década, prácticas como la negligencia médica, los tratos humillantes o la imposición de procedimientos sin consentimiento no eran consideradas una violación a los derechos de las mujeres.

A diario, mujeres gestantes enfrentan tratos indignos, discriminación y negligencia por parte del personal médico, sin que existan mecanismos efectivos de prevención ni sanción. La Encuesta Nacional de Parto y Nacimiento 2023, revela una situación preocupante, el 42% de las personas gestantes reportó haber sufrido violencia verbal durante su embarazo. A esto se suman casos de negligencia 42,2%, represión emocional 35,7% y amenazas o intimidación 27,1%.

La contradicción de la salud materna en Colombia entre la Normativa robusta y la inversión limitada

Colombia cuenta con un marco normativo robusto que, en teoría, garantiza la protección de la salud materna y los derechos de las mujeres gestantes. La Constitución Política y leyes como la Ley 2357 de 2024 otorgan una protección especial a las mujeres embarazadas y lactantes, y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) contempla una atención integral durante la gestación, el parto y el posparto mediante el Plan de Beneficios en Salud (POS). Sin embargo, a pesar de esta arquitectura legal, persisten serias limitaciones en la financiación efectiva de los servicios que estas normas prometen.

Aunque el gobierno ha anunciado un gasto total en salud de 92,2 billones de pesos para 2024 con la reforma, este aumento marginal de 929 mil millones frente al escenario sin reforma resulta insuficiente frente a las brechas estructurales que afectan particularmente a las mujeres gestantes, sobre todo en zonas rurales y periféricas. La falta de inversión específica en servicios de atención primaria —fundamentales para la salud materna— se traduce en carencias persistentes en infraestructura, personal médico capacitado y acceso a servicios básicos.

Cesáreas innecesarias en Colombia: una tendencia que pone en riesgo la salud materna

Colombia se encuentra entre los países con los niveles más altos de cesáreas en América Latina, lo que refleja no solo una tendencia alarmante, sino también un modelo de atención obstétrica que plantea serias preocupaciones sobre su calidad y la salud materna. En 2024, el 52% de los nacimientos en Bogotá fueron por cesárea, y a nivel nacional, la proporción de cesáreas alcanza el 44,6%, con una tendencia que, aunque muestra ligeros descensos en los últimos años, sigue siendo preocupantemente alta.

Comparada con otros países de la región, Colombia destaca por su alto índice de cesáreas, un fenómeno común en América Latina, pero mucho más pronunciado en este país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje ideal de cesáreas debería estar entre el 10% y el 15%, lo que pone en evidencia que Colombia está muy por encima de estos rangos recomendados, situándose entre los países con los peores indicadores a nivel global. De hecho, América Latina es la región con la mayor proporción de cesáreas en el mundo, y Colombia lidera esta lista.

El incremento de cesáreas en Colombia es el resultado de problemas estructurales dentro del sistema de salud. La baja rentabilidad de la atención obstétrica, la escasez de personal capacitado para atender partos naturales, y una creciente tendencia médica a optar por cesáreas para evitar posibles riesgos legales o complicaciones en partos naturales, son factores que contribuyen a esta práctica excesiva.

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Mujeres gestantes en Colombia enfrentan altos índices de desinformación

La información disponible muestra que el desconocimiento es una tendencia alta de las mujeres gestantes en el ejercicio de sus derechos es una de las principales limitaciones. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2025, el 25,4% de las mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no recibió información clara sobre sus opciones, y un 25,2% afirmó haber sido presionada para cambiar su decisión. Estos datos revelan prácticas que vulneran directamente la autonomía reproductiva y el derecho a una atención digna y libre de violencia.

Estas barreras son especialmente pronunciadas entre mujeres jóvenes, rurales o con bajo nivel educativo, quienes tienen menos acceso tanto a información como a servicios de salud reproductiva. Aunque existen programas estatales, como los del ICBF, y normativas que buscan garantizar derechos laborales y de salud durante la gestación, la aplicación efectiva de estos derechos sigue siendo profundamente desigual.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Salud y algunas organizaciones han impulsado mejoras en el registro y seguimiento de mujeres gestantes, aún hay brechas significativas, solo el 67,9% de las embarazadas están registradas en el Sistema Nacional de Registro de Gestantes (SIRENAGEST). Esto implica que cerca de un tercio de las gestantes no cuentan con un seguimiento adecuado, lo que limita aún más la posibilidad de recibir atención oportuna y de ejercer sus derechos plenamente.

Mientras el modelo económico colombiano siga reproduciendo desigualdades estructurales, el derecho a una maternidad segura seguirá siendo un privilegio y no una garantía. La precariedad del trabajo femenino, la alta informalidad laboral —que excluye a millones de mujeres del acceso regular al sistema de salud— y la concentración del desarrollo en unas pocas regiones urbanas son expresiones claras de un patrón económico que margina sistemáticamente a las mujeres, especialmente en zonas rurales y periféricas.

El abandono histórico en infraestructura básica, transporte sanitario y redes comunitarias de cuidado agrava aún más la brecha entre los derechos formales y las posibilidades reales de ejercerlos. Tal como lo señala el propio Ministerio de Salud en su “Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal”, es clave garantizar la implementación efectiva de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP) y articularla con un financiamiento sostenido. Esto solo será posible si el país asume, con seriedad, que la erradicación de la mortalidad materna exige algo más que reformas sectoriales, requiere replantear las bases de un modelo económico que, hasta ahora, ha dejado a demasiadas mujeres atrás.

Introducción

La segregación residencial es uno de los rasgos más persistentes en la configuración de las ciudades latinoamericanas. Bogotá se caracteriza por un orden residencial particularmente nítido, donde la localización del lugar de residencia de los hogares está estrechamente asociada a la posición socioeconómica (Alfonso, 2023a).

Tradicionalmente, el análisis de la segregación se ha centrado en indicadores objetivos como la localización de la población, la densidad o la distribución de ingresos. Partiendo de estos análisis que confirman la existencia de este fenómeno en la metrópoli nacional, se busca avanzar en la comprensión de cómo las desigualdades urbanas se traducen en la experiencia cotidiana de los habitantes. La forma en que las personas perciben su entorno ofrece una aproximación directa a cómo la estructura urbana condiciona la vida diaria (Guzman et al., 2025).

El presente documento de trabajo analiza la segregación residencial en Bogotá desde el punto de vista de las percepciones. Después de ofrecer una breve explicación sobre el concepto de segregación residencial y referenciar algunas mediciones existentes para Bogotá. Se examina a nivel de Unidades de Planeación Local (UPL), a partir de la Encuesta Distrital de Percepción (2025), el contexto socioeconómico de Bogotá. Luego se explora la relación entre la estructura de ingresos y la calificación al acceso a salud, educación, oportunidades laborales y espacios culturales. Finalmente se muestra la percepción de dos de sus principales estragos: el hambre y la movilidad. El análisis busca evidenciar que la segregación residencial también configura experiencias urbanas desiguales.

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1.     Segregación Residencial en Bogotá

La segregación residencial se define como un fenómeno socioespacial caracterizado por la distribución desigual de diversos grupos de población en el territorio urbano, manifestada a través de la proximidad física entre viviendas de grupos similares y la homogeneidad social de zonas específicas (J. M. Mayorga, 2019). Este fenómeno ha sido ampliamente abordado en la literatura urbana como un elemento estructurante del espacio de las metrópolis latinoamericanas, que hace referencia a la separación y a la acción de separar (Oberti & Préteceille, 2018).

Una de las primeras definiciones explícitas fue propuesta por White (1983), quien la describió como la “distribución desigual de los grupos sociales en el espacio físico”. Posteriormente, esta aproximación se profundizó al definirla como el “grado en que dos o más grupos viven separados unos de otros en diferentes partes del medio urbano” (Massey & Denton, 1988). Este enfoque fue el primero en ofrecer una metodología de medición de la segregación a partir de dimensiones como la uniformidad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento.

Desde una perspectiva latinoamericana, Francisco Sabatini (2006) identifica tres dimensiones: la concentración espacial de los grupos sociales, la homogeneidad social de los vecindarios y el prestigio o desprestigio social de los barrios.

Desde un enfoque estructural, la segregación no se limita a describir un estado de separación, sino que se entiende como el resultado de dinámicas propias del modo de producción dominante. En este sentido, constituye una acción de separar en la que intervienen activamente grupos segregadores y segregados (Abramo, 2011; Alfonso, 2005; Oberti & Préteceille, 2018; Ruiz-Tagle, 2016).

En las metrópolis latinoamericanas, la segregación residencial opera como la principal variable de ajuste espacial del mercado de vivienda (Osorio, 2024). En este proceso interviene la renta de monopolio de segregación, entendido como el sobrecosto o “impuesto privado” que pagan las clases altas para garantizar la exclusividad y excluir a otros grupos sociales de sus vecindarios (Jaramillo, 2009).

Hombre pobre sentado frente a la Catedral Primada de Colombia

En Bogotá, este fenómeno presenta una configuración particularmente nítida en comparación con otras ciudades de la región, caracterizándose por la claridad de su orden residencial segregado (Alfonso, 2023a). Uno de sus rasgos más evidentes es la dualidad norte-sur: las clases altas se concentran en el norte y nororiente, en sectores como El Refugio, Chicó Lago, Santa Bárbara y Country Club, mientras que las clases populares se ubican principalmente en el sur y suroccidente, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. La clase media, por su parte, se localiza predominantemente en un eje hacia el occidente y centro-occidente de la ciudad, en zonas como Teusaquillo y Galerías (Ibid).

Este patrón no es aleatorio, sino que responde a una segmentación del mercado de vivienda, el cual se encuentra dividido en 12 segmentos que van desde la vivienda informal hasta desarrollos de alta gama para las élites. Los productores inmobiliarios utilizan esta estructura para orientar sus decisiones de localización, reforzando así la segregación existente (Alfonso, 2023b).

Las desigualdades también se evidencian en los diferenciales de densidad urbana. Mientras vecindarios de altos ingresos como Chicó Lago presentan densidades inferiores a las recomendadas (0,7 veces), sectores populares como Diana Turbay alcanzan niveles críticos, llegando a 7,8 veces lo óptimo (Alfonso, 2023a).

En términos de medición, diversas metodologías han permitido cuantificar la magnitud de este fenómeno en la ciudad. Entre las principales se encuentran:

Índices de segregación por clases sociales (ISP, ISM, ISA): Propuestos por Alfonso (2023a), estos indicadores capturan el confinamiento de las clases sociales a nivel de UPZ a partir de variables como la posición ocupacional y el nivel educativo.

  • Clase popular (ISP): presenta un rango de 6,7 puntos, con La Flora como la zona más segregada (6,8) y Los Cedros como la menos segregada (0,1).
  • Clase media (ISM): registra un rango de 12,0 puntos, alcanzando su valor máximo en Parque Simón Bolívar – CAN y La Esmeralda (12,2).
  • Clase alta (ISA): muestra un rango de 5,5 puntos, siendo Ciudad Salitre Occidental el vecindario más exclusivo (5,5).

Índice de interacción o exposición: Mayorga et al (2020) estiman que la probabilidad de interacción entre clases es extremadamente baja. Un individuo de clase alta tiene una probabilidad de 0,004 de interactuar con uno de clase baja, mientras que en sentido inverso esta probabilidad es de 0,042.

Índice de disimilitud (Duncan): Duarte Mayorga et al (2013) calcularon un valor de 0,55 para Bogotá, indicando un alto nivel de segregación.

Densidad poblacional crítica: Sectores populares como Diana Turbay (7,8 veces), Patio Bonito (5 veces) y Bosa Occidental (47.643 hab/km²) concentran una sobreocupación severa, mientras zonas de altos ingresos como Chicó Lago (0,7) y Country Club (1,1) mantienen baja densidad, evidenciando que el 77,8% de las UPZ residenciales superan el umbral óptimo y consolidan un patrón de hacinamiento estructural en las clases populares (Alfonso, 2023a).

Estas configuraciones espaciales tienen efectos sociales profundos. La segregación genera “estragos” en las condiciones de vida de la población, tales como el hambre, el hacinamiento, la precariedad en la movilidad cotidiana y el empobrecimiento patrimonial de los hogares populares (Alfonso, 2023a; Alfonso & Osorio, 2025; J. Mayorga et al., 2017; J. M. Mayorga & Ortiz, 2020; Osorio, 2024).

Viviendas coloridas en ladera popular de Bogotá

2.     Metodología

Este documento se basa en el análisis de la Encuesta Distrital de Percepción (EDP) 2025, la cual cuenta con un diseño muestral amplio que permite realizar inferencias sobre las condiciones y percepciones de los hogares en Bogotá. Si bien en este ejercicio no se desarrollan estimaciones inferenciales, la representatividad de la encuesta permite identificar patrones territoriales robustos en la distribución de condiciones materiales y percepciones a nivel de UPL.

El análisis se estructura en tres momentos. En primer lugar, se presenta un contexto socioeconómico general de la ciudad a partir de la distribución de ingresos, la pobreza subjetiva y el estrato como proxy del acceso a servicios públicos a nivel de UPL. Este paso permite establecer la base material sobre la cual se configuran las desigualdades urbanas.

En segundo lugar, se examina la relación entre el nivel de ingresos y el acceso a servicios urbanos. Específicamente, se analiza cómo varía el acceso a salud, educación, oferta cultural y oportunidades de empleo en función del porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV. El objetivo es identificar si existen patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de la ciudad.

Finalmente, el análisis se enfoca en la dimensión subjetiva de la segregación, explorando la satisfacción de los hogares a partir de dos de sus principales “estragos”: el hambre y la movilidad cotidiana. Estos elementos permiten aproximarse a cómo las desigualdades estructurales se traducen en experiencias concretas de privación y limitación de oportunidades en la vida diaria.

Edificios residenciales de ladrillo en barrio de altos ingresos

3.     Condiciones socioeconómicas en Bogotá

En el caso de Bogotá, y posiblemente en otras ciudades latinoamericanas con altos niveles de segregación, la desigualdad urbana no solo estructura el territorio, sino también la forma en que este es percibido y experimentado. Las personas no nombran directamente la segregación, pero sí la viven y la interpretan mediante atributos como la seguridad, la belleza, la comodidad o la funcionalidad de los entornos que habitan. Cuando se analizan de forma sistemática las percepciones sobre el entorno construido, emerge con claridad que estas están profundamente determinadas por la estructura socioeconómica de la ciudad (Guzman et al., 2025).

En la Figura 1 se observa la distribución de los ingresos en Bogotá, evidenciando una estructura marcadamente concentrada en los tramos bajos y medios. El PIB per cápita de la ciudad se sitúa en aproximadamente USD 15.000 (DANE, 2024), cifra significativamente inferior a la de otras metrópolis del mundo como Nueva York (USD 110.000), Berlín (USD 70.000) y Beijing (USD 33.000), lo que da cuenta de una brecha sustantiva en términos de capacidad económica.

Figura 1
Gráfico de distribución de ingresos por UPL en Bogotá

No sé observa ninguna UPL en la que no se registren hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo. En términos de distribución, el 16% de los hogares reporta ingresos por debajo de un salario mínimo, el 55,7% se ubica entre 1 y 2 salarios mínimos, el 19,7% entre 2 y 4 salarios mínimos, y apenas el 8,7% supera los 4 salarios mínimos. Esta estructura se expresa espacialmente en la concentración de los hogares de menores ingresos en las UPL Lucero, Usme–Entrenubes, Arborizadora, Tibabuyes y Centro Histórico, mientras que los hogares de mayores ingresos se localizan principalmente en Niza, Salitre, Chapinero y Usaquén.

Figura 2
Gráfico de pobreza subjetiva por UPL en Bogotá

La Figura 2 muestra la distribución de la pobreza subjetiva en Bogotá, evidenciando que el 16% de los hogares se autoidentifica como pobre. Este indicador permite captar dimensiones no monetarias del bienestar y percepciones asociadas a las condiciones de vida. A nivel territorial, la mayor concentración de hogares que se consideran pobres se ubica en las UPL de Lucero, Arborizadora, Torca, Usme–Entrenubes y Rafael Uribe.

Figura 3
Gráfico de estratos socioeconómicos por UPL en Bogotá

La Figura 3 presenta la distribución de los estratos socioeconómicos según la clasificación de los servicios públicos. Si bien este indicador tiene limitaciones como proxy del estatus socioeconómico, llama la atención que en el 16% de las UPL se registran hogares que reportan no tener acceso a servicios públicos, particularmente en Lucero, Centro Histórico, Bosa, Tibabuyes y Niza.

4.     Desigualdad en la percepción del acceso a servicios urbanos según nivel de ingresos

Una vez establecida la estructura socioeconómica de la ciudad, se procede a analizar cómo esta se traduce en el acceso percibido a los servicios urbanos. En este sentido, se examina la relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y los niveles de acceso reportados, con el fin de identificar patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de Bogotá.

Figura 4
El gráfico compara estratos por UPL y permite observar concentración de estratos bajos en el sur y suroccidente.

En la Figura 4 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV en cada UPL, el puntaje promedio de acceso a servicios de salud disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación clara entre condiciones económicas y capacidad efectiva de acceso. Este comportamiento se organiza espacialmente en un patrón de segregación territorial marcado, donde las zonas se agrupan de manera consistente según su nivel socioeconómico.

Se identifican territorios con alta satisfacción en el acceso a salud tales como Usaquén, Salitre y Niza, que corresponden a áreas de mayores ingresos; un grupo intermedio conformado por Engativá, Kennedy y Fontibón; y, finalmente, UPL con rezagos significativos como Bosa, Lucero, Arborizadora y Patio Bonito.

Figura 5
Gráfico relaciona ingresos bajos y oportunidades laborales por UPL

A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso a oportunidades laborales disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación negativa entre condiciones económicas y acceso percibido al empleo (Figura 5).

El patrón territorial muestra extremos bien definidos. En las UPL con menor proporción de hogares de bajos ingresos (entre 20% y 30%), como Niza, Salitre y Usaquén, se registran los puntajes más altos de acceso, cercanos a 3,2–3,3. En contraste, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables (más del 80%), como Lucero, Arborizadora y Usme–Entrenubes, los puntajes descienden a rangos entre 2,75 y 2,9.

En particular, Lucero, Usme–Entrenubes y Arborizadora se ubican en el extremo más bajo del indicador, coincidiendo con los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Figura 6
La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente. El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador. No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada. El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios. A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares. El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente.

El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador.

No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada.

El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios.

A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares.

El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

Figura 7
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso cultural por UPL

Los resultados muestran que a medida que aumentan los hogares con ingresoso menores a los 2 SMMLV, empeora el puntaje otorgado a el acceso a servicios urbanos. Salud, empleo, educación y oferta cultural no se distribuyen de forma homogénea, sino que siguen la misma lógica espacial del orden residencial de la ciudad. Aunque la intensidad varía, es más fuerte en empleo y cultura, y más moderada en educación, la tendencia es consistente en todos los casos. Esto sugiere que la segregación no solo define dónde vive la gente, sino también qué tan satisfecha se siente con la accesibilidad.

5.     Percepción de dos estragos de la segregación residencial en Bogotá

Las percepciones sobre el entorno urbano constituyen una dimensión central para comprender la habitabilidad de las ciudades. Más allá de los indicadores tradicionales, la forma en que las personas valoran su experiencia en la ciudad refleja condiciones materiales concretas. En este sentido, el análisis de percepciones ofrece una vía para entender cómo las desigualdades urbanas se experimentan en la vida cotidiana.

En contextos de alta segregación, como el de Bogotá, estas percepciones no se distribuyen de manera aleatoria, sino que están fuertemente condicionadas por la estructura socioeconómica del territorio. La evidencia muestra que la calidad percibida del entorno urbano presenta una marcada heterogeneidad espacial, con mejores valoraciones concentradas en zonas de mayores ingresos y peores condiciones en áreas periféricas y vulnerables (Guzman et al., 2025). En este marco, se analiza la percepción de dos de los principales estragos de la segregación residencial: el hambre y la movilidad cotidiana.

5.1. Hambre

En Bogotá, uno de cada diez hogares reporta que, por falta de dinero, en la semana previa al levantamiento de la encuesta algunos (moderada) o todos (severa) sus miembros no pudieron consumir las tres comidas diarias (Figura 8). La distribución espacial del hambre muestra un patrón claro. La inseguridad alimentaria se concentra en el sur y suroccidente de la ciudad, configurando una gradiente territorial consistente con el orden residencial segregado

Figura 8
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso a salud por UPL

No existe ninguna UPL donde el indicador sea cero. Incluso en zonas de altos ingresos como Teusaquillo, Usaquén o Niza se registran casos de hambre, aunque en niveles bajos. Esto indica que la ciudad no se divide entre territorios con y sin hambre, sino entre distintos niveles de incidencia: zonas de baja afectación, zonas intermedias y territorios en situación crítica.

En los casos más extremos, como Lucero, Arborizadora y Torca, cerca de uno de cada cuatro hogares enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. En particular, en Lucero se observa una condición especialmente grave: uno de cada diez hogares reporta que ningún miembro pudo consumir las tres comidas diarias durante la semana anterior por falta de recursos.

Figura 9
Gráfico relaciona ingresos bajos y seguridad alimentaria por UPL

La Figura 9 muestra que la percepción de seguridad alimentaria presenta una relación negativa clara con el nivel de ingresos. A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, disminuye de forma sostenida la percepción de seguridad alimentaria, evidenciando un gradiente socioeconómico consistente con el orden residencial segregado.

El patrón espacial muestra una concentración definida en la cola inferior del indicador. UPL como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes registran los niveles más bajos de percepción de seguridad alimentaria, coincidiendo con territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica. En conjunto, estos resultados refuerzan que la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera aleatoria, sino que sigue la estructura de desigualdad urbana

5.2. Movilidad

Como se observa en la Figura 10, en 23 de las 30 UPL urbanas, el transporte público es el principal medio de desplazamiento para más del 50% de los hogares, lo que refleja una alta dependencia de este modo en amplias zonas de la ciudad, particularmente en territorios de ingresos bajos y medios bajos. En contraste, en UPL de mayores ingresos como Niza y Usaquén, el uso del transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público

Figura 10
Gráfico de medio principal de transporte por UPL en Bogotá

La relación entre el nivel de ingresos y el uso del transporte público muestra un patrón inverso al observado en el transporte privado (Figura 11). A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos menores a 2 SMMLV, se incrementa de forma sostenida la proporción de personas que dependen del transporte público como principal medio de desplazamiento.

Figura 11
Gráfico relaciona ingresos bajos y uso de transporte público

La relación entre el uso del transporte público y la satisfacción con el mismo evidencia un patrón inverso (Figura 12). A medida que aumenta la proporción de personas que utilizan transporte público como medio principal, la satisfacción tiende a disminuir de forma sostenida. Este resultado sugiere que los territorios con mayor dependencia de este modo enfrentan condiciones más precarias en la experiencia de movilidad.

Figura 12
Gráfico relaciona transporte público y satisfacción por UPL

Las UPL con mayor uso de transporte público tales como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes se ubican en los niveles más bajos de satisfacción, mientras que aquellas donde su uso es menor presentan valoraciones más altas. Para estimar la tendencia se excluyeron del cálculo las UPL donde el uso de transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público, dado que estas presentan una lógica de movilidad distinta que podría distorsionar la relación observada.

En conjunto, los resultados muestran que la dependencia del transporte público en Bogotá está asociada a menores niveles de satisfacción, consolidando una brecha territorial en la experiencia de movilidad que padecen principalmente los hogares de menores ingresos.

Reflexiones finales

  1. La segregación no solo se mide, se percibe. Los datos muestran una relación clara entre ingreso y acceso a salud, empleo, educación y cultura. Pero lo más importante es que esa desigualdad también se refleja en cómo los hogares perciben sus oportunidades. En las zonas más vulnerables no solo hay peores condiciones objetivas, también hay una percepción más limitada de acceso.
  2. La segregación es material, pero también es una experiencia subjetiva cotidiana. La experiencia urbana está determinada por el lugar donde se vive. El porcentaje de hogares con ingresos bajos se asocia de forma consistente con peores percepciones en múltiples dimensiones de accesibilidad. Esto implica que la ciudad no ofrece una experiencia homogénea.
  3. El hambre no está focalizada, está extendida en toda la ciudad. Un hallazgo es que no existe una sola UPL sin presencia de hogares que pasan hambre. No es un problema de bolsillos aislados, sino ante un fenómeno distribuido en toda la ciudad. La diferencia entre territorios no es la existencia o no de hambre, sino su intensidad. La inseguridad alimentaria es una condición estructural, no excepcional.
  4. La movilidad evidencia una desigualdad en la experiencia de la ciudad. Los datos muestran un patrón claro: a mayor uso de transporte público, menor satisfacción con el transporte. Y ese mayor uso se concentra en las zonas con más hogares de bajos ingresos.  Esto implica que quienes más dependen del sistema son quienes tienen una peor experiencia.
Referencias

Abramo, P. (2011). La ciudad caleidoscópica, coordinación espacial y convención urbana: una perspectiva heterodoxa para la economía urbana.

Alfonso, Ó. (2005). La ciudad segmentada: una revisión de la síntesis espacial neoclásica. Revista de Economía Institucional, 7(13).

Alfonso, Ó. (2023a). Bogotá inconclusa: los estragos de la desigualdad y la segregación socioespacial. Universidad Externado de Colombia.

Alfonso, Ó. (2023b). Segmentación y segregación residencial en Bogotá. Revista de Economía Institucional, 25(48), 215–239.

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