Por Diana Carolina Caicedo
Avances y desafíos en los derechos reproductivos en Colombia
Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, advirtió que los derechos de las mujeres pueden ser cuestionados durante crisis políticas, económicas o religiosas. Esta reflexión es especialmente relevante en el contexto colombiano, donde la reciente circular de la Superintendencia Nacional de Salud ha actualizado la Orden 003 de 2013, facilitando el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); sin embargo, a pesar de estos avances, este sigue siendo un tema altamente controvertido, especialmente por ciertos sectores políticos y religiosos.
La nueva normativa establece plazos específicos para el procedimiento, elimina barreras administrativas, adapta los servicios para personas con discapacidad y fomenta la educación sobre métodos anticonceptivos. No obstante, un proyecto de ley propuesto por el ala conservadora del Congreso, denominado “Estoy vivo desde la Concepción”, busca prohibir la IVE en todas las circunstancias, desafiando el marco jurídico.
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) estima que en Colombia se practican anualmente unos 400.400 abortos mediante métodos inseguros. Una prohibición total de la IVE podría elevar considerablemente este número, aumentando los riesgos para la salud de las mujeres.
En este contexto, la OMS advierte que los abortos inseguros son una de las principales causas de complicaciones y muertes maternas en países con leyes restrictivas. Así, el proyecto de ley que pretende restringir el acceso al IVE pone de manifiesto cómo los derechos de las mujeres en pleno siglo XXI pueden retroceder bajo presiones sociales basadas en consideraciones morales, posturas políticas y creencias religiosas.
Crisis en EE.UU.: Desafíos Actuales para los Derechos Reproductivos de las Mujeres.
Tras la anulación del fallo Roe v. Wade por la sentencia Dobbs en junio de 2022, la regulación del aborto en EE. UU. se ha vuelto desigual, con severas restricciones impuestas por los estados. A pesar de la alta demanda, reflejada en más de un millón de interrupciones de embarazos en 2023 según el Instituto Guttmacher, las mujeres enfrentan crecientes dificultades para acceder a estos servicios debido a la variabilidad en las leyes estatales, lo que compromete la equidad en la atención sanitaria y un retroceso en los derechos.
Por ejemplo, en estados como Florida, las leyes que prohíben la IVE después de seis semanas y las normativas que facilitan el cierre de clínicas han exacerbado la crisis al generar desiertos servicios. Estas restricciones impactan especialmente a mujeres de bajos ingresos y comunidades diversas, incrementando las barreras para acceder a la atención y elevando la mortalidad materna. Al respecto, Amnistía Internacional subraya que estas medidas no solo vulneran los derechos humanos, sino que también agravan las desigualdades en el acceso a servicios de salud.
Desafíos y Avances en los Derechos de las Mujeres en el Sistema de Salud Colombiano
En 2022, la Corte Constitucional fortaleció los derechos reproductivos al ratificar, mediante la sentencia C-055, la legalidad de la IVE hasta la semana 24 de gestación. Este fallo amplió los derechos en comparación con la sentencia C-355 de 2006, que los limitaba a casos de: riesgo para la vida de la mujer, malformaciones del feto o violación y va en concordancia con lo establecido en la SU-096 de 2018.
No obstante, tanto la Orden 003 de 2013 como los recientes avances normativos han enfrentado importantes desafíos, particularmente en las áreas rurales, donde la implementación efectiva sigue siendo un reto significativo. En consecuencia, una posible penalización total de la IVE podría revertir estos avances; restringir el acceso a una interrupción segura no solo pone en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres, sino que también acentúa las desigualdades en la atención médica, afectando de manera desproporcionada a las mujeres de bajos recursos y a aquellas que viven en las zonas rurales del país.
El informe 2024 de Jacarandas sobre el aborto revela que, aunque el 91% de las mujeres encuestadas están afiliadas a una EPS, pueden enfrentar estigmas y retrasos en los trámites, lo que las lleva a buscar alternativas en otros centros de salud para realizarse una IVE. Además, el informe destaca una disparidad significativa en la cobertura entre ciudades: en Bucaramanga, la atención se limita a gestaciones de hasta la semana 14, mientras que en Barranquilla se ofrece atención completa.
Esta variabilidad entre territorios pone en evidencia las dificultades en el acceso que por diferentes circunstancias se agravan en las zonas rurales. Por lo tanto, es crucial abordar la limitada disponibilidad del servicio en determinadas áreas del territorio nacional y adoptar políticas de salud basadas en evidencia respetando los derechos humanos para garantizar un acceso equitativo y seguro a los servicios de IVE en todo el país.
Empoderamiento Reproductivo: Educación, Anticonceptivos y Aborto Legal
El reciente proyecto de ley conservador ha reavivado el debate sobre los derechos de las mujeres, cuestionando si los avances alcanzados han sido un verdadero progreso o simplemente una carga sin el respaldo adecuado. A pesar de los esfuerzos del equipo de Mujeres con Criterio para denunciar la falta de respuesta del Ministerio de Igualdad y la ineficacia de la política pública con enfoque de género, la ausencia de una actualización en la política de derechos sexuales y reproductivos sigue impidiendo una cobertura adecuada en educación, salud reproductiva y condiciones dignas para todas las mujeres y poblaciones vulnerables.
En Colombia, es fundamental proteger el derecho a decidir y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su libertad y autonomía; la legislación debe alinearse con los principios de justicia y derechos humanos, asegurando que todas las voces, especialmente las de las mujeres, sean escuchadas y respetadas.
La reforma propuesta no solo pone en peligro la salud y el bienestar de las mujeres, sino que también amenaza el equilibrio democrático del país; por lo tanto, para construir una sociedad justa e igualitaria, es esencial promover una participación inclusiva y activa de todos los grupos poblacionales.