El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer las tablas de conversión para la renta vitalicia en el pilar semicontributivo de la reforma pensional. Resulta alarmante e incluso podría contradecir la Constitución que aquellos con 999 semanas cotizadas sean considerados que no cumplen el requisito para pensionarse y se vean obligados a recibir una renta significativamente inferior a la denominada “vejez digna” por el gobierno, con un tope de apenas $281.000.

Las modificaciones al sistema pensional colombiano han sido frecuentes, pero los resultados han sido desiguales. Aunque se ha intentado garantizar la sostenibilidad del sistema, se ha pasado por alto la necesidad de ajustar su diseño a las realidades de la población, en especial a las mujeres.

Que la reforma pensional aborde las fallas del sistema no es un simple deseo, es una necesidad urgente.

Las cifras son claras: solo el 13% de las mujeres colombianas logra acceder a una pensión, en comparación con el 25% de los hombres, según datos del DANE 2023. Estas estadísticas no solo reflejan una disminución general en la población que se pensiona en Colombia, sino que también destacan la desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

En junio de 2024, la tasa de desocupación en Colombia llegó al 10,3%, lo que representa un aumento de 1,0 punto porcentual respecto al 9,3% registrado en el mismo mes de 2023, según el DANE. Los datos revelan que las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo, con una tasa del 12,9%. Esto se debe en parte a que las mujeres dedican mucho más tiempo a las tareas de cuidado, lo cual restringe su capacidad para trabajar y cotizar. Además, su alta presencia en empleos de bajos salarios y con condiciones laborales inestables, como el servicio doméstico y el comercio, agrava aún más su situación.

El envejecimiento también refleja una desigualdad: en 2024, se estima que en Colombia hay 7.107.914 personas mayores de 60 años, de las cuales el 55,1% son mujeres y el 44,9% son hombres. Dado que las mujeres suelen tener una mayor esperanza de vida, aquellas que no logran pensionarse enfrentan una mayor probabilidad de vivir en pobreza durante sus años de vejez.

Este desbalance pone en evidencia que, aunque las mujeres viven más tiempo, no siempre logran beneficiarse debido a las fallas en el mercado laboral. Un estudio de la Universidad de los Andes también muestra que las mujeres sin pensión suelen tener niveles educativos más bajos, lo que reduce sus oportunidades de acceder a empleos bien remunerados y de ahorrar para su vejez.

Está claro que el sistema pensional actual no garantiza una vejez digna para las mujeres. Aunque se han dado pasos importantes, como las dos sentencias de la Corte Constitucional que reducen las semanas de cotización y reconocen el tiempo dedicado al cuidado de los hijos, a largo plazo es necesario pensar en reformas que, además de lo anterior, promuevan la participación continua de las mujeres en el mercado laboral.

¿Cómo avanza la reforma pensional para las mujeres?

La Ley 2381 no solo es una modificación del sistema pensional, sino que introduce un nuevo esquema de subsidios. La transformación en el sistema de vejez, invalidez y muerte no se limita a reemplazar el régimen de prima media o el de ahorro individual, que antes se veían como incompatibles. Ahora, ambos regímenes coexistirán en lugar de operar de manera aislada.

El primer pilar de la reforma pensional es el régimen solidario, completamente subsidiado, y tiene como objetivo asegurar una renta básica para quienes se encuentran en pobreza extrema. El enfoque de género se refleja en la diferencia de edad requerida para acceder a este subsidio: las mujeres pueden acceder a los 60 años, mientras que los hombres deben esperar hasta los 65 años. Es importante destacar que este subsidio no se considera una pensión en sí mismo.

El régimen semicontributivo, conocido como Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), es un modelo que también se sustenta mayoritariamente en subsidios, ofreciendo una renta básica. Este esquema ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y la población colombiana, especialmente durante la polémica del “paquetazo de Duque”. Aunque este régimen proporciona una renta básica, no se le puede llamar pensión, ya que el monto recibido siempre será inferior al salario mínimo, lo que no cumple con la idea de una verdadera pensión.

Al igual que en el pilar anterior, el enfoque de género en este régimen también introduce una diferencia en la edad requerida: las mujeres deben alcanzar una edad específica para acceder a este subsidio. Es crucial entender que, incluso si se han cotizado 999 semanas (alrededor de 19 años), el monto de la renta vitalicia tanto para hombres como para mujeres será menor al del pilar solidario, lo que no incentiva la cotización.

En el pilar contributivo, las personas podrán elegir entre cotizar al régimen de prima media administrado por Colpensiones o al régimen de ahorro individual, dependiendo del monto de su ingreso base. Aunque este pilar no modifica de manera relevante los requisitos, las mujeres seguirán teniendo la posibilidad de pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62.

Sin embargo, con las recientes sentencias que reducen gradualmente el número de semanas de cotización para las mujeres, el nuevo régimen permitirá que la cantidad mínima de semanas disminuya progresivamente de 1.300 a 1.000 para 2036.

Además, las mujeres podrán descontar hasta 50 semanas por cada hijo, con un máximo de cuatro hijos. Finalmente, en el pilar voluntario, el enfoque de género aún no se ha desarrollado completamente en la redacción de la norma.

Al revisar los pilares y el enfoque de la reforma pensional en relación con los beneficios para las mujeres, es evidente que los avances más relevantes se deben principalmente a los fallos de la Corte Constitucional, más que a la propia reforma.

En realidad, esta reforma no representa un cambio sustancial en el sistema pensional, sino que establece un nuevo régimen de subsidios.

Este modelo de pensiones podría ser visto como una forma de “esclavitud moderna,” ya que empeora la situación de pobreza para las mujeres, quienes están sobrerrepresentadas en el sector más vulnerable.

En lugar de abordar y corregir las desigualdades estructurales existentes, este régimen perpetúa y agrava las dificultades económicas de las mujeres, consolidando un sistema que no atiende adecuadamente sus necesidades y problemáticas específicas.