En los años recientes, el régimen fiscal de Colombia ha sido ineficaz en términos de progresividad; de hecho, ha impuesto una carga excesiva a los grupos más desfavorecidos, impactando particularmente a las mujeres.

Esta situación se relaciona con los desequilibrios macroeconómicos causados por los déficits fiscales, es decir, cuando los gastos del gobierno exceden sus ingresos. Esto ha llevado a un incremento en la carga impositiva, desviando el foco de reducir las desigualdades económicas en la nación.

Los desajustes económicos han sido abordados mediante varias reformas tributarias de naturaleza regresiva. Dichas reformas han incrementado la presión tributaria mediante el aumento de impuestos, el alza en tarifas de servicios públicos y la disminución del gasto público a través de la implementación de la Regla Fiscal.

Al asumir la presidencia, Gustavo Petro se encontró con un déficit fiscal heredado del periodo anterior, que alcanzaba el 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Según las proyecciones, es necesario reducir este déficit al 4,3% del PIB, lo cual equivale a aproximadamente $69,5 billones.»

Política fiscal en Colombia: Entre pagar la deuda y el progreso social

Como herramienta clave del gobierno, la política fiscal debe dirigirse a enfrentar retos sociales y fomentar el bienestar ciudadano. Esta política incluye las decisiones sobre la recaudación de ingresos, el gasto público y el manejo del déficit fiscal.

Aunque su propósito esencial es impactar positivamente en la economía y elevar el nivel de vida de la población, los gobiernos recientes han enfocado sus esfuerzos en cubrir necesidades inmediatas, dando prioridad al pago de la deuda. Para el año 2024, se espera que esta deuda aumente un 29.6%, lo que restringe aún más la capacidad del país para invertir en sectores cruciales para su desarrollo.

En Colombia, la calidad de vida de las mujeres no ha mejorado

La condición de las mujeres en Colombia sigue siendo motivo de gran preocupación. A medida que aumenta el número de hogares liderados por mujeres, que llegaron a 7,7 millones en 2022, no se observan avances en su bienestar. De acuerdo con cifras del Dane, el 41,4% de estos hogares se encuentra en pobreza monetaria y un 16,7% en extrema pobreza.

El desempleo es uno de los grandes retos que enfrentan las mujeres colombianas. Para febrero de 2024, la tasa de desempleo entre las mujeres fue del 14,7%, notablemente superior al 9,4% de los hombres. Adicionalmente, las responsabilidades de cuidado no remunerado, que en el país suman unas 9 horas y 39 minutos al día, obligan a muchas mujeres a aceptar empleos con condiciones flexibles pero inestables. Estos puestos suelen ser informales, de baja productividad y ofrecen salarios mínimos, sin contratos ni beneficios laborales.

Durante las crisis económicas, las mujeres juegan un rol crucial al asumir responsabilidades que normalmente competen al Estado, especialmente cuando se reducen los presupuestos para servicios públicos. Esto aumenta la carga de las mujeres en áreas como el cuidado del hogar, la educación y la salud, agudizando las desigualdades de género preexistentes.

Aunque la política fiscal y el sistema tributario se presentan como neutrales en términos de género en la constitución, su implementación puede exacerbar las desigualdades. Las diferencias en cómo hombres y mujeres generan ingresos y enfrentan distintas realidades culturales, sociales y económicas no se ven reflejadas en los sistemas fiscales actuales, perpetuando la desigualdad de género.

Sesgo de género en la imposición fiscal

En Colombia, el sistema de recaudo de impuestos muestra marcadas inequidades que inciden desfavorablemente en las mujeres. Las estrategias tributarias vigentes no consideran adecuadamente las particularidades y necesidades femeninas, resultando en una onerosa carga fiscal para ellas.

El impuesto sobre el valor agregado (IVA), que se impone sobre los bienes de consumo sin diferenciar la capacidad económica de los individuos, es particularmente regresivo. De acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Javeriana, se encontró que los hogares liderados por mujeres, especialmente en el primer decil de ingresos, dedican hasta un 12% de su salario al IVA. Esta situación afecta gravemente a quienes menos tienen, pues gran parte de su salario se destina a satisfacer necesidades básicas. Además, se ve exacerbada por el tipo de productos que comúnmente compran las mujeres, como electrodomésticos y artículos de limpieza, los cuales están sujetos a este impuesto.

Este panorama destaca cómo los impuestos indirectos, que conforman una porción significativa de los ingresos fiscales en Colombia según datos de la OCDE, perjudican el poder adquisitivo de las mujeres de manera injusta y desmedida.

En el terreno fiscal, existe una considerable desigualdad en la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales, un impuesto directo y progresivo que evalúa la capacidad económica de los contribuyentes: cuanto más grande es la base imponible, mayor es la tarifa aplicada.

Según datos del Observatorio Fiscal, los hombres tienden a soportar una carga tributaria más pesada, lo cual se debe a la acumulación de riqueza predominantemente en este grupo. La DIAN señala que, dentro del 5% de los adultos con ingresos más elevados, el 54% son hombres y el 46% mujeres. De cerca de 4,000 personas con los ingresos laborales más altos en Colombia, apenas 740 son mujeres, reflejando una sobrerrepresentación femenina entre los sectores más pobres y una subrepresentación en los estratos más acaudalados.

En cuanto a las deducciones permitidas en el impuesto sobre la renta por tener dependientes, se observan claros sesgos de género. De acuerdo con un informe de la DIAN, frecuentemente solo el esposo tiene el derecho a reclamar esta deducción, o el hombre puede aprovecharla en caso de que su esposa no genere ingresos, situación que no se replica de forma inversa. Además, aunque las declaraciones de renta desde 2023 incluyen una opción para declarar el género de manera autónoma, todavía hay mucho por hacer para utilizar efectivamente esta información.

Es preocupante la discrepancia entre las prioridades estratégicas anunciadas por el gobierno y la asignación real del presupuesto, con un enfoque exagerado en la asistencia social en lugar de promover el desarrollo productivo, esencial para el crecimiento económico. Es fundamental reforzar la legislación para incrementar los impuestos directos, particularmente sobre individuos, para fomentar una mayor justicia fiscal. También debería considerarse la incorporación de deducciones que reflejen los costos de vida y de cuidado. Adicionalmente, es urgente acelerar la puesta en marcha del sistema nacional de cuidados y fortalecer su conexión con la política fiscal del país.