Cerca de tres décadas de concesiones privatizadoras en Cartagena, demuestran que son adelantadas siempre con recursos oficiales, procedentes ya sea del gobierno nacional, de las administraciones departamentales, locales, o atreves de créditos externos financiados por las entidades territoriales, o en su defecto, por los ingresos provenientes de las tarifas que cancelan los usuarios.