La decisión de la EPS SURA de retirarse del sistema de salud luego de 30 años de operaciones, profundiza la crisis y obliga a reflexionar y sacar algunas conclusiones.

Al retiro de SURA hay que sumarle la intervención por el gobierno de Sanitas y otras EPS, la solicitud de liquidación de COMPENSAR y el desastre causado por la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros y sus familias.

Algunas reflexiones sobre la situación:

1. Se confirma que el problema de fondo del sistema de salud vigente, es decir, del sistema de aseguramiento social de la ley 100 es su sostenibilidad financiera. Tal como el sistema está operando la plata de la salud no alcanza. Este es un problema común a este tipo de modelo de sistema de salud en todo el mundo. El problema no puede ser más grave.

2. La decisión tomada por SURA es resultado en primer lugar, de la subestimación por parte del gobierno de la consolidación del aseguramiento en el actual sistema y del manejo autoritario, improvisado y equívoco en el trámite de su proyecto de reforma a la salud. También representa un fracaso del acuerdo que había logrado el presidente Petro con varias EPS y sobre el cual había anunciado que presentaría un nuevo proyecto de reforma al Congreso de la República.

3. Al retirarse, es evidente que SURA y otras EPS reversan su posición y ya no aceptan convertirse en gestoras de salud con funciones administrativas. No aceptan perder su condición de compañías aseguradoras, ni traspasarle al gobierno la gestión del riesgo financiero. Se refuerza así, el frente común que han conformado los defensores del modelo de aseguramiento actual.

4. Las EPS se concentran en dos puntos: pedir que se recalcule la UPC del 2024, lo que implicaría un aumento en las cotizaciones y un aumento del gasto público en salud y dos, plantear un recorte de los servicios incluidos en el plan de beneficios lo que conlleva un mayor gasto de bolsillo para usuarios y pacientes. El mensaje implícito es: sin estas condiciones, mejor nos dedicamos a la medicina prepagada y los seguros privados de salud.

5. La desprotección en que quedaron los maestros y sus familias luego de la implementación del nuevo modelo de salud del presidente Petro a partir del primero de mayo pasado, demuestra que el país no cuenta con la infraestructura física, administrativa ni con el recurso humano calificado para reemplazar de inmediato la gestión de las EPS.

6. Los improvisados intentos de solución al caos con la salud del magisterio, consistentes en pagar tarifas plenas sin que medie un proceso de contratación con los prestadores, conlleva un mayor gasto y un agotamiento del presupuesto destinado a la salud del magisterio. En el mismo sentido, la reforma a la salud de del gobierno Petro no ofrece garantía de solución al problema de sostenibilidad financiera del sistema.

7. ¿Qué hacer entonces?

• Tomar medidas inmediatas para garantizar la atención de la salud de los colombianos y prevenir sufrimiento y muertes evitables.

• ¡Austeridad! La solución del problema financiero requiere que no solo los usuarios sino también las EPS y todos los agentes del sistema manejen los recursos austeramente y con transparencia y que tanto impuestos como cotizaciones sean realmente equitativos.

• Debería suspender formalmente cualquier trámite de reforma a la salud mientras se logran acuerdos políticos y consensos técnicos en los que participen representantes del gobierno, los hospitales y demás prestadores, el personal y los trabajadores de la salud, los proveedores farmacéuticos, la academia y los usuarios. El objetivo sería elaborar un nuevo proyecto de reforma a la salud para presentarlo a una próxima legislatura.