La regla fiscal ha restringido el gasto público en Colombia sin resolver el déficit ni responder a las necesidades sociales. Con proyecciones equivocadas y decisiones sesgadas, ha facilitado recortes sociales, privilegiado beneficios empresariales y debilitado la inversión en sectores clave para el desarrollo.

En 2011 se creó la Regla Fiscal (Ley 1473) como un mecanismo para limitar el gasto público. Esta medida, orientada a promover la austeridad en el gasto social, ni siquiera ha cumplido con la meta de reducción del déficit fiscal.

En realidad, con esta ley, el Gobierno Nacional justifica los recortes exigidos por las agencias calificadoras y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como se consignó en la última evaluación publicada por dicha entidad el pasado 8 de marzo de 2019.

Peor aún, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) se basa en proyecciones erróneas del crecimiento del PIB, ya que no ajusta los datos publicados por el DANE. El CCRF continúa utilizando una tasa de crecimiento del 1,8 % para 2017, cuando la cifra corregida por el DANE fue del 1,4 %.

Esta discrepancia afecta las proyecciones futuras del crecimiento económico.

Elementos para el cálculo de los ciclos económico y energético de 2017 y 2018

Fuente: Acta del CCRF del viernes 29 de marzo de 2019.

La Regla Fiscal no impide, sin embargo, la aprobación de cuatro reformas tributarias desde su expedición, las cuales han afectado a la clase media y reducido la capacidad de consumo de los hogares, generando consecuencias negativas para las pequeñas y medianas empresas del país.

Las crecientes necesidades sociales se ven debilitadas por los beneficios tributarios otorgados a grandes empresas en la reforma de 2018. El costo de estos beneficios aumentó en 8,1 billones de pesos para 2020, a los que deben sumarse cerca de 14 billones de pesos anuales que el Estado deja de percibir en impuestos.

Aun así, el CCRF autorizó un aumento del déficit fiscal en 4,9 billones de pesos para 2019. Con esta medida, el Gobierno pudo incrementar su endeudamiento hasta alcanzar el 47 % del PIB en ese año, 0,5 puntos porcentuales por encima de lo proyectado inicialmente, y se estimó un aumento adicional de 0,7 puntos porcentuales en 2020.

Diversos gobiernos, amparados en la Regla Fiscal, han sacrificado el gasto social y la inversión pública, ambos fundamentales para el desarrollo productivo y la estabilidad social. El problema no radica en un gasto excesivo, sino en su mala administración, caracterizada por la corrupción y la ineficiencia. El aumento del déficit confirma que la Regla Fiscal ha funcionado como una restricción innecesaria al gasto público y demuestra que el mercado no ha logrado equilibrar adecuadamente los ingresos de la población con sus necesidades sociales.