El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia ha provocado una gran controversia política, involucrando a funcionarios de alto nivel en una red de corrupción. La fiscalía general de la Nación calificó el caso como una «empresa criminal», destacando a Carlos Ramón González, director del DNI y exdirector del DAPRE como una figura clave en estos actos corruptos, por ser quién ordenó sobornar a congresistas. Estas denuncias precipitaron su renuncia.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla se reveló que ambos formaban parte de una estructura más amplia que incluía funcionarios de alto nivel del Estado.
La fiscal delegada Andrea Muñoz expuso la existencia de un complejo esquema de corrupción en el gobierno Petro, en el que se desviaron recursos destinados a emergencias y calamidades.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, y el empresario Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía presentó nuevas pruebas que sugieren un complejo esquema de corrupción en la UNGRD.
En más de tres horas, el ente acusador reveló evidencia transportada en dos maletas. El informe también menciona a Luis Carlos Barreto Gantiva, vinculado a César Manrique en la UNGRD. Barreto, quien era subdirector de Conocimiento del Riesgo, se encargaba de temas científicos y de contratación, y fue designado por Olmedo López para gestionar proyectos en La Guajira.
La corrupción en la UNGRD una «empresa criminal»
Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y otros funcionarios, incluido el actual director de Función Pública, César Manrique, son acusados de crear una organización para direccionar contratos de forma irregular. Estos contratos presuntamente desviaban fondos destinados a la asistencia humanitaria, permitiendo a los involucrados apropiarse de recursos públicos.
Uno de los aspectos más preocupantes es el supuesto pago de sobornos a congresistas, facilitado por funcionarios de alto nivel de la Presidencia, para impulsar proyectos de ley del gobierno. Se destaca el manejo de 1,4 billones de pesos en dos partidas de 700 mil millones de pesos cada una.
La UNGRD, creada en 2011 para responder a desastres naturales, ha sido señalada como un medio para financiar operaciones políticas y comprar apoyos. El exdirector Olmedo López denunció que en 2023 la entidad destinó 1,4 billones de pesos para mitigar el fenómeno de El Niño, con procedimientos rápidos y sin licitaciones, facilitando la corrupción.
Sobornos millonarios a congresistas
Olmedo López confesó que, en su papel dentro de una red de corrupción en la UNGRD, coordinó sobornos a congresistas. Entre los presuntos implicados están los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés Calle, quienes habrían recibido grandes sumas de dinero en efectivo.
La fiscal Andrea Muñoz señaló que estos pagos se realizaron con el conocimiento y apoyo de funcionarios clave, como el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia y actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.
Desvío de fondos destinados a la Reforma Agraria
La Fiscalía reveló un desvío de $100 mil millones destinados a la Reforma Agraria, manejados por la UNGRD en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Se acusa a César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de coordinar el traslado de estos recursos hacia contratos corruptos en la UNGRD.
Junto con Olmedo López y Luis Carlos Barreto Gantiva, Manrique habría gestionado una coima del 7% por la transferencia de estos fondos. Los recursos, destinados a proyectos como plantas desalinizadoras y pozos subterráneos, fueron presuntamente desviados a cambio de sobornos.
Participación de funcionarios de alto nivel
La Fiscalía ha revelado la participación de varios funcionarios de alto nivel en un presunto caso de corrupción en la UNGRD. Olmedo López informó que el 27 de noviembre de 2023 se celebró una reunión en la Casa de Nariño, en la oficina del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), dirigida en ese momento por Carlos Ramón González.
A esta reunión asistieron también el ex ministro de Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Durante el encuentro, Velasco expuso una estrategia para negociar votos a cambio de contratos para la reforma a la salud.
Otra reunión clave se realizó el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda, donde Ricardo Bonilla habría instruido a Olmedo López a gestionar tres contratos valorados en $92.000 millones, en respuesta a las demandas de los congresistas. María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, también estuvo presente y jugó un papel crucial en la coordinación de los contratos y sobornos.
La primera reunión registrada fue el 25 de septiembre de 2023, cuando Olmedo López y Luis Fernando Velasco desayunaron con Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, para coordinar la estrategia de sobornos.
Además, Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre, está presuntamente implicado en la gestión de contratos y comunicación con Sneyder Pinilla para cumplir con los compromisos con los congresistas.
En la lista entregada por Olmedo López a la Fiscalía, revelada por La FM de RCN Radio, figura Camilo Ernesto Romero Galeano, actual embajador de Colombia en Argentina.
Romero estaría implicado en contratos de obra pública en Cotorra, Saravena, y Carmen de Bolívar, por un valor de noventa mil millones de pesos. Según las pruebas presentadas, Romero habría enviado el 3 de mayo de 2023, a través de WhatsApp, cuatro hojas de vida de personas que trabajaron con él cuando fue Gobernador de Nariño. Además, el 28 de diciembre de 2023
Las reacciones del presidente Petro sobre el presunto caso de corrupción en la UNGRD
Las revelaciones de la Fiscalía sobre la implicación de miembros cercanos al presidente Petro en el escándalo de la UNGRD han generado gran atención. Ante estas acusaciones, Petro afirmó en X que no defenderá a nadie involucrado en el caso.
En otro mensaje, Petro explicó que la emergencia económica en La Guajira, declarada en julio por la sequía prevista desde diciembre de 2022, no estaba relacionada con la UNGRD. También destacó que la emergencia creaba el Instituto Nacional del Agua para gestionar la sequía y que Olmedo López fue suspendido en agosto.
Petro atribuyó parte de la responsabilidad del escándalo a la Corte Constitucional, que anuló la emergencia para La Guajira, impidiendo la creación del Instituto del Agua. También afirmó que tras la suspensión de López, se reveló el robo en el contrato de carro tanques, lo que llevó a pedir su renuncia.
El presidente subrayó que el contrato corrupto de López y las coimas mencionadas ocurrieron antes del cónclave de noviembre, según las fechas proporcionadas por López. Petro ha insistido en que López y Pinilla deben denunciar para garantizar su principio de oportunidad.
Las investigaciones sugieren una complicidad en movimientos financieros irregulares que abarcan otras áreas del gobierno, evidenciando una corrupción sistemática. Esta situación traiciona las promesas de transparencia de Petro. Además, Petro fue criticado por disculparse tardíamente y por no establecer medidas de supervisión más estrictas en entidades como la UNGRD.
El 20 de julio, en su discurso de instalación del congreso, Gustavo Petro pidió perdón por las acciones de Olmedo López, aunque estos hechos se conocían desde hacía al menos tres meses. Petro mencionó este tema en esa fecha, posiblemente para desviar la atención de las acciones del ministro Bonilla. Lo destacable en este escándalo no es solo la implicación de Olmedo López, sino también la del ministro de Hacienda y otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Petro.
Es por esto que figuras políticas como Jorge Robledo exigieron la renuncia de Bonilla, por su profunda implicación en el asunto. Solo entonces, el doctor Petro decidió disculparse por el caso de Olmedo López.
Reacciones de los presuntos implicados en la corrupción en la UNGRD
César Manrique negó tener cuotas dentro de la UNGRD y aseguró que no recomendó a Luis Carlos Barreto para su puesto. Declaró que las acusaciones sobre su implicación en el desvío de fondos son falsas y pidió ser escuchado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para aclarar su situación.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que su participación en las reuniones del gobierno fue meramente técnica y que se retiraba al finalizar las discusiones. Por otro lado, el ministro Bonilla manifestó que sigue «con respeto y atención» la investigación de la Fiscalía. En un comunicado, Bonilla declaró que espera «con tranquilidad» su oportunidad ante la justicia, asegurando que sus actos son transparentes y que ni él ni su despacho han cometido irregularidades. Insistió en que preguntar por un trámite no equivale a «direccionar» fondos ni a entregar dinero de forma ilícita.
Por su parte, el embajador en Argentina, Camilo Romero afirmó que él no anda con hojas de vida debajo del brazo ni recomendando a gente en los ministerios o en las entidades del Estado; y que se le puede preguntar a cualquiera.
Carlos Ramón González presentó su renuncia el 26 de julio, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, donde explicó que su permanencia en el cargo se volvió políticamente insostenible tras los recientes acontecimientos y que decidió apartarse para facilitar las investigaciones y tranquilidad pública.
Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la @FiscaliaCol para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos. pic.twitter.com/cvahthuHJQ
— Ricardo Bonilla (@ricardobonillag) July 25, 2024
Los partidos políticos frente a la corrupción en la UNGRD
El papel de los partidos tradicionales en la perpetuación de la corrupción ha sido evidente. Estos partidos, al apoyar a Petro, son vistos como cómplices del sistema corrupto que se ha revelado. La falta de responsabilidad política y ética en la gestión del escándalo es preocupante, especialmente cuando figuras de alto perfil en el Congreso, como Iván Name y Andrés Calle, permanecen en sus puestos a pesar de las graves acusaciones en su contra. Esto refleja una cultura política donde la corrupción y la impunidad son comunes.
La falta de separación de poderes y la erosión de la confianza pública en las instituciones del Estado son preocupantes. La corrupción y la inacción están socavando la democracia y el bienestar de la población. La responsabilidad no solo recae en los individuos involucrados, sino en un sistema que permite y perpetúa estas prácticas corruptas.
El papel del Congreso y la corrupción en la UNGRD
La respuesta del Congreso ante el escándalo de corrupción ha sido insuficiente, ya que muchos congresistas han mostrado poco interés en investigar o tomar medidas contra los implicados. No ha habido control político significativo. Esto refleja un problema más amplio de colusión entre el poder legislativo y el ejecutivo, donde ambos se protegen mutuamente en lugar de servir al interés público.
La cultura de corrupción en la UNGRD no es nueva, y la administración de Petro no ha cambiado esta situación. En cambio, parece perpetuar estas prácticas, utilizando tácticas como la compra de votos y el control de la justicia para protegerse a sí mismo y a sus aliados.
La impunidad prevalece en la política colombiana, incluso cuando hay pruebas claras de corrupción. Las acciones judiciales son lentas o inexistentes, lo que permite a los funcionarios corruptos mantenerse en sus cargos o ascender. Esta falta de consecuencias normaliza las prácticas corruptas y erosiona la confianza pública en las instituciones.
Unos pocos congresistas y el exsenador Jorge Robledo exigieron la renuncia del ministro de Hacienda, pero este tema no ha sido ampliamente discutido en Colombia. La falta de un debate serio sobre la responsabilidad política en casos de corrupción muestra una falta de ética y moral en la política, lo que podría llevar a una mayor degradación del sistema.
Los medios de comunicación sobre la corrupción en la UNGRD
La cobertura de los medios de comunicación sobre el escándalo de corrupción ha sido deficiente e insuficiente.
No han investigado a fondo ni mantenido el foco en las cuestiones clave. Los medios tienen la responsabilidad de mantener a la ciudadanía informada y de presionar por la rendición de cuentas, pero en este caso no han cumplido con su deber.
La noticia aparece brevemente y luego desaparece, sin un seguimiento constante. Así, las semanas pasan sin que se asuman responsabilidades políticas, evidenciando una falta de profundidad en la cobertura mediática.
La sociedad civil frente a la corrupción en la UNGRD y el gobierno
La sociedad civil debe asumir un rol más activo en la lucha contra la corrupción. El cambio real se logrará cuando los ciudadanos exijan transparencia y responsabilidad de sus líderes. Es esencial participar en protestas pacíficas, en el proceso electoral y apoyar a organizaciones que promuevan la gobernanza y la anticorrupción.
El futuro de la democracia en Colombia depende de la capacidad de la sociedad para condenar la corrupción y todo acto que atente contra el estado y todo bien público, reflexionando sobre los valores y principios que deben guiar al país y comprometiéndose con la integridad y la justicia.
Sin acciones decididas y concertadas, Colombia corre el riesgo de seguir atrapada en un ciclo de abuso de poder y desconfianza pública.
¿Cuánta plata le ha costado al país la corrupción en la UNGRD?
Los testimonios de los involucrados revelan que en la corrupción de la UNGRD se adjudicaron contratos por COP $92.000 millones en Carmen de Bolívar, Cotorra y la zona del Río Bojaba, en Arauca. Las cifras multimillonarias de corrupción se destacan aún más al compararlas con los gastos de la campaña de Petro, que fueron COP $28.384 millones en la primera vuelta y COP $13.199 millones en la segunda vuelta.
Corrupción en la UNGRD: $1,4 Billones desviados
La corrupción en la UNGRD ha alcanzado un total de $1,4 billones, distribuidos en dos partidas. La primera, según la resolución 2407 del 22 de septiembre de 2023, autorizada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asignó COP $700.000 millones a la UNGRD, justo antes de las elecciones regionales. Esta decisión se amparó en las facultades legales establecidas por la Ley 2276 de 2022 y el Decreto 2590 de 2022.
La segunda partida, autorizada por la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, también aprobada por la directora general del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez, sumó otros COP $700.000 millones de recursos del tesoro y corrientes.
El futuro de la democracia en Colombia depende de la capacidad de la sociedad para enfrentar y denunciar la corrupción, reflexionando sobre los valores y principios que deben guiar al país y comprometiéndose con la integridad y la justicia. Sin acciones decididas y concertadas, Colombia corre el riesgo de seguir atrapada en un ciclo de abuso de poder y desconfianza pública.
Plan 700: $700.000 millones en corrupción en la UNGRD
Sigue La W reveló el «plan 700», una estrategia corrupta utilizada por Sneyder Pinilla para adjudicar a dedo COP $700.000 millones, transferidos por Hacienda. Según la matriz de contratos, estos fondos se destinaron a contratistas cercanos, especialmente en Uribia, La Guajira, y Girón, Santander.
Un contrato destacado es por COP $174.600 millones para construir un acueducto en Uribia. También se asignaron COP $5.400 millones para la interventoría del mismo proyecto. Los contratos más elevados se concentran en Santander, región natal de Pinilla. Ejemplos incluyen:
- COP $57.000 millones para obras de control de inundación en Girón.
- COP $43.000 millones para un jarillón en Sabana de Torres.
- COP $28.400 millones para un puente en Suárez, Santander.
- COP $28.200 millones para obras de emergencia en Topocoro, Santander
¿Qué se podría hacer con 1,4 billones de pesos?
Si no se hubieran usado en la corrupción en la UNGRD estos $1,4 billones de pesos ($1.400.000.000.000), podrían haber financiado 90 mil créditos de vivienda, similar a los otorgados por Finagro entre enero de 2023 y junio de 2024. También se podrían haber destinado a proyectos como el corredor ferroviario La Dorada – Chiriguaná, que necesita una inversión de 76 mil millones de pesos, o el Aeropuerto Internacional del Café, cuyo costo es de $180 millones de dólares, impulsando el turismo en la región cafetera.
En el ámbito social, estos recursos podrían haber ampliado la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 600 mil a más de un millón de niños, o aumentar el alcance del programa Familias en Acción para incluir a más de 600 mil personas. En 2023, se destinaron casi 7 billones de pesos para este programa.
Además, los fondos podrían haber cubierto el 17% del plan de reactivación económica o el 18% del plan de reindustrialización del gobierno, ambos claves para el desarrollo económico del país.
