El proyecto de ley de bonos escolares, promovido desde hace años en el Congreso por la senadora y hoy candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, vuelve al centro del debate público por sus implicaciones sobre el derecho a la educación, así como sobre las garantías de asociación y protesta para los docentes. Bajo el argumento de ampliar el acceso, la iniciativa propone trasladar recursos públicos hacia esquemas de financiación a la demanda; sin embargo, surgen serias preocupaciones frente a sus efectos en contra del sistema educativo público.
La propuesta de trasladar recursos públicos hacia esquemas de vouchers plantea riesgos sobre la educación pública al tiempo que se enmarca en un discurso que ha estado acompañado de imprecisiones y estigmatización contra el magisterio y sus organizaciones sindicales.
Solo el Estado puede garantizar la educación en todo el territorio
La educación pública cumple un papel fundamental, pues solo el Estado tiene la capacidad de garantizar su acceso en todos los rincones del país mediante inversiones sostenidas en infraestructura, transporte, alimentación escolar y planta docente, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde las condiciones geográficas hacen más costosa la prestación del servicio. En Colombia, país de selvas, desiertos, montañas, páramos y costas, la población habita en todo el territorio, lo que refuerza que únicamente el Estado puede asegurar el derecho a la educación en aquellas regiones donde el sector privado no tiene presencia.
Esta realidad pone en cuestión la efectividad de propuestas como los bonos escolares. En un análisis publicado en Razón Pública, el profesor Ángel Pérez Martínez advierte que este tipo de iniciativas no garantiza la inclusión de estudiantes de bajos recursos en instituciones privadas de alta calidad. “En las zonas rurales y en los barrios más pobres de las grandes ciudades no hay educación privada. Los colegios de élite, que cobran más de 20 millones de pesos al año por estudiante, no están interesados en participar en este tipo de propuestas”, señala. En consecuencia, lejos de ampliar oportunidades, estos esquemas podrían profundizar las brechas existentes y debilitar el papel del Estado como garante del derecho a la educación.
El secreto neoliberal está en la reducción del presupuesto para la educación
Los bonos escolares representan una menor inversión por estudiante en comparación con la que se destina a la educación pública. Esto se debe a que los colegios privados a los que se supone podrán acceder no serán precisamente los de élite, sino que, en una inmensa mayoría, los estudiantes deberán acogerse a “colegios de garaje”, es decir, instituciones con menor infraestructura y en las que sus docentes cuentan con menos garantías laborales.
Esto incluye modalidades de contratación más flexibles, menor estabilidad laboral y limitaciones en el acceso a prestaciones sociales, factores que inciden tanto en la calidad de la enseñanza como en la sostenibilidad del sistema educativo (Ball, 2012; UNESCO, 2021).
En consecuencia, la reducción del gasto por estudiante no solo afecta la infraestructura y los recursos educativos, sino también las garantías laborales del profesorado, elemento central para el funcionamiento de sistemas educativos equitativos. Un espejo de lo que podría suceder es lo que ocurre en los colegios privados o incluso en los colegios en concesión. Por ejemplo, los docentes pueden ser contratados por diez meses al año; las jornadas laborales pueden extenderse diariamente e, incluso, los sábados y domingos deben participar en actividades. En este sentido, la asignación de recursos mediante vouchers no necesariamente amplía el acceso a educación de alta calidad, sino que, en muchos casos, reproduce brechas estructurales existentes.
Entre vouchers y derechos
Mientras en Colombia se promueven políticas como los bonos escolares, orientadas a trasladar recursos públicos hacia la demanda y abrir espacio a la participación del sector privado, en países como Noruega y Finlandia predomina un enfoque contrario: es el Estado el principal responsable de financiar, garantizar y regular la educación como derecho fundamental. En estos sistemas, ampliamente reconocidos por sus altos niveles de calidad y equidad, la educación pública constituye el eje central, con una inversión sostenida que asegura condiciones dignas tanto para estudiantes como para docentes.
Esta propuesta ha sido dictada por organismos multilaterales como el Banco Mundial para los países del tercer mundo, en contraste con las políticas educativas adoptadas por países como Francia, Alemania y los Países Bajos, donde se prioriza un sistema público sólido, en lugar de fomentar la privatización y la fragmentación mediante bonos escolares.
En esa misma línea, resulta preocupante que se elogie la política de entregar colegios públicos en concesión, a través de la cual el Estado cede la administración de estas instituciones a actores privados porque profundiza la lógica de mercantilización de la educación y debilita su carácter de derecho garantizado colectivamente.
Las concesiones y los bonos ponen en riesgo los colegios públicos
Lo que se pretende es debilitar progresivamente la infraestructura de los colegios públicos —que pertenece a toda la sociedad— para transferir su administración a actores privados mediante esquemas de concesión, operados a menor costo y con menores garantías laborales y de bienestar estudiantil; y, de forma paralela, avanzar en el desmantelamiento del sistema estatal a través de los bonos escolares. En este sentido, la introducción de estos mecanismos conduce al abandono de una educación pública, universal y financiada por el Estado, principios fundamentales de las democracias modernas. Lejos de fortalecer el sistema, los bonos escolares tienden a socavar sus bases y a profundizar la privatización de la educación en Colombia, en contraste con países europeos, donde la educación pública es defendida por su papel en la democracia, la movilidad social y el desarrollo productivo.
Imprecisiones en los señalamientos contra la educación pública
El debate sobre los bonos escolares ha estado marcado por la estigmatización que la senadora candidata y sus copartidarios han venido impulsando contra el magisterio y su principal sindicato, lo que ha llevado a la circulación de varias imprecisiones que aquí buscamos aclarar. A continuación, se presentan algunas de estas imprecisiones y se explica en qué consiste la propuesta de Valencia para la educación básica.
La estigmatización por parte de la senadora y su partido no es nueva, y refleja el punto de vista de un sector político que históricamente ha sido contrario al sindicalismo y, en particular, a las actuaciones de Fecode. En sus intervenciones, se cometen varias imprecisiones que buscan deslegitimar al sindicato, especialmente en lo relacionado con su financiación y con la naturaleza del derecho a la asociación y la protesta.
1. Fecode no recibe recursos del erario para su sostenimiento
Se afirma que Fecode recibe financiación pública. Sin embargo, en Colombia las organizaciones sindicales, como Fecode, no dependen de fondos o recursos provenientes del Estado, sino que se financian exclusivamente a través de las cuotas sindicales que pagan sus afiliados.
Al respecto, Fecode ha manifestado que ninguna de sus organizaciones filiales recibe recursos del Estado y ha argumentado que esto es fundamental, pues le otorga independencia financiera al sindicato y le permite preservar su autonomía y su capacidad de tomar decisiones sin influencias externas.
2. En una democracia, la sindicalización y los permisos son un derecho legal
Las críticas a los permisos sindicales desconocen que estos constituyen un derecho fundamental en Colombia, protegido tanto por la Constitución como por normas nacionales e internacionales. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la libertad de asociación sindical incluye garantías como el fuero, la negociación colectiva y los permisos para el ejercicio de la actividad sindical. Asimismo, estos derechos están respaldados por el Convenio 151 de la OIT y por la legislación nacional, que reconoce los permisos sindicales como mecanismos esenciales para el funcionamiento de las organizaciones y el ejercicio efectivo de la libertad sindical.
3. Los maestros pueden ejercer el derecho a la protesta
En Colombia, los docentes de colegios públicos tienen derecho a la protesta, lo cual incluye el derecho de huelga.
Si bien la también senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lidera una iniciativa parlamentaria para clasificar legalmente la educación como un servicio esencial y, con ello, restringir este derecho, dicha propuesta no ha tenido eco hasta el momento.
