Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a las importaciones de Colombia tras la negativa del Gustavo Petro de recibir vuelos con deportados. Apelando a la seguridad nacional, intentó justificar la medida mediante la IEEPA, desafiando el TLC entre Colombia y EE. UU. y evidenciando la fragilidad del comercio bilateral ante decisiones unilaterales de Washington.
La amenaza arancelaria de Trump
El TLC entre Colombia y EE. UU. establece un marco legal claro para el intercambio comercial entre ambos países. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la posibilidad de imponer un arancel del 25% a las importaciones colombianas. Esta decisión surgió como una represalia ante la negativa del gobierno colombiano de recibir vuelos con ciudadanos deportados desde territorio estadounidense.
El conflicto escaló rápidamente. Dos vuelos militares con colombianos deportados fueron rechazados por el gobierno de Gustavo Petro. Como respuesta, Trump no solo amenazó con un arancel del 25%, sino que también ordenó la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus familiares, así como inspecciones más rigurosas a ciudadanos y cargamentos colombianos en los puntos de entrada a Estados Unidos. Además, advirtió que, de no revertirse la situación, el arancel podría elevarse hasta un 50%.
¿Trump podía aplicar los aranceles sin violar el TLC?
La administración Trump argumentó que la negativa de Colombia a aceptar los vuelos de deportación representaba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Basándose en esta premisa, justificó la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una normativa que otorga al presidente amplias facultades para intervenir en el comercio cuando la seguridad del país se ve comprometida.
Dicha ley le habría permitido a Trump aplicar sanciones económicas sin necesidad de acudir a los mecanismos establecidos en el TLC entre Colombia y Estados Unidos.
Ante la presión de las sanciones anunciadas, el presidente Petro terminó aceptando la repatriación de los deportados y propuso que el traslado se realizara en el avión presidencial para garantizar condiciones dignas. Como resultado, Trump suspendió temporalmente las sanciones, aunque algunas restricciones siguieron vigentes hasta la ejecución del primer vuelo de deportados.
El marco del TLC entre Colombia y EE. UU.
El TLC entre Colombia y EE. UU. fue diseñado para garantizar la eliminación de barreras arancelarias y brindar seguridad jurídica a los exportadores e importadores de ambos países. En este marco, un arancel unilateral del 25% por parte de Estados Unidos supondría una transgresión a los términos del acuerdo, ya que una de sus premisas fundamentales es la eliminación progresiva de barreras comerciales.
El TLC establece mecanismos de resolución de disputas que incluyen consultas bilaterales y paneles de resolución de controversias. No obstante, Trump intentó esquivar estos procedimientos apelando a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Este recurso le otorga amplias facultades para regular el comercio cuando se argumenta una amenaza a la seguridad nacional.
La IEEPA: un recurso polémico
Esta ley, promulgada en 1977, ha sido utilizada en el pasado para imponer sanciones económicas a países considerados amenazas para la seguridad de Estados Unidos, como Irán, Rusia y Siria. Sin embargo, nunca se había utilizado para imponer aranceles de forma general o alterar dinámicas comerciales sujetas a acuerdos como el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Su predecesor, el Trading with the Enemy Act (TWEA), fue utilizado por Richard Nixon en 1971 para imponer medidas temporales, pero en un contexto económico muy distinto.
Si Trump optara por recurrir a esta ley para respaldar los aranceles a Colombia, su aplicación tendría que ser debatida en los tribunales de Estados Unido, abriendo un debate sobre su compatibilidad con los acuerdos comerciales vigentes.
Históricamente, los acuerdos de libre comercio han funcionado como garantes de estabilidad económica entre naciones. La aplicación unilateral de medidas proteccionistas, como el aumento de aranceles, debilita la confianza en estos tratados y abre la puerta a futuras intervenciones arbitrarias.
El riesgo para la economía colombiana
Las amenazas de imponer aranceles no solo habrían representado una transgresión práctica del TLC entre Colombia y Estados Unidos, sino que también habrían generado incertidumbre jurídica para las inversiones en Colombia. Sectores clave como el agropecuario, el minero-energético y el manufacturero dependen en gran medida del acceso al mercado estadounidense. La posibilidad de restricciones unilaterales habría puesto en riesgo exportaciones y flujos de inversión.
Además, la relación entre Colombia y Estados Unidos no solo se limita al comercio de bienes. La inversión extranjera directa es una fuente crucial de desarrollo, y decisiones como estas generan un ambiente de incertidumbre para las empresas que buscan establecerse en el país. La inestabilidad en las reglas del juego podría traducirse en una disminución de la inversión a largo plazo, afectando el empleo y el crecimiento económico.
La necesidad de diversificar mercados
Este episodio dejó en evidencia una falla estructural profunda: Colombia no dispone de mecanismos eficaces para resolver disputas comerciales con Estados Unidos. La falta de jueces en el tribunal de apelaciones de la OMC, debido al bloqueo de nombramientos por parte de Washington, impide una resolución imparcial de estos conflictos.
Sin un marco multilateral sólido que respalde la estabilidad en el comercio internacional, las relaciones comerciales quedan sujetas a decisiones unilaterales que crean incertidumbre jurídica, desmotivan la inversión y aumentan el riesgo de fluctuaciones en los intercambios comerciales.
Dependencia comercial con EE. UU.
También evidencia la dependencia de Colombia del comercio con Estados Unidos. La falta de mercados alternativos hace que el país sea vulnerable a decisiones políticas en Washington. Frente a esta situación, es necesario fortalecer relaciones comerciales con otras regiones y consolidar acuerdos con bloques económicos como la Unión Europea o Asia-Pacífico.
De igual manera, se requiere fortalecer la capacidad del país para enfrentar conflictos comerciales bajo criterios soberanos. Esto implica desarrollar mecanismos de solución de disputas que no dependan exclusivamente de organismos multilaterales bloqueados por grandes potencias.
Además, Colombia necesita incentivar la inversión en sectores estratégicos que le permitan reducir su dependencia del mercado estadounidense. Esto implica fortalecer la producción local, mejorar la infraestructura logística y diversificar sus exportaciones con mayor valor agregado.
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Un precedente peligroso
Aunque en este caso las sanciones fueron suspendidas, queda abierta la posibilidad de que en el futuro se reactiven ante nuevos conflictos políticos. La reacción del gobierno colombiano, que terminó cediendo a la presión de Estados Unidos, también deja dudas sobre hasta qué punto el país tiene margen para defender sus intereses sin sufrir represalias comerciales.
Garantizar un marco jurídico estable y fortalecer la soberanía económica será clave para evitar que este tipo de amenazas se conviertan en un mecanismo recurrente de presión en futuras negociaciones con Estados Unidos.
