El aumento del salario mínimo para 2026 sigue generando un intenso debate económico y político. Lo ocurrido en la mesa de concertación laboral tras la suspensión del incremento por parte del Consejo de Estado introduce un nuevo elemento: tanto empresarios como centrales sindicales expresaron una posición mayoritaria a favor de mantener el incremento de 23,7% mientras el Gobierno expide el nuevo decreto exigido por el Tribunal, con el argumento de evitar mayor incertidumbre económica y laboral.
Este respaldo político, sin embargo, no elimina los interrogantes técnicos de fondo. La falta de concertación inicial, el distanciamiento respecto a indicadores de productividad y las presiones inflacionarias emergentes refuerzan la interpretación de que se trata de una decisión con fuerte componente coyuntural, más cercana a consideraciones políticas que a criterios estructurales de sostenibilidad económica.
Los costos potenciales (inflación persistente, mayor informalidad laboral y presión fiscal creciente) podrían recaer principalmente sobre el tejido empresarial, especialmente las mipymes, y sobre la próxima administración, lo que plantea la necesidad de abrir un debate más amplio sobre política de productividad, industrialización y sostenibilidad fiscal en Colombia.
Productividad, estructura económica y dependencia externa
Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de correspondencia entre el aumento salarial, la productividad laboral y la estructura productiva del país. La premisa oficial sostiene que un mayor salario impulsa automáticamente el consumo y el empleo; sin embargo, esta relación no necesariamente se da en economías con baja capacidad industrial y alta dependencia de importaciones.
Se estima que cerca de 40% de la canasta básica corresponde a bienes importados o producidos con insumos extranjeros. Esto implica que una parte significativa del mayor ingreso disponible termina saliendo del país vía importaciones en lugar de fortalecer la producción nacional. Durante 2025, las importaciones crecieron más de 10% y el déficit comercial superó los USD 15.000 millones, reflejando un desequilibrio estructural que el gobierno prometió reducir.
Visite nuestro Sistema de Información Alternativo
Inflación, política fiscal y señales tempranas
Desde enero de 2026 comenzaron a percibirse efectos inflacionarios asociados al aumento del salario mínimo. La inflación anual se ubicó en 5,35%, revirtiendo parcialmente la tendencia de desaceleración observada meses atrás. Los mayores incrementos se registraron en sectores intensivos en mano de obra, como restaurantes, transporte y alimentos preparados, donde el traslado del aumento salarial a precios finales suele ser inmediato.
El actual dinamismo del empleo no responde necesariamente al incremento salarial sino, en buena medida, a una política fiscal expansiva que ha impulsado el gasto público y el consumo interno. Sin embargo, esta estrategia tiene límites: el crecimiento del gasto estatal, la presión inflacionaria y la necesidad de mantener tasas de interés altas pueden terminar frenando la inversión y el empleo formal en el mediano plazo.
Impactos sectoriales y costos empresariales
El efecto sectorial resulta particularmente crítico en actividades como vigilancia privada, aseo y servicios continuos. Allí el aumento del salario mínimo coincide con modificaciones recientes en jornada laboral, recargos nocturnos y dominicales y la reducción de la jornada laboral, generando incrementos que en algunos casos superan el 30% en costos operativos.
Estas presiones ya empiezan a reflejarse en mayores cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales, así como en decisiones empresariales orientadas a ajustar costos mediante reducción de turnos, automatización o eventuales despidos.
Riesgos fiscales y sostenibilidad macroeconómica
El incremento del salario mínimo se produce en un contexto fiscal complejo. Colombia cerró el 2025 con un déficit cercano al 7,1% del PIB y un faltante superior a los $10 billones. El reajuste implica un costo adicional estimado en $1,2 billones para la nómina de aproximadamente 1,4 millones de servidores públicos, sin contar el efecto automático sobre pensiones y otros gastos indexados.
Este crecimiento del gasto público ha sido un motor coyuntural del empleo y del consumo, pero no constituye una base sostenible para el crecimiento económico. Cuando las restricciones fiscales se intensifican, vía endeudamiento o impuestos, el empleo generado bajo estas condiciones tiende a debilitarse.
La combinación de mayor inflación y mayor gasto público probablemente obligará al Banco de la República a mantener una política monetaria restrictiva. Tasas de interés elevadas encarecen el crédito, frenan la inversión privada y limitan el crecimiento económico, configurando un entorno menos favorable para la generación de empleo formal.
Mercado laboral, informalidad y calidad del empleo
Aunque en 2025 la tasa de desempleo se redujo al 8,9%, esta mejora debe leerse con cautela, pues la metodología del DANE considera ocupada a cualquier persona que haya trabajado al menos una hora remunerada durante la semana de referencia.
Los indicadores ampliados del mercado laboral sugieren un escenario de alta informalidad y subutilización del trabajo. Para diciembre de 2025, la tasa combinada de subocupación y desempleo se ubicó en 14,3%, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial llegó al 13,3% y la medida combinada de subutilización ascendió al 19,3%.
Buena parte del crecimiento reciente del empleo se concentra en sectores altamente informales (agricultura, servicios de comida y transporte), lo que evidencia que el aumento salarial no necesariamente se traduce en empleo formal ni en mejoras sostenibles en la calidad del trabajo.
Entre la estabilidad política y la sostenibilidad económica
Lo ocurrido en la mesa de concertación muestra un intento de estabilizar expectativas en medio de la incertidumbre jurídica generada por la suspensión del decreto. Sin embargo, mantener una política redistributiva sin resolver los problemas estructurales de productividad, informalidad y sostenibilidad fiscal va a trasladar los costos hacia las clases bajas y medias en el corto y mediano plazo.
Paradójicamente, una medida concebida para mejorar el ingreso de los trabajadores podría terminar afectando la dinámica del empleo formal, la inversión productiva y la estabilidad macroeconómica. El verdadero debate no debería centrarse únicamente en el nivel del salario mínimo, sino en cómo aumentar la productividad, fortalecer la industria nacional y generar condiciones para un crecimiento económico sostenido que permita salarios más altos sin comprometer el empleo ni la estabilidad fiscal.
