Refleja las limitaciones de una estrategia basada exclusivamente en expansión crediticia bajo condiciones de mercado sin políticas complementarias de desarrollo productivo, estabilidad macroeconómica e impulso a la inversión.
La reactivación del debate sobre inversiones forzosas en medio de los decretos para atender la emergencia por las inundaciones difícilmente resolverá estas limitaciones estructurales y podría profundizar tensiones fiscales y financieras. La sostenibilidad económica del país depende, en última instancia, de fortalecer la base productiva, mejorar la productividad, ampliar la inversión y garantizar un entorno institucional estable, más allá de instrumentos financieros coyunturales.
El Pacto por el Crédito, firmado en agosto de 2024 entre el Gobierno nacional y el sistema financiero, fue presentado como un instrumento clave para reactivar la economía colombiana en un contexto de desaceleración del crecimiento, caída de la inversión y debilidad productiva. Surgió además como alternativa a la propuesta inicial del Gobierno de imponer inversiones forzosas, con el propósito de ampliar el financiamiento hacia sectores estratégicos como manufactura, agro, turismo, economía popular y vivienda sin recurrir a medidas coercitivas.
Desde su concepción, el acuerdo se estructuró bajo criterios de mercado. Las entidades financieras conservaron autonomía para fijar tasas, condiciones y beneficiarios según perfiles de riesgo, lo que hacía previsible que el crédito siguiera concentrándose en sectores más bancarizables. En consecuencia, el pacto no incluía mecanismos efectivos para modificar estructuralmente las condiciones de acceso al financiamiento productivo.
Hasta comienzos de 2026 se han desembolsado cerca de $214 billones, equivalentes a aproximadamente el 84% de la meta total de $254,7 billones. Sin embargo, el crédito se concentró en manufacturas tradicionales y vivienda, mientras sectores estratégicos como la economía popular, el agro o la infraestructura productiva registraron avances menores y condiciones financieras más restrictivas.
El costo del crédito refleja esta segmentación: mientras vivienda y grandes empresas acceden a tasas cercanas al 12% efectivo anual, pequeños productores y sectores de la economía popular enfrentan tasas que pueden superar el 45%. Esto evidencia que el programa no logró reducir las barreras estructurales al financiamiento ni impulsar una transformación significativa del aparato productivo.
La concentración sectorial también limita su impacto macroeconómico. La manufactura financiada corresponde principalmente a industrias tradicionales, no a actividades de mayor sofisticación tecnológica. En vivienda, el crédito se orienta sobre todo a hogares formales, estimulando la demanda inmobiliaria más que la inversión productiva. La infraestructura productiva, por su parte, mantiene montos relativamente bajos, lo que reduce su capacidad de incidir en la productividad y competitividad.
La aparente sorpresa del Gobierno frente a los resultados y el retorno del debate sobre inversiones forzosas resultan discutibles desde el punto de vista técnico. Un acuerdo basado en reglas de mercado difícilmente podía modificar la lógica tradicional del sistema financiero. Más que un incumplimiento del sector bancario, los resultados reflejan el diseño institucional del programa.
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La reactivación de las inversiones forzosas coincide con un escenario fiscal complejo. En 2025 el recaudo tributario neto fue de aproximadamente $270,4 billones, cerca de $9,9 billones por debajo de la meta oficial, mientras el déficit fiscal alcanzó alrededor de 6,3% del PIB y la deuda pública cerca de 64,7% del PIB. A esto se suma un crecimiento económico moderado de 2,6% y niveles históricamente bajos de inversión, lo que evidencia una fragilidad fiscal estrechamente vinculada al débil desempeño productivo.
La nueva emergencia económica busca recaudar cerca de $8 billones en pocas semanas, en un contexto de incumplimientos recurrentes de metas fiscales y retroceso de la inversión extranjera. Este escenario sugiere que el retorno de propuestas como las inversiones forzosas responde tanto a necesidades fiscales inmediatas como a consideraciones políticas propias del ciclo electoral.
La experiencia histórica muestra que las inversiones forzosas suelen actuar como un gravamen implícito sobre el sistema financiero, elevando el costo del crédito y generando distorsiones sin garantizar un aumento sostenido de la inversión productiva. Su utilización puede afectar la confianza inversionista, aumentar la incertidumbre regulatoria y trasladar costos a ahorradores y usuarios del crédito.
Informe técnico
Balance del Pacto por el Crédito y reactivación del debate sobre inversiones forzosas en el marco de la nueva emergencia económica
Introducción
En agosto de 2024 el Gobierno Nacional y Asobancaria suscribieron el denominado Pacto por el Crédito como una de las principales estrategias de reactivación económica ante los débiles resultados de crecimiento observados en 2023 y comienzos de 2024. El acuerdo surgió, además, en medio de la advertencia presidencial de recurrir a inversiones forzosas para direccionar recursos hacia sectores productivos estratégicos. El Pacto fue presentado como una alternativa “de mercado” que permitiría aumentar el financiamiento hacia manufactura, agropecuario, economía popular, turismo y vivienda e infraestructura, sin imponer obligaciones regulatorias adicionales al sistema financiero.
A casi dieciocho meses de su implementación, el debate público se ha desplazado desde la celebración de los montos desembolsados hacia el cuestionamiento de su impacto real sobre la inversión productiva y la transformación estructural de la economía. De manera simultánea, el Gobierno ha retomado la amenaza de imponer inversiones forzosas, esta vez en el contexto de la nueva emergencia económica declarada para atender la crisis climática y en medio de una situación fiscal frágil.
El presente informe ofrece un balance del Pacto por el Crédito, analiza la coherencia entre su diseño y sus resultados, y examina la reactivación del debate sobre inversiones forzosas a la luz del deterioro fiscal y de la coyuntura política actual.
El diseño del Pacto por el Crédito y sus metas
El Pacto por el Crédito estableció el compromiso del sistema bancario de desembolsar $254,7 billones entre septiembre de 2024 y febrero de 2026. Esta cifra implicaba un incremento de aproximadamente $55 billones frente a los $199,7 billones desembolsados en los 18 meses previos, lo que representaba un crecimiento cercano al 27,5% respecto a la línea base definida por la Superintendencia Financiera.
Las metas sectoriales acordadas fueron las siguientes: 163 billones de pesos para manufactura y transición energética; 40,6 billones para vivienda e infraestructura; 30,4 billones para el sector agropecuario; 12,5 billones para economía popular; y 8,2 billones para turismo. En conjunto, el objetivo era acelerar el crédito hacia sectores considerados estratégicos para la reindustrialización, la formalización productiva y la generación de empleo.
Desde el inicio, el acuerdo fue explícito en señalar que las decisiones de crédito se mantendrían bajo criterios de mercado, sin tasas subsidiadas obligatorias ni direccionamiento estatal directo. En consecuencia, el comportamiento del programa dependería de la evaluación tradicional de riesgo por parte de las entidades financieras. Esta característica resulta central para entender los resultados observados.
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Desempeño agregado y cumplimiento de metas
Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026, los desembolsos acumulados del pacto alcanzaron aproximadamente 214,1 billones de pesos, equivalentes al 84,05 % de la meta total. En términos agregados, el desempeño puede considerarse sólido.
Sin embargo, el cumplimiento sectorial fue heterogéneo. Vivienda e infraestructura superó su meta con un avance de 110,7%, mientras manufactura registró un cumplimiento de 78,3%, agropecuario 82,2%, turismo 83,9% y economía popular 77,6%. El sobrecumplimiento del sector vivienda obedeció principalmente al componente habitacional y no a infraestructura productiva de gran escala.
La tasa de interés promedio ponderada del programa se situó alrededor de 15,2% a 15,5% efectivo anual hacia finales de 2025, reflejando un entorno monetario más restrictivo de lo inicialmente previsto. La reducción esperada de la tasa de política monetaria no se materializó en la magnitud anticipada, lo que limitó el margen para abaratar el crédito.
Concentración sectorial y segmentación por riesgo
El análisis estructural muestra una fuerte concentración del crédito en manufactura, que representa cerca del 60% del monto total desembolsado. Dentro de este sector, predominan industrias tradicionales como alimentos, textiles y químicos básicos, más que manufacturas avanzadas o de alto contenido tecnológico. Esto sugiere que el crédito ha financiado principalmente actividades consolidadas y bancarizables, no necesariamente procesos de transformación productiva profunda.
En vivienda, el crédito se orientó principalmente a hogares asalariados formales, con tasas cercanas a 12,5% efectivo anual. Este comportamiento es consistente con la menor percepción de riesgo asociada al crédito hipotecario, respaldado por garantías reales.
En contraste, la economía popular enfrentó tasas promedio cercanas al 46% efectivo anual, con rangos entre 45% y 52% en algunos segmentos. Esta diferencia ilustra una fuerte segmentación por riesgo. Sectores con menor formalización, flujos de ingresos inestables y escasas garantías reales enfrentaron costos significativamente más altos y menor volumen de recursos.
La infraestructura productiva registró un volumen total relativamente bajo, cercano a 1,6 billones de pesos, concentrado principalmente en construcción, lo que limita su impacto potencial sobre la productividad y competitividad de largo plazo.
En conjunto, estos resultados reflejan el patrón tradicional del sistema financiero que segmenta mayor crédito y menores tasas para actores formales y consolidados; menor acceso y mayor costo para sectores vulnerables o de mayor riesgo percibido.
Coherencia entre diseño y resultados
El presidente de la República ha calificado el Pacto como un fracaso, mientras el sector financiero lo presenta como un éxito en términos de desembolsos. Sin embargo, los resultados observados eran coherentes con el diseño institucional del acuerdo. Un programa estructurado bajo reglas de mercado no altera por sí mismo la segmentación de riesgo ni corrige las fallas estructurales de acceso al crédito.
La expansión del crédito fue real, pero no implicó una reducción sustancial del costo financiero para los sectores más vulnerables ni un cambio estructural en la asignación de recursos hacia actividades de mayor complejidad tecnológica. La expectativa de que el pacto generara un impulso decisivo a la reindustrialización sin instrumentos adicionales de política productiva resultaba optimista.
En este sentido, la aparente “sorpresa” frente a los resultados carece de sustento técnico. El comportamiento observado responde a la lógica financiera tradicional y a las condiciones macroeconómicas vigentes.
Contexto fiscal y reactivación del debate sobre inversiones forzosas
La reaparición del debate sobre inversiones forzosas coincide con un deterioro fiscal significativo. En 2025 el recaudo tributario bruto alcanzó 296 billones de pesos, mientras el recaudo neto fue de 270,4 billones, quedando aproximadamente 9,9 billones por debajo de la meta actualizada del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El déficit fiscal se ubicó en torno a –6,3% del PIB y la deuda pública alcanzó 64,7% del PIB.
El crecimiento económico fue de 2,6% en 2025, apoyado principalmente en consumo y gasto público, mientras la inversión se mantuvo en niveles históricamente bajos, alrededor de 16,1% del PIB. Esta combinación de bajo crecimiento potencial y alto endeudamiento limita el margen de maniobra para políticas contracíclicas.
En este contexto, la nueva emergencia económica busca recaudar aproximadamente 8 billones de pesos en un mes, pese a que el país ha incumplido sus metas de recaudo durante tres años consecutivos. La utilización de instrumentos como el impuesto al patrimonio o la posible imposición de inversiones forzosas se inscribe en una estrategia de obtención rápida de recursos en un entorno fiscal restrictivo.
Históricamente, las inversiones forzosas han operado como un gravamen implícito sobre el sistema financiero, aumentando el margen de intermediación hasta en 3,5 puntos porcentuales cuando se combinaron con otras cargas regulatorias. La evidencia sugiere que estos mecanismos tienden a trasladar costos a usuarios del crédito y ahorradores, encareciendo el financiamiento y generando distorsiones.
Implicaciones económicas y políticas
La discusión actual revela una tensión estructural entre objetivos de desarrollo productivo y restricciones fiscales. Pretender forzar el crédito hacia sectores estratégicos sin modificar las condiciones de riesgo, la estabilidad macroeconómica y el entorno regulatorio puede generar efectos adversos sobre el costo del financiamiento y la confianza inversionista.
En un escenario de deuda pública elevada, déficit persistente y crecimiento moderado, la incertidumbre regulatoria asociada a cambios abruptos en las reglas del juego puede profundizar la desaceleración de la inversión privada. El problema de fondo no es exclusivamente la asignación del crédito, sino la debilidad estructural del crecimiento y la insuficiencia de una estrategia integral de desarrollo productivo.
El Pacto por el Crédito mostró que la expansión cuantitativa del financiamiento no garantiza la transformación estructural. La amenaza recurrente de inversiones forzosas, lejos de resolver esta limitación, puede incrementar los costos financieros y deteriorar el clima de inversión.
Conclusiones
El balance del Pacto por el Crédito evidencia un cumplimiento agregado significativo en términos de desembolsos, pero con fuerte concentración sectorial y persistente segmentación por riesgo. Los sectores más vulnerables enfrentaron las tasas más altas y menor impacto relativo. Estos resultados eran previsibles dado el diseño del acuerdo bajo criterios de mercado.
La reactivación del debate sobre inversiones forzosas responde menos a un fracaso inesperado del pacto que a un entorno fiscal deteriorado y a la búsqueda de instrumentos de financiamiento adicionales. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que este tipo de medidas puede encarecer el crédito y generar distorsiones sin garantizar un aumento sostenido de la inversión productiva.
La sostenibilidad fiscal y el desarrollo productivo requieren estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional y una estrategia integral de crecimiento que trascienda instrumentos coyunturales. Alternar entre acuerdos voluntarios y amenazas regulatorias no constituye una política de desarrollo coherente ni sostenible para la economía colombiana.
