La descertificación es un golpe diplomático para Colombia y un mecanismo de injerencia en la política interna del país.

El gobierno de Petro y los bancos acuerdan el pacto por el crédito que evita las inversiones forzosas, destinando $55 billones a sectores clave para la reactivación económica.

La fiscalía General de la Nación calificó el caso de corrupción en la UNGRD como una «empresa criminal» y reveló la presunta participación de varios funcionarios de alto nivel del Gobierno de Petro, incluyendo a Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo.