Mientras Donald Trump interviene directamente en la campaña presidencial colombiana, los candidatos en contienda no hablan de los desafíos que definirán el futuro del país: soberanía económica, política exterior, crisis fiscal, seguridad energética, reindustrialización y la construcción de una estrategia de desarrollo productivo.
La primera vuelta presidencial de 2026 dejó clara la polarización que vive el país. La segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pone la discusión entre dos candidatos que representan proyectos políticos distintos, pero que comparten su modelo económico y su naturaleza dogmática, autoritaria y populista, y que durante la campaña privilegiaron la confrontación por encima de la deliberación democrática sobre las transformaciones estructurales que requiere el país.
Mientras la atención se concentró en quién representa mejor la continuidad o el rechazo al gobierno Petro, quedaron relegados los temas que definirán el futuro del país durante las próximas décadas: la inserción internacional de Colombia en un mundo cada vez más multipolar, la crisis fiscal, la reindustrialización, la soberanía energética y la construcción de una estrategia de desarrollo capaz de generar riqueza, empleo y bienestar.
Los problemas estructurales del país permanecen sin respuesta. Los candidatos han prometido más gasto, más programas y mayor o menor intervención del Estado, pero han evitado explicar si van a desarrollar la producción nacional agropecuaria e industrial en el próximo gobierno.
Aunque la Casa Blanca había mantenido una relativa prudencia frente al proceso electoral colombiano durante buena parte de la campaña, tras la primera vuelta y en medio de cuestionamientos, denuncias cruzadas e incertidumbre sobre el reconocimiento de los resultados del proceso electoral, Donald Trump decidió respaldar públicamente a Abelardo de la Espriella. Detrás de este respaldo, está el interés de alinear a Colombia dentro de la alianza “Escudo de la Américas”, el acuerdo económico y militar firmado recientemente en el campo de golf de Trump en la Florida con los presidentes de los países latinoamericanos incondicionales del gobierno norteamericano.
La política de Washington se alinea con lo establecido en su estrategia de seguridad nacional formulada en 2025, en cuya perspectiva, las elecciones en los países latinoamericanos se consideran un asunto de interés estratégico para los Estados Unidos en su enfrentamiento comercial con China.
El mundo está cambiando y los dos candidatos presidenciales no plantean nada nuevo en los asuntos internacionales
Mientras los candidatos presidenciales concentraron sus discursos en la confrontación ideológica y política interna, el mundo experimenta transformaciones geopolíticas que tendrán consecuencias para el país durante las próximas décadas.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025 plantea explícitamente la necesidad de reindustrializar la economía estadounidense, fortalecer su base manufacturera, recuperar la soberanía energética y reestructurar las relaciones comerciales internacionales. También propone una política activa para asegurar cadenas de suministro estratégicas, minerales críticos y capacidad industrial propia.
Para América Latina, la estrategia es aún más explícita. Washington plantea la necesidad de reafirmar su liderazgo hemisférico mediante una nueva interpretación de la Doctrina Monroe (denominada por la propia administración Trump como el "Corolario Trump") con el objetivo de garantizar que el hemisferio permanezca alineado con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
La creación de la coalición militar "Shield of the Americas" (Escudo de las Américas) constituye quizás la expresión más visible de esta nueva orientación. La iniciativa busca desarrollar una estrategia económica favorable a Estados Unidos en su confrontación con China y coordinar acciones militares, de inteligencia y seguridad entre países del continente para combatir carteles, controlar flujos migratorios, dentro del objetivo de limitar la influencia de potencias extrarregionales en América Latina.
Ambos candidatos que se disputan la presidencia en segunda vuelta, parecen asumir como incuestionable la inserción internacional que Colombia ha mantenido durante las últimas décadas. Ninguno ha planteado revisar los límites que imponen los tratados comerciales a una política productiva y agraria activa. Ni De la Espriella, ni Cepeda han planteado una estrategia para aprovechar las oportunidades que surgen en un mundo que transita hacia la multipolaridad liderada por China y Rusia.
Estados Unidos busca impulsar la reindustrialización, fortalecer su capacidad manufacturera y reducir la dependencia de competidores estratégicos en sectores críticos. Para ello, contempla el uso de aranceles, incentivos a la producción nacional y el desarrollo de tecnologías de punta.
¿Quién pagará las promesas de la próxima administración?
El próximo gobierno recibirá un sistema tributario agotado, una deuda pública que consume más de un tercio del recaudo tributario en intereses, un déficit fiscal persistente y una economía con limitados márgenes para financiar nuevas promesas. Actualmente, los intereses de la deuda representan un tercio del recaudo tributario neto del Gobierno Nacional, una cifra muy superior al promedio histórico del país.
A pesar de esta realidad, los candidatos prometen más subsidios, infraestructura, programas sociales, seguridad, educación, salud e inversión pública. Pero ninguno explica con claridad cómo financiará esas promesas. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana concluye que las propuestas de gasto son mucho más abundantes que las propuestas tributarias y que ninguno de los candidatos presenta estimaciones detalladas de costos ni mecanismos creíbles de financiación.
Colombia ha realizado varias reformas tributarias en los últimos años sin lograr resolver los problemas estructurales de sus finanzas públicas. Entre 2019 y 2025 el recaudo apenas aumentó 0,4 puntos del PIB, a pesar de las múltiples reformas aprobadas y decretos de emergencia expedidos durante ese periodo.
En materia fiscal poco se habla de los más de 130 billones de pesos que el país deja de recaudar cada año por cuenta de beneficios tributarios, exenciones y tratamientos preferenciales cuya efectividad ni siquiera ha sido evaluada rigurosamente. Tampoco se discuten con suficiente profundidad los problemas de contrabando, evasión, elusión o la modernización de la DIAN en donde hay otros billones por fuera del sistema.
La realidad es que el próximo gobierno deberá tomar decisiones difíciles. No existe espacio para seguir aplazando la discusión sobre la sostenibilidad fiscal del país. Será necesario aumentar ingresos, racionalizar el gasto y atender a los problemas estructurales del sistema. Sin embargo, el debate público continúa atrapado en falsas soluciones: reducir salarios de altos funcionarios, eliminar algunos ministerios o repetir que se atacará la corrupción.
¿Puede Colombia garantizar su soberanía energética?
Ninguno de los candidatos parece comprender plenamente el papel estratégico que desempeña la energía en el nuevo escenario internacional. La discusión energética de la campaña presidencial está marcada por una falsa disyuntiva entre acelerar la salida de los combustibles fósiles o regresar a una expansión indiscriminada de la explotación de recursos naturales. Lo que está ausente es una reflexión sobre el papel que desempeña la energía en la economía, la seguridad nacional y el posicionamiento geopolítico de los países.
La propuesta de Iván Cepeda de la transición energética acelerada impulsada por el gobierno Petro ignora varias realidades: Colombia tiene un aporte insignificante en la emisión global de Gases de efecto Invernadero; la mayor fuente de emisiones está en la deforestación y no en la quema de combustibles; la demanda mundial de petróleo, gas y carbón continúa creciendo impulsada por los procesos de industrialización, urbanización y expansión económica de buena parte del planeta.
La propuesta de Abelardo De La Espriella consiste en regresar a un modelo de saqueo de los recursos naturales, como mercancías destinadas a los mercados internacionales, subordinando las necesidades energéticas y productivas del país a los intereses de Estados Unidos.
En un contexto de creciente competencia geopolítica, los combustibles fósiles siguen siendo una fuente de poder económico, influencia internacional y seguridad nacional. La experiencia internacional demuestra que las transiciones energéticas exitosas no ocurren mediante sustituciones abruptas sino mediante procesos de agregación tecnológica.
Paradójicamente, mientras Estados Unidos impulsa la reindustrialización apoyada en energía abundante y barata, Colombia discute cómo restringir parte de los recursos energéticos que aún constituyen una de sus principales fuentes de ingresos fiscales, divisas y financiamiento para el desarrollo.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos considera explícitamente el dominio energético como uno de los pilares de la seguridad nacional. La administración Trump plantea recuperar la supremacía en petróleo, gas, carbón y energía nuclear como motor de crecimiento económico, instrumento de reindustrialización y herramienta de influencia geopolítica. La energía ya no es vista únicamente como un asunto ambiental o económico, sino como un componente central de la competencia estratégica global.
El verdadero debate no debería girar alrededor de si Colombia debe abandonar inmediatamente los hidrocarburos o explotarlos sin restricciones. La pregunta estratégica es cómo utilizar inteligentemente los recursos energéticos disponibles para fortalecer la soberanía nacional, financiar la transformación productiva, impulsar la industrialización y garantizar la seguridad energética de las próximas décadas.
La transición energética debe ser gradual, racional y compatible con los objetivos de crecimiento económico, industrialización y soberanía nacional.
En suma, Cepeda y De la Espriella no se proponen en lo económico desarrollar el capitalismo nacional. Escudados en alcanzar la supremacía de sus respectivas ideologías a costa de enfrentar a la población, sus programas económicos ofrecen más de lo mismo que mantiene a Colombia sin generar la riqueza que permita resolver de fondo los grandes problemas del país.
