Este anuncio se hizo el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente estadounidense presentó al Congreso la determinación anual sobre los principales países productores y de tránsito de drogas ilícitas para el año 2026.
En esa lista, Colombia aparece no solo como productor y país de tránsito, sino también como uno de los que “fracasaron demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia antidrogas. La designación se compartió con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.
Aunque Estados Unidos aclaró que la ayuda económica y de seguridad no será suspendida, la relación bilateral queda deteriorada y temas como el replanteamiento de las relaciones económicas tales como la revisión del Tratado de Libre Comercio enfrentan nuevos obstáculos además de la falta de decisiones del gobierno colombiano en esta materia.
La inclusión de Colombia en esta lista llega justo cuando el gobierno Petro impulsa la llamada “paz total” con grupos armados ligados al narcotráfico, una estrategia que, según el comunicado estadounidense, ha tenido el efecto contrario: mayor expansión de cultivos ilícitos y debilitamiento de los mecanismos de control.
El mecanismo de la certificación es una facultad arbitraria por medio de la cual el gobierno estadounidense busca influir en las políticas internas de varios países y forma parte de una estrategia del gobierno de Trump de recuperar o acrecentar su influencia y control de la región.
Su deseo de recuperar el control del Canal de Panamá, su intervención en los procesos judiciales en Brasil, sus amenazas a Venezuela, los nuevos aranceles a las exportaciones latinoamericanas evidencian una ofensiva del gobierno estadounidense para controlar la región y ponerla al servicio de sus propósitos imperiales.
¿Qué significa esta descertificación?
Se trata de un mecanismo contemplado en la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos, que permite al presidente evaluar los esfuerzos de los países en la lucha contra el narcotráfico.
Si un país es declarado “no cooperante”, queda expuesto a sanciones como suspensión de ayudas, restricciones de crédito y mayor aislamiento diplomático.
Colombia ya había vivido esta situación en 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio del escándalo del Proceso 8.000. En ese entonces, aunque el impacto económico fue limitado, se suspendieron ayudas militares y se redujeron los créditos internacionales.
Los argumentos de Washington
En esta ocasión, el presidente estadounidense responsabilizó directamente a la administración de Gustavo Petro. Según el comunicado oficial, el Gobierno no cumplió ni siquiera con las metas reducidas de erradicación que se había fijado, debilitando así la cooperación bilateral.
Aunque se reconoce el compromiso de las fuerzas de seguridad y de algunas autoridades locales, la crítica apunta a la dirigencia política. La Casa Blanca incluso dejó la puerta abierta a reconsiderar la decisión si Colombia adopta medidas más agresivas en materia de erradicación, reducción de la producción y judicialización de los responsables.
Las cifras detrás del anuncio
De acuerdo con los informes de Naciones Unidas, en 2024 Colombia alcanzó más de 230.000 hectáreas de coca sembradas, la cifra más alta desde que se llevan registros. Además, la capacidad de producción de cocaína superó las 1.700 toneladas métricas anuales, consolidando al país como el mayor productor del mundo.
Este incremento no solo impacta el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, sino que también ha intensificado la violencia en regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo.
El gobierno de Petro, por su parte, defendió su estrategia basada en sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, aunque en los últimos días ha insinuado la posibilidad de reactivar la fumigación. Sin embargo, para Washington, estos avances son lentos e insuficientes.
Colombia y Estados Unidos: una relación económica marcada por el TLC
La relación económica entre Colombia y Estados Unidos ha estado profundamente condicionada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en mayo de 2012. Tras más de una década de vigencia se evidencia un deterioro en la balanza comercial y un proceso de desindustrialización que contrasta con las promesas iniciales de modernización y diversificación productiva.
Uno de los principales efectos ha sido el tránsito de un superávit a un déficit comercial. Antes del TLC, Colombia registraba un saldo positivo en su intercambio con Estados Unidos, con un promedio anual de USD $3.900 millones entre 2000 y 2012. Sin embargo, desde la entrada en vigor del acuerdo, el país acumula un déficit cercano a USD $463 millones anuales, cifra que prácticamente se duplica si se excluye a Puerto Rico de los cálculos.
La estructura exportadora refleja la persistencia de un patrón primario-exportador. Hoy, cerca del 78% de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos corresponden a bienes básicos como petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. En contraste, los productos industriales y agropecuarios con valor agregado mantienen una participación marginal, con apenas avances puntuales en sectores como frutas tropicales, pimentón o tilapia.
Por el lado de las importaciones, Estados Unidos ha consolidado su papel como proveedor de granos subsidiados (maíz, trigo y soya), que desplazan la producción nacional y afectan directamente la seguridad alimentaria colombiana. En 2024, las compras de estos productos alcanzaron un récord de $7,7 millones de toneladas, por un valor superior a USD $1.800 millones.
