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Cómo entender el conflicto entre exministros de Salud y EPS

May 26, 2024

Por: Bernardo Useche

Director del Equipo de Salud. Psicólogo, Magister y Doctor en Sexualidad Humana y PhD en Salud Pública.

El proyecto de reforma de salud de Petro, visto como un triunfo por el acuerdo con las EPS, enfrenta la oposición de exministros de Salud. Critican la transformación de las EPS en gestoras y advierten sobre la falta de recursos y sostenibilidad financiera del sistema.

El reciente proyecto de ley de reforma a la salud presentado por el presidente Petro ha sido precedido por un acuerdo entre el gobierno nacional y las EPS, el cual fue considerado un triunfo para el Presidente Petro según el editorial del 28 de abril de 2024 del diario El Espectador.

No obstante, los exministros y ex viceministros de salud que han llevado a cabo la Ley 100 durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque han rechazado este acuerdo y no comparten la posición de las EPS de convertirse en gestoras.

En su comunicado del 25 de abril, mencionan que el acuerdo del gobierno con las EPS se desarrolla en el contexto de una nueva reforma de salud que incluye los mismos elementos que la reforma que fue hundida por la Comisión Séptima del Senado, a la cual siempre se han opuesto.

Señalando la contradicción con las EPS que llegaron a un acuerdo con Petro, Alejandro Gaviria expresó en X: “La reforma concertada entre el gobierno y las EPS a puerta cerrada no mejora la reforma negada por el Senado. Facilita, eso sí, que las EPS se transformen en gestoras (le da continuidad a un negocio)”.

El conflicto entre el interés de los exministros y el de las EPS puede explicarse por la reciente decisión de estas empresas de aceptar la propuesta de Petro de negociar. Específicamente, accedieron a renunciar a la gestión del riesgo financiero. Como resultado, la responsabilidad del manejo de los recursos y la sostenibilidad financiera del sistema recaerá completamente en el gobierno.

En el acuerdo alcanzado con Petro, las EPS pasarán de ser aseguradoras de salud a convertirse en empresas administradoras, aunque mantendrán varias de sus funciones esenciales a través de la gestión del riesgo en salud (diferente al riesgo financiero).

Para ello, recibirán entre un 5% y un 8% de la UPC, lo que equivale a aproximadamente cuatro o cinco billones de pesos anuales. Según un informe reciente de la Contraloría, las EPS destinan alrededor del 3% de estos fondos a la administración.

Los exministros destacan que el acuerdo y el nuevo proyecto de ley no aseguran “los recursos financieros suficientes”. Subrayan la necesidad de “resolver la desfinanciación estructural que afecta al sector”, un punto en el que coinciden diversos actores del sistema de salud.

Asimismo, defienden firmemente que las EPS, sin importar cómo se llamen en el futuro, mantengan la gestión del riesgo financiero y la función de compra, elementos clave del negocio asegurador.

El problema radica en que, según investigadores de universidades estadounidenses y organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la sostenibilidad financiera no es viable en sistemas de aseguramiento social como el colombiano.

La principal razón es que, en estos países, los gastos en salud por persona crecen a un ritmo mayor que los ingresos nacionales y el Producto Interno Bruto (PIB), debido al débil desarrollo de la producción y la economía.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud avanzaría con paso firme si las EPS aceptaran transformarse en administradoras del sistema de salud.

Las EPS serían contratadas con una remuneración adecuada, dejando a la ADRES la función de tesorería a través del giro directo a los prestadores, así como la función de pagador único que centraliza la compra de servicios de salud. Sin embargo, es poco probable que las EPS se conviertan en simples administradoras.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud avanzaría con paso firme si las EPS aceptaran transformarse en administradoras del sistema de salud.

En primer lugar, porque los exministros de salud y los partidos políticos a los que pertenecen, como el Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático, están totalmente en contra.

Estos grupos representan la visión tradicional en la implementación de la estrategia global de expansión del seguro privado de salud promovida por el Banco Mundial y el BID. Esta política se enfoca específicamente en mantener la gestión del riesgo financiero y la función de compra en manos de las aseguradoras de salud.

La reforma de salud que proponen los exministros está reflejada en los proyectos de leyes estatutarias de salud presentados desde 2023 en el Congreso por Cambio Radical y el Centro Democrático. El Partido Liberal retiró su proyecto de ley, que en sus puntos principales coincide con los de los partidos mencionados.

En términos generales, esta reforma implica lo siguiente:

  • Una menor cantidad de aseguradoras con un gran número de afiliados y una redistribución territorial del mercado que sea conveniente.
  • Aplicación de fórmulas econométricas para aumentar de manera sistemática el valor de la UPC.
  • Priorizar, es decir, reducir el plan de beneficios.
  • Más copagos y un mayor gasto de bolsillo, incluso para los más pobres, similar a lo que ya se ha implementado en algunos países africanos.
  • Más impuestos de los denominados saludables.
  • Que el gobierno nacional recurra a un mayor endeudamiento con la banca internacional para asegurar el financiamiento del sistema.

En segundo lugar, es improbable que las gestoras se transformen en meras administradoras debido a la falta de infraestructura técnica, personal calificado y experiencia administrativa necesaria para que el gobierno maneje el riesgo financiero y la contratación y compra de servicios de manera eficiente.

Esto se evidencia en la implementación del nuevo modelo de salud que sustituyó el régimen exceptuado de la Ley 100 aplicado al magisterio.

Además, no hay condiciones políticas para eliminar el aseguramiento (no las ha habido en los últimos años), ya que el petrismo no cuenta con la mayoría en el Congreso y los gremios económicos apoyan a los exministros de salud.

En tercer lugar, durante el proceso de la reforma en la Cámara de Representantes, Petro hizo importantes concesiones a las EPS. A pesar de su retórica en los espacios públicos, queda poco del radicalismo inicial de Petro contra las EPS.

El texto del proyecto aprobado y celebrado con entusiasmo por el petrismo en la Cámara es muy diferente al presentado por la ministra Carolina Corcho. Es probable que los tres primeros artículos del proyecto de reforma aprobado en diciembre pasado fueran recibidos con igual satisfacción tanto por los exministros como por las EPS.

Además, al igual que los exministros, Petro está comprometido con el Banco Mundial, que ha señalado que, aunque existen tensiones políticas en torno a la reforma, “el gobierno ha manifestado su intención de llegar a un consenso para su aprobación”.

Reto colosal y una gran responsabilidad para el país político considerar una reforma de salud que elimine las barreras de acceso y las inequidades del sistema actual, para que, en la práctica, los usuarios y pacientes sean los verdaderos beneficiados.

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