Durante la asamblea general de Ecopetrol, realizada el pasado 22 de marzo, se evidenciaron varios enfrentamientos que la crisis reciente. Los representantes de los accionistas minoritarios expresaron su descontento frente a cambios en el objeto social de la compañía, cuestionaron la conformación de la junta y señalaron irregularidades en el desarrollo de la misma asamblea.

En la anterior Junta Directiva, también surgieron desacuerdos, especialmente en relación con el informe de la firma Control Risk, encargado por el Comité de Auditoría y Riesgo. Este documento planteaba varios escenarios sobre el futuro de la empresa, resaltando posibles riesgos reputacionales debido a negocios vinculados a personas cercanas al presidente actual de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a las investigaciones sobre la financiación irregular de la campaña electoral de Gustavo Petro, la cual Roa gestionó.

Para la fecha de la asamblea, y en lo que iba del año 2024, la acción de la empresa había caído un 9,6%, con una reducción significativa en su valor desde junio de 2022, pasando de más de $3.000 a $2.115.

Las preocupaciones y críticas de los pequeños accionistas quedaron sin respuesta, ya que el control mayoritario del gobierno permitió la aprobación rápida de la nueva composición de la Junta, la modificación del objeto social de la empresa y la desestimación del informe de la consultora estadounidense.

Cancelación del proyecto OSLO: el detonante de las renuncias

Las diferencias en el manejo de la empresa alcanzaron su punto máximo con la reciente decisión de la Junta Directiva de no continuar con el proyecto Crownrock, desarrollado en conjunto con Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.

Según expresaron los accionistas, el proyecto Oslo, que involucraba una expansión con la petrolera estadounidense Oxy en una de las regiones más ricas en hidrocarburos de Estados Unidos, terminó en un fracaso.

Este proyecto, diseñado para aumentar la extracción de petróleo en dicha zona, inicialmente recibió luz verde de la Junta Directiva. Sin embargo, en un giro inesperado, la Junta decidió abortar el proyecto.

Renuncias en la Junta Directiva

Esta decisión llevó a Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta a renunciar a la Junta Directiva. En su carta de renuncia, ambos explicaron que la actual Junta había aprobado participar en el proyecto teniendo en cuenta “el beneficio que traería en términos de utilidades, producción y reservas para la empresa.” También señalaron que los impactos ambientales serían mínimos y que el endeudamiento necesario para llevar a cabo el negocio era manejable.

La participación se aprobó en mayo, y el 17 de julio se comunicó al mercado que se estaban llevando a cabo negociaciones con Oxy. Sin embargo, durante una reunión informal en Piedecuesta, Santander, el presidente Petro expresó su desacuerdo, argumentando que el proyecto implicaba inversiones en fracking, aumentaría la deuda de Ecopetrol y desviaría recursos de Colombia hacia el exterior.

La Junta, por mayoría, decidió cancelar el proyecto, lo que llevó a los representantes de los accionistas minoritarios a señalar que, sin los ingresos futuros que generaría el proyecto, las finanzas de Ecopetrol se verían afectadas y las transferencias de la empresa al Gobierno Nacional se reducirían.

Tras la cancelación del acuerdo, la CEO de Oxy manifestó que este resultado dejó claro que Petro estaba en contra del petróleo, el gas, el fracking y las inversiones en Estados Unidos.

Inquietudes sobre el gobierno corporativo

En el informe de gestión, presentado a mediados de año, por el presidente Roa admitió que las utilidades de la empresa se redujeron un 24,2% durante el primer semestre. Además, tras meses de insistir en que se importaría gas desde Venezuela, finalmente reconoció que esto no era viable ni técnica ni económicamente.

Las decisiones cambiantes por parte de la Junta Directiva, influenciadas por la intervención directa del presidente Petro, han generado dudas sobre la transparencia del gobierno corporativo de la empresa. Con la renuncia de dos miembros de la Junta, la gestión de Ecopetrol vuelve a estar en el centro del debate nacional, lo que podría tener consecuencias impredecibles para la reputación y valor de la empresa en los mercados internacionales.

Preocupación entre los Amigos de Ecopetrol

Estos acontecimientos han provocado inquietudes entre los accionistas y otros interesados, quienes ahora exigen explicaciones sobre la gestión del Proyecto Oslo y sus consecuencias financieras. En este contexto, la Asociación Amigos de Ecopetrol presentó un derecho de petición a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, solicitando una explicación sobre las decisiones tomadas en relación con el proyecto.

 Decisiones contradictorias y pérdidas económicas

El derecho de petición se centra en cuestionar el costo económico de estas decisiones contradictorias para Ecopetrol. En el documento, se solicita conocer el monto exacto de los gastos incurridos por la empresa desde que se decidió negociar la expansión del negocio con Oxy hasta la decisión de detenerlo.

La preocupación de los accionistas radica en la posibilidad de que estas decisiones erráticas hayan provocado una pérdida considerable de capital, afectando no solo las finanzas de la empresa, sino también su reputación en el mercado internacional. Asimismo, se pregunta si Ecopetrol pudo haber vendido el derecho a esa expansión antes de abandonar el proyecto, y si aún existe la posibilidad de hacerlo.

Cambios de postura en la Junta Directiva

Otro aspecto que genera sospechas entre los accionistas minoritarios es el cambio de postura dentro de la Junta Directiva. El derecho de petición solicita aclaraciones sobre cómo votó cada miembro en la decisión de buscar el negocio con Oxy y, posteriormente, en la decisión de no llevarlo a cabo. Se busca comprender qué factores llevaron a la mayoría de los directivos a cambiar su postura inicial.

«¿En algún momento se modificaron los criterios de los Comités de Negocios y de Auditoría de Ecopetrol sobre este negocio?» se pregunta en el documento.

Los accionistas quieren saber si la percepción sobre las limitaciones financieras y de endeudamiento de Ecopetrol influyó en esta decisión, y cuál fue la postura del presidente Roa en cada uno de estos momentos clave.

Consulta con el Presidente Gustavo Petro

Otro interrogante es si Ricardo Roa consultó al presidente Gustavo Petro antes de que la Junta Directiva decidiera avanzar con el negocio. Los accionistas se preguntan si Roa, en su rol como presidente de la compañía, solicitó la opinión de Petro, y en caso de haberlo hecho, si el presidente apoyó o no la operación. El documento es contundente en su crítica: si no se consultó a Petro, ¿por qué no se hizo?

Este punto es especialmente relevante dado el contexto político y las expectativas de los inversionistas sobre la alineación de las decisiones corporativas con las políticas del gobierno. La Asociación Amigos de Ecopetrol también pregunta si Roa informó a la Junta sobre las posibles posturas del presidente Petro respecto a este tema, lo que podría haber influido en el desenlace del proyecto.

—– Lea el derecho de petición aquí —–

El derecho de petición concluye con una pregunta directa dirigida a Ricardo Roa: “¿Cree usted que manejó de manera adecuada el proceso que resultó en este fracaso para Ecopetrol? ¿No considera que ha llegado el momento de renunciar a la presidencia de la empresa?”.

El manejo de la empresa por parte de Ricardo Roa está siendo cuestionado no solo por los accionistas, sino también por la opinión pública. La falta de claridad en las decisiones y la influencia política en la gestión de la empresa han generado una crisis de confianza que podría tener consecuencias a largo plazo.