El presidente, a menos de un año de terminar su mandato, ha elevado el tono contra Donald Trump. Tras tres años de pragmatismo, en los que cumplió exigencias de Estados Unidos y limitó la renegociación del TLC a una nota interpretativa, ayer en el Consejo de Ministros planteó suspender acuerdos, imponer aranceles verdes y denunciar injerencias.
La renegociación del TLC con Estados Unidos se mantiene estancado tras tres años de gobierno
Desde la campaña de 2022, el presidente prometió renegociar el TLC con Estados Unidos para equilibrar el comercio y proteger la producción nacional. Sin embargo, en el proceso se redujo a una Declaración Interpretativa Conjunta sobre inversión, firmada en enero de 2025, que no modificó los términos centrales del tratado.
El balance oficial de gobierno, presentado en julio de 2025 al Congreso, detalla que hubo avances en la apertura de comités técnicos, investigaciones por subsidios a la leche en polvo y propuestas en agricultura, inversión, servicios y textiles. Sin embargo, estos pasos iniciales se quedaron cortos frente a la magnitud de los cambios que requería la revisión del tratado, y asuntos cruciales, como el capítulo de inversión, quedaron sin resolverse.
En paralelo, la administración Trump endureció su política comercial con un arancel generalizado del 10% a la mayoría de los países y mantuvo medidas adicionales contra el acero y el aluminio, lo que paralizó cualquier intento de negociación.
Críticas y límites legales de la ruptura
En el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre, el presidente aseguró que Colombia reformará el TLC porque “el comercio no está por encima de la vida”. Incluso si el Congreso decidiera terminar el acuerdo, este seguiría vigente por seis meses adicionales. Por eso, la posibilidad de suspender el TLC antes de finalizar el mandato es mínima, y el discurso presidencial es más una bandera electoral de campaña que un plan realizable.
Otra de las medidas comunicadas ayer sería la terminación del TLC con Israel, lo cual hasta ahora no había estado en el radar del Gobierno.
Tensiones diplomáticas con Washington
El mandatario denunció en el Consejo de Ministros que ni él ni la canciller cuentan con visa estadounidense para asistir a la ONU, calificando la decisión como una “estupidez” y una violación al derecho internacional. También cuestionó la dependencia de telecomunicaciones, la influencia en aduanas y la subordinación militar frente a Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, el historial de choques diplomáticos durante su gobierno se ha traducido en pocos resultados concretos y ha terminado siendo más una escena de confrontaciones verbales con Washington. Uno de los episodios más tensos ocurrió en julio de 2025, cuando se produjo un llamado a consultas recíprocas de embajadores tras la denuncia del presidente sobre un supuesto complot de Estados Unidos para derrocarlo. Desde entonces, se advertía la posibilidad de una descertificación en la lucha contra las drogas, que finalmente se materializó en septiembre.
Esta tensión coincidió con un deterioro fiscal profundo: suspensión de la Línea de Crédito Flexible del FMI, rebaja de la calificación crediticia y decisión del propio Gobierno de suspender la regla fiscal. Todo ello configura un panorama que encarece el acceso al crédito, debilita la inversión extranjera y compromete la estabilidad macroeconómica.
La OTAN y las alianzas estratégicas
El presidente fue enfático ayer al declarar en el Consejo de Ministros, con tres años de retraso: “Nosotros no pertenecemos a la OTAN”. Explicó que Colombia no es parte del Atlántico Norte sino del Atlántico Sur y el Caribe, y que la alianza se fundó para enfrentar a los nazis, por lo que hoy resulta incoherente apoyar gobiernos señalados de cometer crímenes de lesa humanidad, en referencia a la guerra en Gaza.
El mandatario afirmó que los colombianos no son un pueblo que “se arrodilla”, evocando la herencia de Bolívar y del general José María Melo, y concluyó que “ahora no cabemos en la OTAN”.
Más allá de la OTAN, también dejó claro que Colombia no ingresará a los BRICS, pues (excepto China) son países petroleros, mientras que el país busca una transición energética. En contraste, ha insistido en priorizar alianzas con América Latina y el Caribe, la mayoría de los cuales o están en los BRICS o en la Nueva Ruta de la Seda, liderada por China.
sus llamados a la unidad regional han tenido poco eco. Incluso su eje fue la resurrección de la “Gran Colombia”, una evocación anacrónica e irrealizable en medio de controversias y desacuerdos con Panamá quiere renovar las operaciones militares en su pais o Ecuador cuyo presidente propone una reforma constitucional que las permita y que se acercan a las políticas de Trump. Esto ilustra el carácter retorico de sus propuestas.
Llama la atención que estas iniciativas surjan después de tres años de gobierno, lo que refuerza la percepción de que responden más a la coyuntura política y electoral que a un rediseño estructural de la política exterior.
Estrategia electoral disfrazada de soberanía
A lo largo de tres años, el Gobierno buscó mantener una relación funcional con Washington, cumpliendo compromisos y evitando choques mayores. Hoy, en cambio, el presidente ha endurecido el discurso en plena campaña presidencial.
Más que un cambio en la política exterior, la elevación del tono del mandatario forma parte de su estrategia electoral. El discurso soberanista se convierte en un recurso de campaña, mientras que la realidad fiscal limita su margen de maniobra.
