(Informe SIA #34) Japón y TPP, el desastre de los TLC continúa

Feb 14, 2017

20 de octubre de 2015 Sayōnara producción y empleo nacional   En el Informe SIA # 14 se detallaron impactos de un posible TLC entre Colombia y Japón, entre otras […]

SIADefinitivo

20 de octubre de 2015

Sayōnara producción y empleo nacional
 
En el Informe SIA # 14 se detallaron impactos de un posible TLC entre Colombia y Japón, entre otras cosas por la enorme asimetría que existe entre ambas naciones. También se mostró que en términos comerciales Colombia no es ganador en sus relaciones con el país asiático y que el grado de sofisticación del comercio beneficia ampliamente a Japón.

A punto de concluir la negociación con este país, es preocupante que las diferencias estructurales entre ambas economías se mantienen y que el Gobierno Nacional no esté en capacidad de presentar argumentos serios y estudios rigurosos que prueben la defensa del interés colombiano en este acuerdo.  

Por eso es importante presentar nuevamente información relevante sobre la inminente amenaza para el país, por cuenta de la obstinación del gobierno de Juan Manuel Santos en suscribir este tipo de acuerdos. Los hechos están probando que Colombia es perdedor en todos y cada uno de los acuerdos suscritos. El Congreso de la República y la Corte Constitucional tienen una enorme responsabilidad por haber dado vía libre a su aprobación, sin analizar de fondo la conveniencia para el país.  

En este sentido, se debe exigir a las ramas de poder que expliquen a los colombianos: ¿por qué las predicciones sobre los resultados que traerían los TLC no se han cumplido? ¿Por qué no se explica la causa de los pésimos resultados?

¿Por qué frente al fracaso, se sigue avanzando en esta política?

Como si no fuera suficiente, desde el Gobierno Nacional se esgrime con fuerza la propuesta de ingresar al Tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), una asociación de superpoderosos en la cual Colombia no tiene nada que ofrecer, pero sí puede perder lo que queda de producción nacional.  
 
Las asimetrías con Japón no las corrige el comercio  

Es innegable la enorme asimetría que existe entre Japón y Colombia. El primero es la tercera economía más grande del planeta y el segundo la número 30. El PIB de Japón, de US$ 4,6 billones es 12 veces más alto que el de Colombia de US$ 377.700 millones. A su vez, el PIB Per Cápita japonés es 4,6 veces más alto que el colombiano.   

El resultado de la enorme brecha se explica por las políticas públicas implementadas durante décadas. En Japón se han ejecutado medidas para dotar de competitividad al país, blindar la producción de alimentos, estimular la investigación científica para la producción industrial y defender a sus trabajadores. Mientras en  
 

Agricultura con película en Japón,  que evita que el agua y los fertilizantes se escapen
 
Fuente: tomado de Gobierno de Japón. Somos Tomodachi, otoño de 2015. La nueva tecnología permite cultivar en tierras yermas

Colombia se ha actuado de manera sistemática para acabar con la producción agrícola e industrial, reducir los derechos de los trabajadores y privilegiar a un pequeño sector de la población a través de poner el Estado al servicio de los negocios del sector financiero y de las transnacionales minero-energéticas.  

Esto puede evidenciarse en hechos como que a pesar de que Colombia es tres veces más grande que Japón en territorio, este último tiene 10 veces más porcentaje del área de tierra cultivable que el país suramericano.

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Adicionalmente, Japón ha desarrollado técnicas que le permiten cultivar “prácticamente en cualquier lugar: en el desierto, sobre cemento, en pantanos, en suelos contaminados, etc”1, gracias a tecnología de punta que es resultado de la fuerte inversión en ciencia y tecnología del país nipón.  

Así, mientras Japón gasta el 3,3% de su riqueza total en investigación y desarrollo, Colombia a duras penas llega al 0,17% del PIB. También, en Japón tienen 5.158 investigadores por cada millón de habitantes, cuando en Colombia solo hay 185 investigadores por cada millón2. Como resultado, en Japón se registran 275.000 patentes al año y en Colombia aproximadamente 1.667 patentes3.  

En competitividad la brecha entre ambos países es más alarmante. Japón está en el puesto 6 y Colombia en el 61, en el ranking medido por el Foro Económico Mundial. No hay un solo elemento en el que Colombia sea más competitivo que Japón. Por ejemplo, en innovación y sofisticación de los factores, Colombia está en el puesto 61 y Japón en el puesto 2; y en infraestructura Colombia ocupa el puesto 84 y Japón el 5° lugar4. Por último, la inversión de Japón en Colombia es de US$ 300 millones entre 2003 y 2014, mientras la de Colombia en Japón en ese mismo periodo es de US$ 2,2 millones.  

No es de extrañar -entonces- que el comercio entre ambas naciones sea tan desigual. Colombia solo representa el 0,1% de las importaciones de Japón, porque los principales socios de este país son China, Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Entre los 3 primeros está el 37% de las compras que hace Japón, y es con ellos que tiene que competir Colombia por un cupo en las compras niponas. Es necesario que el Ministerio de Comercio explique al país si a los mismos países con quienes Colombia pierde en su mercado local, ¿podrá ganarles por más acceso en un mercado a 14.000 kilómetros de distancia?

Una buena razón de por qué Colombia no logra más acceso al mercado japonés no está en la ausencia de acuerdos comerciales, sino en la falta de mayor oferta exportable. En efecto, el 90% de lo que vende Colombia es café, ferroníquel, flores y productos de café; y el 98% de lo que compra a Japón son bienes industriales5.  
Según el Gobierno Nacional, el comercio puede ayudar a cerrar estas brechas. El comercio con Japón no comenzará con la firma del acuerdo. Las relaciones diplomáticas entre ambos países comenzaron en 1908 y hay una importante historia de migración japonesa al país, especialmente al Valle del Cauca, que inició en 1929.  

Sin embargo, nunca en la historia de las relaciones comerciales con Japón ha habido una balanza comercial positiva para Colombia y en los últimos 34 años el déficit alcanza cerca de US$ 16.000 millones. Además,  desde 1971 la composición de las exportaciones colombianas se ha deteriorado en cuanto a la sofisticación de las mismas. En 1971 el 78% de lo que vendía Colombia a Japón eran exportaciones no tradicionales. Para 2005 solo era el 16%. ¿Esta situación se debe a la falta de un TLC o al fracaso de la política económica de producción y diversificación de exportaciones colombiana?
 
Relaciones comerciales con Japón para 2015
 
Los datos del DANE revelan que las exportaciones a Japón, en el periodo enero a agosto de 2015 experimentaron un crecimiento de 31,4%, al pasar de USD 280 a 368 millones. En cuanto a las importaciones, entre enero a julio de 2015 cayeron 10,8%, de USD 877 a 782 millones.  

Es importante recordar que de las exportaciones colombianas al país nipón, entre enero a agosto de 2015 el 52,5% fueron café, el 24% combustibles y el 9% flores, mientras las compras que realiza Colombia a ese país son  bienes industriales. Esto explica por qué el balance comercial a julio todavía presentaba un déficit por USD 469 millones.
 
Al que no le guste el TLC se le da el TPP 

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El TPP es un TLC recargado, escrito por Estados Unidos y que agrupará a 12 economías que representan el 40% del comercio global, entre las cuales está Japón, Canadá, Australia, México, Chile y Perú. De estos países mencionados, con el único con el cual Colombia no tiene un TLC es con Japón, que está a punto de firmarse, aunque ya cuenta con un Acuerdo de Protección de Inversiones, que es al almendrón de los acuerdos comerciales.

Según la Oficina Comercial de Estados Unidos, este nuevo acuerdo “nivela el campo de juego para los empresarios y trabajadores americanos (sic) (…) eliminando 18.000 impuestos en forma de aranceles que varios países ponen sobre los productos Hecho en América”. Además, el TPP “capitaliza la posición de [Estados Unidos] como el líder mundial en exportación de servicios”6. En este acuerdo no está China y hay una explicación para ello: según el presidente Barak Obama, “no podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global; nosotros debemos escribir esas reglas”. Sin embargo, analistas afirman que lo expresado por Obama es retórica interna, puesto que los principales países del TPP ya tienen acuerdos comerciales con China, e incluso Estados Unidos está negociando uno de inversiones con ese país, además ha dejado la puerta abierta para que China pueda ingresar con ciertas condiciones.   

Los empresarios japoneses también se beneficiarán del TPP, especialmente en la industria automotriz. Este país cuenta con 26 ensambladores en Estados Unidos, desde donde se construye el 70% de los vehículos con la marca japonesa que se venden en el país del Norte, así como el 80% de sus partes7. Otro sector empresarial que se lucrará el TPP es la industria de electrónica japonesa, con maquilas en Vietnam, en donde tendrá más protección a la inversión para desarrollar sus actividades.  

En cuanto a la agricultura, uno de los sectores en los cuales Colombia hace cuentas alegres en un posible TLC con Japón, este país ha anunciado que “reforzará el sector agrícola para prepararse para la liberalización del mercado en el marco del TPP”8, el cual de hecho ya tiene enormes barreras sanitarias y fitosanitarias para su ingreso.   

El gobierno de Santos ha expresado reiteradamente su interés de que Colombia ingrese a este acuerdo, pero el país no hace parte de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), y es visto con recelo por este grupo de naciones por cuenta del abandono en que se encuentra el Pacífico colombiano. Sin embargo, un primer paso en ese camino se dio con la firma de la Alianza Pacífico, cuya principal característica es la plena identidad que existe entre México, Colombia, Perú y Chile en la defensa de los intereses de las transnacionales estadounidenses y japonesas.  

Es evidente que la firma de un TLC con Japón sería un requisito que el gobierno de Santos tendría para pedir la adhesión al TPP, acuerdo que ya se terminó de negociar y al que Colombia se vincularía sin posibilidad de modificar una sola coma. Con un agravante, y es que la Alianza del Pacífico ya abrió la posibilidad de sumarse a otras iniciativas sin realizar trámite por el Congreso de la República ni la Corte Constitucional.  

Japón ha emprendido una estrategia para recuperar su posición en la economía global, invirtiendo más capital en la producción, incrementando la capacidad de compra de sus habitantes y fortaleciendo el consumo doméstico. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano implementa una política de austeridad para el pueblo, mayores impuestos a los productores, menos salarios y la profundización de acuerdos lesivos para la economía.   

Viendo el éxito reciente en el crecimiento, alcanzado por Japón con su política en defensa de sus intereses nacionales, quizás los colombianos debamos prestar más atención a los ‘Abenomics’ del Primer Ministro japonés, como se le conoce a su receta, en reemplazo de las frases de motivación personal de la Ministra Álvarez-Correa.    
 
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1 Gobierno de Japón (Otoño de 2015). Somos Tomodachi. La nueva tecnología permite cultivar en tierras yermas. Recuperado de: http://www.japan.go.jp/_src/268775/autumn15es_30-31.pdf

2 Banco Mundial. Indicadores por países.

3 World Trade Organization.

4 World Economic Forum. The Global Competitiviness Report 2015-2016.

5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Oficina de estudios económicos.

6 United States Trade Representative. Overall U.S. Benefits. Disponible en: https://ustr.gov/tpp/#overall-us-benefits

7 The Wall Street Journal (6 de octubre de 2015). Japan’s Car Makers Embrace Trans-Pacific Partnership. Recuperado de: http://www.wsj.com/articles/japans-car-makers-embrace-trans-pacific-partnership-1444114976   Perfil por países Fuente: Gobierno de Japón (Verano de 2014). “Abenomics” is progressing!. Recuperado de: http://www.japan.go.jp/tomodachi/Features/Abenomics.html  
                                                          
 8 The Japan Times. ‘Farm chief eyes promotional blitz to brace for TPP’. Disponible en: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/18/business/farm-chief-eyes-promotional-blitz-brace-tpp/#.ViO0Vn4vfb0 

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Introducción

La segregación residencial es uno de los rasgos más persistentes en la configuración de las ciudades latinoamericanas. Bogotá se caracteriza por un orden residencial particularmente nítido, donde la localización del lugar de residencia de los hogares está estrechamente asociada a la posición socioeconómica (Alfonso, 2023a).

Tradicionalmente, el análisis de la segregación se ha centrado en indicadores objetivos como la localización de la población, la densidad o la distribución de ingresos. Partiendo de estos análisis que confirman la existencia de este fenómeno en la metrópoli nacional, se busca avanzar en la comprensión de cómo las desigualdades urbanas se traducen en la experiencia cotidiana de los habitantes. La forma en que las personas perciben su entorno ofrece una aproximación directa a cómo la estructura urbana condiciona la vida diaria (Guzman et al., 2025).

El presente documento de trabajo analiza la segregación residencial en Bogotá desde el punto de vista de las percepciones. Después de ofrecer una breve explicación sobre el concepto de segregación residencial y referenciar algunas mediciones existentes para Bogotá. Se examina a nivel de Unidades de Planeación Local (UPL), a partir de la Encuesta Distrital de Percepción (2025), el contexto socioeconómico de Bogotá. Luego se explora la relación entre la estructura de ingresos y la calificación al acceso a salud, educación, oportunidades laborales y espacios culturales. Finalmente se muestra la percepción de dos de sus principales estragos: el hambre y la movilidad. El análisis busca evidenciar que la segregación residencial también configura experiencias urbanas desiguales.

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1.     Segregación Residencial en Bogotá

La segregación residencial se define como un fenómeno socioespacial caracterizado por la distribución desigual de diversos grupos de población en el territorio urbano, manifestada a través de la proximidad física entre viviendas de grupos similares y la homogeneidad social de zonas específicas (J. M. Mayorga, 2019). Este fenómeno ha sido ampliamente abordado en la literatura urbana como un elemento estructurante del espacio de las metrópolis latinoamericanas, que hace referencia a la separación y a la acción de separar (Oberti & Préteceille, 2018).

Una de las primeras definiciones explícitas fue propuesta por White (1983), quien la describió como la “distribución desigual de los grupos sociales en el espacio físico”. Posteriormente, esta aproximación se profundizó al definirla como el “grado en que dos o más grupos viven separados unos de otros en diferentes partes del medio urbano” (Massey & Denton, 1988). Este enfoque fue el primero en ofrecer una metodología de medición de la segregación a partir de dimensiones como la uniformidad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento.

Desde una perspectiva latinoamericana, Francisco Sabatini (2006) identifica tres dimensiones: la concentración espacial de los grupos sociales, la homogeneidad social de los vecindarios y el prestigio o desprestigio social de los barrios.

Desde un enfoque estructural, la segregación no se limita a describir un estado de separación, sino que se entiende como el resultado de dinámicas propias del modo de producción dominante. En este sentido, constituye una acción de separar en la que intervienen activamente grupos segregadores y segregados (Abramo, 2011; Alfonso, 2005; Oberti & Préteceille, 2018; Ruiz-Tagle, 2016).

En las metrópolis latinoamericanas, la segregación residencial opera como la principal variable de ajuste espacial del mercado de vivienda (Osorio, 2024). En este proceso interviene la renta de monopolio de segregación, entendido como el sobrecosto o “impuesto privado” que pagan las clases altas para garantizar la exclusividad y excluir a otros grupos sociales de sus vecindarios (Jaramillo, 2009).

Hombre pobre sentado frente a la Catedral Primada de Colombia

En Bogotá, este fenómeno presenta una configuración particularmente nítida en comparación con otras ciudades de la región, caracterizándose por la claridad de su orden residencial segregado (Alfonso, 2023a). Uno de sus rasgos más evidentes es la dualidad norte-sur: las clases altas se concentran en el norte y nororiente, en sectores como El Refugio, Chicó Lago, Santa Bárbara y Country Club, mientras que las clases populares se ubican principalmente en el sur y suroccidente, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. La clase media, por su parte, se localiza predominantemente en un eje hacia el occidente y centro-occidente de la ciudad, en zonas como Teusaquillo y Galerías (Ibid).

Este patrón no es aleatorio, sino que responde a una segmentación del mercado de vivienda, el cual se encuentra dividido en 12 segmentos que van desde la vivienda informal hasta desarrollos de alta gama para las élites. Los productores inmobiliarios utilizan esta estructura para orientar sus decisiones de localización, reforzando así la segregación existente (Alfonso, 2023b).

Las desigualdades también se evidencian en los diferenciales de densidad urbana. Mientras vecindarios de altos ingresos como Chicó Lago presentan densidades inferiores a las recomendadas (0,7 veces), sectores populares como Diana Turbay alcanzan niveles críticos, llegando a 7,8 veces lo óptimo (Alfonso, 2023a).

En términos de medición, diversas metodologías han permitido cuantificar la magnitud de este fenómeno en la ciudad. Entre las principales se encuentran:

Índices de segregación por clases sociales (ISP, ISM, ISA): Propuestos por Alfonso (2023a), estos indicadores capturan el confinamiento de las clases sociales a nivel de UPZ a partir de variables como la posición ocupacional y el nivel educativo.

  • Clase popular (ISP): presenta un rango de 6,7 puntos, con La Flora como la zona más segregada (6,8) y Los Cedros como la menos segregada (0,1).
  • Clase media (ISM): registra un rango de 12,0 puntos, alcanzando su valor máximo en Parque Simón Bolívar – CAN y La Esmeralda (12,2).
  • Clase alta (ISA): muestra un rango de 5,5 puntos, siendo Ciudad Salitre Occidental el vecindario más exclusivo (5,5).

Índice de interacción o exposición: Mayorga et al (2020) estiman que la probabilidad de interacción entre clases es extremadamente baja. Un individuo de clase alta tiene una probabilidad de 0,004 de interactuar con uno de clase baja, mientras que en sentido inverso esta probabilidad es de 0,042.

Índice de disimilitud (Duncan): Duarte Mayorga et al (2013) calcularon un valor de 0,55 para Bogotá, indicando un alto nivel de segregación.

Densidad poblacional crítica: Sectores populares como Diana Turbay (7,8 veces), Patio Bonito (5 veces) y Bosa Occidental (47.643 hab/km²) concentran una sobreocupación severa, mientras zonas de altos ingresos como Chicó Lago (0,7) y Country Club (1,1) mantienen baja densidad, evidenciando que el 77,8% de las UPZ residenciales superan el umbral óptimo y consolidan un patrón de hacinamiento estructural en las clases populares (Alfonso, 2023a).

Estas configuraciones espaciales tienen efectos sociales profundos. La segregación genera “estragos” en las condiciones de vida de la población, tales como el hambre, el hacinamiento, la precariedad en la movilidad cotidiana y el empobrecimiento patrimonial de los hogares populares (Alfonso, 2023a; Alfonso & Osorio, 2025; J. Mayorga et al., 2017; J. M. Mayorga & Ortiz, 2020; Osorio, 2024).

Viviendas coloridas en ladera popular de Bogotá

2.     Metodología

Este documento se basa en el análisis de la Encuesta Distrital de Percepción (EDP) 2025, la cual cuenta con un diseño muestral amplio que permite realizar inferencias sobre las condiciones y percepciones de los hogares en Bogotá. Si bien en este ejercicio no se desarrollan estimaciones inferenciales, la representatividad de la encuesta permite identificar patrones territoriales robustos en la distribución de condiciones materiales y percepciones a nivel de UPL.

El análisis se estructura en tres momentos. En primer lugar, se presenta un contexto socioeconómico general de la ciudad a partir de la distribución de ingresos, la pobreza subjetiva y el estrato como proxy del acceso a servicios públicos a nivel de UPL. Este paso permite establecer la base material sobre la cual se configuran las desigualdades urbanas.

En segundo lugar, se examina la relación entre el nivel de ingresos y el acceso a servicios urbanos. Específicamente, se analiza cómo varía el acceso a salud, educación, oferta cultural y oportunidades de empleo en función del porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV. El objetivo es identificar si existen patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de la ciudad.

Finalmente, el análisis se enfoca en la dimensión subjetiva de la segregación, explorando la satisfacción de los hogares a partir de dos de sus principales “estragos”: el hambre y la movilidad cotidiana. Estos elementos permiten aproximarse a cómo las desigualdades estructurales se traducen en experiencias concretas de privación y limitación de oportunidades en la vida diaria.

Edificios residenciales de ladrillo en barrio de altos ingresos

3.     Condiciones socioeconómicas en Bogotá

En el caso de Bogotá, y posiblemente en otras ciudades latinoamericanas con altos niveles de segregación, la desigualdad urbana no solo estructura el territorio, sino también la forma en que este es percibido y experimentado. Las personas no nombran directamente la segregación, pero sí la viven y la interpretan mediante atributos como la seguridad, la belleza, la comodidad o la funcionalidad de los entornos que habitan. Cuando se analizan de forma sistemática las percepciones sobre el entorno construido, emerge con claridad que estas están profundamente determinadas por la estructura socioeconómica de la ciudad (Guzman et al., 2025).

En la Figura 1 se observa la distribución de los ingresos en Bogotá, evidenciando una estructura marcadamente concentrada en los tramos bajos y medios. El PIB per cápita de la ciudad se sitúa en aproximadamente USD 15.000 (DANE, 2024), cifra significativamente inferior a la de otras metrópolis del mundo como Nueva York (USD 110.000), Berlín (USD 70.000) y Beijing (USD 33.000), lo que da cuenta de una brecha sustantiva en términos de capacidad económica.

Figura 1
Gráfico de distribución de ingresos por UPL en Bogotá

No sé observa ninguna UPL en la que no se registren hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo. En términos de distribución, el 16% de los hogares reporta ingresos por debajo de un salario mínimo, el 55,7% se ubica entre 1 y 2 salarios mínimos, el 19,7% entre 2 y 4 salarios mínimos, y apenas el 8,7% supera los 4 salarios mínimos. Esta estructura se expresa espacialmente en la concentración de los hogares de menores ingresos en las UPL Lucero, Usme–Entrenubes, Arborizadora, Tibabuyes y Centro Histórico, mientras que los hogares de mayores ingresos se localizan principalmente en Niza, Salitre, Chapinero y Usaquén.

Figura 2
Gráfico de pobreza subjetiva por UPL en Bogotá

La Figura 2 muestra la distribución de la pobreza subjetiva en Bogotá, evidenciando que el 16% de los hogares se autoidentifica como pobre. Este indicador permite captar dimensiones no monetarias del bienestar y percepciones asociadas a las condiciones de vida. A nivel territorial, la mayor concentración de hogares que se consideran pobres se ubica en las UPL de Lucero, Arborizadora, Torca, Usme–Entrenubes y Rafael Uribe.

Figura 3
Gráfico de estratos socioeconómicos por UPL en Bogotá

La Figura 3 presenta la distribución de los estratos socioeconómicos según la clasificación de los servicios públicos. Si bien este indicador tiene limitaciones como proxy del estatus socioeconómico, llama la atención que en el 16% de las UPL se registran hogares que reportan no tener acceso a servicios públicos, particularmente en Lucero, Centro Histórico, Bosa, Tibabuyes y Niza.

4.     Desigualdad en la percepción del acceso a servicios urbanos según nivel de ingresos

Una vez establecida la estructura socioeconómica de la ciudad, se procede a analizar cómo esta se traduce en el acceso percibido a los servicios urbanos. En este sentido, se examina la relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y los niveles de acceso reportados, con el fin de identificar patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de Bogotá.

Figura 4
El gráfico compara estratos por UPL y permite observar concentración de estratos bajos en el sur y suroccidente.

En la Figura 4 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV en cada UPL, el puntaje promedio de acceso a servicios de salud disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación clara entre condiciones económicas y capacidad efectiva de acceso. Este comportamiento se organiza espacialmente en un patrón de segregación territorial marcado, donde las zonas se agrupan de manera consistente según su nivel socioeconómico.

Se identifican territorios con alta satisfacción en el acceso a salud tales como Usaquén, Salitre y Niza, que corresponden a áreas de mayores ingresos; un grupo intermedio conformado por Engativá, Kennedy y Fontibón; y, finalmente, UPL con rezagos significativos como Bosa, Lucero, Arborizadora y Patio Bonito.

Figura 5
Gráfico relaciona ingresos bajos y oportunidades laborales por UPL

A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso a oportunidades laborales disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación negativa entre condiciones económicas y acceso percibido al empleo (Figura 5).

El patrón territorial muestra extremos bien definidos. En las UPL con menor proporción de hogares de bajos ingresos (entre 20% y 30%), como Niza, Salitre y Usaquén, se registran los puntajes más altos de acceso, cercanos a 3,2–3,3. En contraste, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables (más del 80%), como Lucero, Arborizadora y Usme–Entrenubes, los puntajes descienden a rangos entre 2,75 y 2,9.

En particular, Lucero, Usme–Entrenubes y Arborizadora se ubican en el extremo más bajo del indicador, coincidiendo con los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Figura 6
La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente. El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador. No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada. El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios. A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares. El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente.

El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador.

No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada.

El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios.

A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares.

El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

Figura 7
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso cultural por UPL

Los resultados muestran que a medida que aumentan los hogares con ingresoso menores a los 2 SMMLV, empeora el puntaje otorgado a el acceso a servicios urbanos. Salud, empleo, educación y oferta cultural no se distribuyen de forma homogénea, sino que siguen la misma lógica espacial del orden residencial de la ciudad. Aunque la intensidad varía, es más fuerte en empleo y cultura, y más moderada en educación, la tendencia es consistente en todos los casos. Esto sugiere que la segregación no solo define dónde vive la gente, sino también qué tan satisfecha se siente con la accesibilidad.

5.     Percepción de dos estragos de la segregación residencial en Bogotá

Las percepciones sobre el entorno urbano constituyen una dimensión central para comprender la habitabilidad de las ciudades. Más allá de los indicadores tradicionales, la forma en que las personas valoran su experiencia en la ciudad refleja condiciones materiales concretas. En este sentido, el análisis de percepciones ofrece una vía para entender cómo las desigualdades urbanas se experimentan en la vida cotidiana.

En contextos de alta segregación, como el de Bogotá, estas percepciones no se distribuyen de manera aleatoria, sino que están fuertemente condicionadas por la estructura socioeconómica del territorio. La evidencia muestra que la calidad percibida del entorno urbano presenta una marcada heterogeneidad espacial, con mejores valoraciones concentradas en zonas de mayores ingresos y peores condiciones en áreas periféricas y vulnerables (Guzman et al., 2025). En este marco, se analiza la percepción de dos de los principales estragos de la segregación residencial: el hambre y la movilidad cotidiana.

5.1. Hambre

En Bogotá, uno de cada diez hogares reporta que, por falta de dinero, en la semana previa al levantamiento de la encuesta algunos (moderada) o todos (severa) sus miembros no pudieron consumir las tres comidas diarias (Figura 8). La distribución espacial del hambre muestra un patrón claro. La inseguridad alimentaria se concentra en el sur y suroccidente de la ciudad, configurando una gradiente territorial consistente con el orden residencial segregado

Figura 8
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso a salud por UPL

No existe ninguna UPL donde el indicador sea cero. Incluso en zonas de altos ingresos como Teusaquillo, Usaquén o Niza se registran casos de hambre, aunque en niveles bajos. Esto indica que la ciudad no se divide entre territorios con y sin hambre, sino entre distintos niveles de incidencia: zonas de baja afectación, zonas intermedias y territorios en situación crítica.

En los casos más extremos, como Lucero, Arborizadora y Torca, cerca de uno de cada cuatro hogares enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. En particular, en Lucero se observa una condición especialmente grave: uno de cada diez hogares reporta que ningún miembro pudo consumir las tres comidas diarias durante la semana anterior por falta de recursos.

Figura 9
Gráfico relaciona ingresos bajos y seguridad alimentaria por UPL

La Figura 9 muestra que la percepción de seguridad alimentaria presenta una relación negativa clara con el nivel de ingresos. A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, disminuye de forma sostenida la percepción de seguridad alimentaria, evidenciando un gradiente socioeconómico consistente con el orden residencial segregado.

El patrón espacial muestra una concentración definida en la cola inferior del indicador. UPL como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes registran los niveles más bajos de percepción de seguridad alimentaria, coincidiendo con territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica. En conjunto, estos resultados refuerzan que la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera aleatoria, sino que sigue la estructura de desigualdad urbana

5.2. Movilidad

Como se observa en la Figura 10, en 23 de las 30 UPL urbanas, el transporte público es el principal medio de desplazamiento para más del 50% de los hogares, lo que refleja una alta dependencia de este modo en amplias zonas de la ciudad, particularmente en territorios de ingresos bajos y medios bajos. En contraste, en UPL de mayores ingresos como Niza y Usaquén, el uso del transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público

Figura 10
Gráfico de medio principal de transporte por UPL en Bogotá

La relación entre el nivel de ingresos y el uso del transporte público muestra un patrón inverso al observado en el transporte privado (Figura 11). A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos menores a 2 SMMLV, se incrementa de forma sostenida la proporción de personas que dependen del transporte público como principal medio de desplazamiento.

Figura 11
Gráfico relaciona ingresos bajos y uso de transporte público

La relación entre el uso del transporte público y la satisfacción con el mismo evidencia un patrón inverso (Figura 12). A medida que aumenta la proporción de personas que utilizan transporte público como medio principal, la satisfacción tiende a disminuir de forma sostenida. Este resultado sugiere que los territorios con mayor dependencia de este modo enfrentan condiciones más precarias en la experiencia de movilidad.

Figura 12
Gráfico relaciona transporte público y satisfacción por UPL

Las UPL con mayor uso de transporte público tales como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes se ubican en los niveles más bajos de satisfacción, mientras que aquellas donde su uso es menor presentan valoraciones más altas. Para estimar la tendencia se excluyeron del cálculo las UPL donde el uso de transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público, dado que estas presentan una lógica de movilidad distinta que podría distorsionar la relación observada.

En conjunto, los resultados muestran que la dependencia del transporte público en Bogotá está asociada a menores niveles de satisfacción, consolidando una brecha territorial en la experiencia de movilidad que padecen principalmente los hogares de menores ingresos.

Reflexiones finales

  1. La segregación no solo se mide, se percibe. Los datos muestran una relación clara entre ingreso y acceso a salud, empleo, educación y cultura. Pero lo más importante es que esa desigualdad también se refleja en cómo los hogares perciben sus oportunidades. En las zonas más vulnerables no solo hay peores condiciones objetivas, también hay una percepción más limitada de acceso.
  2. La segregación es material, pero también es una experiencia subjetiva cotidiana. La experiencia urbana está determinada por el lugar donde se vive. El porcentaje de hogares con ingresos bajos se asocia de forma consistente con peores percepciones en múltiples dimensiones de accesibilidad. Esto implica que la ciudad no ofrece una experiencia homogénea.
  3. El hambre no está focalizada, está extendida en toda la ciudad. Un hallazgo es que no existe una sola UPL sin presencia de hogares que pasan hambre. No es un problema de bolsillos aislados, sino ante un fenómeno distribuido en toda la ciudad. La diferencia entre territorios no es la existencia o no de hambre, sino su intensidad. La inseguridad alimentaria es una condición estructural, no excepcional.
  4. La movilidad evidencia una desigualdad en la experiencia de la ciudad. Los datos muestran un patrón claro: a mayor uso de transporte público, menor satisfacción con el transporte. Y ese mayor uso se concentra en las zonas con más hogares de bajos ingresos.  Esto implica que quienes más dependen del sistema son quienes tienen una peor experiencia.
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